El Gobierno ya ha iniciado los trámites para hacer efectivo el traslado de los presos soberanistas a Cataluña y prevé que se materialice en unos "días", según ha avanzado el diario 'El País' y han confirmado fuentes del Ministerio del Interior, que aseguran que se ha activado "el protocolo fijado" para su reubicación en prisiones catalanas. La duración del proceso, según estas fuentes, dependerá de cuestiones burocráticas pero en todo caso no se alargará.

El diario 'El País' ha publicado este jueves que Instituciones Penitenciarias ya ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena si tiene previstas nuevas diligencias sobre los líderes independentistas una vez la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo desestimó este miércoles los recursos presentados por las defensas y por VOX y confirmó el procesamiento por rebelión, malversación y desobediencia de los 25 procesados.

La diligencia dirigida a Pablo Llarena es el paso previo para el trámite legal del traslado de los presos, una vez el Gobierno ya ha adoptado la decisión política de hacerlo efectivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ya defendió el pasado 18 de junio en su primera entrevista en el cargo que era "razonable" que cuando se cierre la instrucción Instituciones Penitenciarias haga efectivo este traslado. También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que el pasado martes visitó a Sànchez y Cuixart en Soto del Real y pide la liberación.

Mientras está a la espera del juez Llarena, que previsiblemente responderá que no tiene que hacer más diligencias respecto a la causa, Instituciones Penitenciarias ya ha pedido un informe para acreditar la vinculación familiar de los nueve presos. Posteriormente habrá que hacer pasos burocráticos que según fuentes del Ministerio afectan también la Generalitat, que es quien tiene competencias sobre prisiones en Cataluña.

Las mismas fuentes apuntan que el traslado es cuestión de "días" a pesar de que no especifican una fecha concreta. "Dependerá de lo que se tarde en hacer los trámites", apuntan, a la vez que señalan que el plazo de días puede ser de "dos, o de diez" dependiendo de los procesos burocráticos que habrá que completar.

Hace dos semanas, el juez Llarena ya dictó una providencia donde pedía a las partes que se pronunciaran sobre si querían pedir alguna actuación antes de que cerrara la instrucción. El juez tiene sobre la mesa toda una serie de diligencias solicitadas por las defensas y tendrá que decidir si las acepta o, por lo contrario, las rechaza y cierra la instrucción.

El juez y el Ministerio del Interior se pasaron la pelota durante unos días sobre quiénes tenían la responsabilidad de pedir el traslado. Mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostenía que hacía falta autorización del juez, Llarena aprovechó una interlocutoria para remarcar que la competencia para pedir traslados es de Instituciones Penitenciarias (y, por lo tanto, del Estado). Ahora bien, el reglamento penitenciario recoge que la petición se tiene que notificar al juez, que se puede oponer. Es por eso, pues, que el Estado quiere esperar a que Llarena acabe la instrucción y ya no haya que tener a los presos cerca para practicar diligencias.

Todo ello tiene lugar a dos semanas de la reunión que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene que mantener en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un clima de distensión pero también marcado por los procesos judiciales contra los líderes independentistas y por el papel de la Fiscalía, a la espera de si la nueva fiscal general puede introducir cambios a la hora de calificar los hechos en los escritos de acusación que habrá una vez se abra juicio oral.

La nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, todavía no ha tomado posesión del cargo, a pesar de que no queda claro que su designación implique un cambio de criterio. En la comparecencia en el Congreso del miércoles ya dejó claro que no existen "presos políticos" y aseguró que "nadie es perseguido por sus ideas".