El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una providencia en la que informa a los directores de las prisiones de Soto del Real y de Alcalá de Henares, ambas en Madrid, que no hay impedimento para que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa, todos ellos en prisión preventiva, sean trasladados a centros penitenciarios catalanes.

"No existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación", indica la providencia del juez.

En ella, Llarena recuerda que la competencia sobre la prisión donde deben permanecer los presos es del Ejecutivo.

El magistrado ha contestato de este modo a los escritos de Instituciones Penitenciarias en los que le preguntaban sobre la existencia o no de inconvenientes para poder trasladar a estos presos preventivos, una solicitud que los propios reos habían hecho a la administración penitenciaria por motivos de vinculación familiar.

Falta por saber la respuesta de Llarena sobre los exconsellers en Estremera: Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Raül Romeva.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó poco después de tomar posesión que el traslado de los presos se evaluaría una vez que Llarena concluyera la instrucción, que está próxima a su final, y recalcó que aunque la competencia sobre traslados sea de Instituciones Penitenciarias, no se traslada a presos preventivos sin el visto bueno del juez instructor.

Pero Llarena ya aclaró en un auto, y vuelve a hacer ahora, que la decisión sobre la cárcel en la que permanecen los presos, ya sea preventivos o condenados, es de Prisiones, no del juez.