La cifra de solicitantes de asilo duplica su récord en un año, pero las resoluciones positivas se reducen

Solicitantes de asilo durante las clases de español impartidas por el centro de acogida de CEAR en Getafe (Madrid).
Solicitantes de asilo durante las clases de español impartidas por el centro de acogida de CEAR en Getafe (Madrid).
Carmen Álvarez / CEAR
Solicitantes de asilo durante las clases de español impartidas por el centro de acogida de CEAR en Getafe (Madrid).

España cerró 2017 con 31.120 nuevas solicitudes de protección internacional registradas, el mayor número desde que se aprobó la primera Ley de Asilo en 1984 y el doble que las 15.755 del ejercicio anterior. El Gobierno resolvió el año pasado 13.350 peticiones, frente a las 10.250 de 2016, pero si bien entonces el 67%, es decir 6.867, fueron favorables, en esta ocasión el porcentaje ha caído al 35%, o lo que es lo mismo, a 4.672. De ellas, solo 595 lograron la consideración de refugiado, cifra que no obstante es la más alta desde 1994.

Estos datos están recogidos en el decimosexto informe anual que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este lunes y que también pone el acento en que las reclamaciones pendientes de resolución se han duplicado. La Administración tenía acumulados 42.025 expedientes a finales del pasado mes de febrero; un año antes había 20.370.

"La oficina de asilo ha estado infradotada y hay una falta de toma de decisiones respecto a algunas nacionalidades. Cuando no se sabe cómo resolver los expedientes se dejan dormir en un cajón", ha lamentado durante la presentación Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

"La falta de cumplimiento de los plazos establecidos en la ley para la resolución de los expedientes y el retraso de las citas para formalizar la solicitud ha originado el colapso del sistema de asilo en España y dificultades a numerosas personas solicitantes de protección internacional para acceder al Sistema de Acogida e Integración (SAI), a pesar de que este duplicó sus plazas desde las 4.000 de diciembre de 2016 a las más de 8.000 de doce meses después", agrega el documento.

La comisión hace hincapié en que esa incertidumbre sobre su futuro "tiene un impacto durísimo en la salud mental" de lo solicitantes, que se suma a las trágicas experiencias que han vivido y que suelen pasar por torturas, violencia, abusos y violaciones de sus derechos humanos, "tanto en el país de origen como durante el desplazamiento".

La organización ha adelantado que hasta mediados del pasado mes de mayo, las solicitudes alcanzaban las 17.000, con lo que se augura que 2018 vuelva a marcar un nuevo récord en esta materia.

Venezolanos, sirios y colombianos

Por nacionalidades, el mayor número de solicitantes siguen siendo venezolanos. Su número se ha disparado, pasando de 3.960 a 10.350, "a consecuencia del complejo contexto político y socioeconómico de Venezuela". Pese a ello, desde CEAR lamentan que de las 1.545 resoluciones, solo para 15 se determinó el estatuto de refugiado. "El resto obtuvo una resolución denegatoria", señalan.

Siria continúa en segunda posición con un aumento del 42%, hasta las 4.225. "Un año más fueron muy pocas las personas que lograron el estatuto, apenas 20, a pesar de las proporciones de la guerra que ha devastado este país, pero también es cierto que 3.470 obtuvieron la protección subsidiaria", señala la organización, que ve incompresible las 150 respuestas negativas.

Colombia, con 2.460 peticiones, ha desbancado como tercer país a Ucrania, cuyo número se ha visto reducido ligeramente, de 2.570 a 2.265. El repunte de colombianos se explica por "la persistencia de la violencia y la posibilidad de viajar a Europa sin visado desde diciembre de 2015".

Sexto país de la UE

Las 31.120 solicitudes sitúan a España por primera vez en el sexto país de la UE que más peticiones recibió. Queda muy lejos de Alemania (222.560), Italia (128.850) o Francia (98.635), pero acorta distancias con Grecia (58.705) y Reino Unido (33.780) y se coloca por delante de Suecia (26.325).

CEAR se muestra muy crítica con la actitud adoptada por la Unión con las personas refugiadas. Entre los Veintiocho contabilizaron en total 704.625 reclamaciones, casi la mitad que en 2016 (1,26 millones), descenso que se debe "a las políticas de cierre de fronteras".

"Siguiendo la estela del controvertido acuerdo UE-Turquía de marzo de 2016, en febrero de 2015 la Unión Europea suscribió un convenio con Afganistán para promover el retorno voluntario de personas refugiadas, cuyo Plan Operativo permanece protegido por el secretismo", afirma CEAR, y recuerda también el EU Action Plan on Return, anunciado un mes después y que "sugiere a los Estados miembro medidas para acelerar los procedimientos de retorno y mejorar la colaboración con los países de origen con esta misma finalidad".

La consecuencia de esta situación, según recoge el informe, es un crecimiento de la peligrosidad de las rutas migratorias hacia Europa y la conversión de las fronteras europeas "en el escenario de grandes violaciones de los derechos humanos".

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