PP
El portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Ignacio Cosidó,iz., junto a la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat. Mariscal / EFE

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha exigido este martes el cese inmediato de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y que el Gobierno pida disculpas públicas al juez Pablo Llarena por los "grandes bandazos" en su defensa tras la demanda contra él en Bélgica. De no producirse ese relevo, el partido pedirá su reprobación en el Congreso y el Senado.

En una rueda de prensa en el Senado con el portavoz del grupo popular en esta Cámara, Ignacio Cosidó, Montserrat ha asegurado que muchos españoles se han "ofendido" al ver el comportamiento del Ejecutivo ante la demanda interpuesta contra él por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

A su juicio es necesario que se cese de manera inmediata a la ministra por "los grandes bandazos que está dando, no solo en la defensa de Llarena, sino del Estado de derecho" y también para defender la jurisdicción española a nivel internacional. Montserrat considera que el propio presidente, Pedro Sánchez, ha "contradicho" a Delgado al decir que esta defensa sí es una cuestión de Estado.

"Lo abandonaron a su suerte"

Para la portavoz del PP está claro que el Gobierno tendría que haber defendido siempre al magistrado ante el pleito en Bélgica y si lo "abandonaron a su suerte" fue porque se pusieron al lado de los demandantes, los independentistas, que son los que, ha insistido, han permitido a Sánchez llegar a la Presidencia. El "cambio de criterio" del Ejecutivo se ha debido, según sus palabras, a la presión social, así como de los jueces y del propio PP.

Montserrat ha exigido a Sánchez que aclare si tras este pacto con los independentistas está el compromiso de no aplicar nunca más el 155 mientras él gobierne, aunque en Cataluña se vulnera la legalidad.

"Pedimos al Gobierno que deje de ser prepotente, cómplices de los independentistas y errático", ha asegurado y ha advertido de que la situación de Cataluña "es muy grave" porque se está deteriorando la convivencia y han aumentado las provocaciones desde que ha llegado el líder socialista a La Moncloa y Quim Torra preside la Generalitat.

Además ha lamentado que la Fiscalía "llega tarde", en referencia al anuncio de que investigará a los Mossos d'Esquadra por identificar a varias personas que retiraron simbología soberanista del espacio público, porque las plazas ya están "llenas de lazos amarillos".

En todo caso, el Ministerio Público empieza ahora a actuar "gracias a la presión que ha hecho el PP", según Montserrat, quien ha recordado que su partido va a presentar en el Congreso todo un paquete de medidas de "refuerzo institucional", como la reforma de la Ley de Símbolos, para que se mantengan neutrales los espacios públicos, entre otras cuestiones.

Por lo que respecta a los lazos amarillos que llevan algunos diputados y senadores, Montserrat ha explicado que es competencia de las Mesas de cada una de las Cámaras "exigir en base al reglamento lo que considere" en cada caso.

"Se pague sus propios abogados"

Al Gobierno las críticas por la defensa de Llarena le llegan también desde Podemos, pero en la dirección contraria. Su secretario de Organización, Pablo Echenique, ha insistido en que "el primer impulso" de no gastar dinero público para defender la demanda privada contra el juez fue el "correcto" y ha añadido que "lo sensato" es que este "se pague sus propios abogados".

En una entrevista en Onda Cero, Echenique ha considerado que el Ejecutivo sólo tiene que "entrar" si se pone en tela de juicio la soberanía del poder judicial español, "y eso no ha pasado".

El dirigentes de la formación morada ha comentado que si fuera "tan evidente" que hubiera que costear el litigo con dinero del Estado, es "extraño" que Llarena haya tardado dos meses en pedir amparo al poder judicial.

Después de que la ministra negara este lunes por la mañana que el Gobierno haya cambiado de postura y que defenderá a Llarena "hasta las últimas consecuencias", Sánchez intentaba zanjar la polémica desde Chile afirmando que su defensa "no es una cuestión privada, sino de Estado", algo que "ha tenido claro desde el primer minuto".