Han tenido que pasar más de cuatro años para que el Senado vuelva a ser escenario de una nueva Conferencia de Presidentes. Con la cita de este martes, el jefe del Ejecutivo central y los mandatarios autonómicos, así como los de Ceuta y Melilla, recuperan el diálogo multilateral y los grandes acuerdos entre administraciones.

La idea prevista es que en este encuentro, al que no asisten ni el president de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ni el lehendakari, Iñigo Urkullu, se firmen una decena de acuerdos sobre distintos asuntos.

Algunos de los pactos están inicialmente cerrados porque han sido negociados en reuniones previas a lo largo de las últimas semanas y casi todos cuentan con plazos de cumplimiento concretos. La estrategia sobre demografía por ejemplo deberá estar hecha a lo largo del año y la Comisión Nacional de Protección Civil, antes de que acabe marzo.

El asunto más importante es la financiación territorial, diseñar un nuevo sistema que sustituya al vigente desde 2009 y que debió ser reformado en 2014. El borrador de acuerdo preparado señala que en un mes habrá una comisión de expertos para tratar una propuesta, que fuentes de Hacienda creen que podría estar lista antes de verano. No obstante es difícil aventurar plazos a un proceso que casi todas las partes implicadas saben arduo y complejo.

Esta reforma es una demanda de todas las comunidades, que además coinciden en la necesidad de que se garanticen recursos suficientes para la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, con atención especial a la Dependencia. Sobre este último aspecto, muchas regiones se quejan de que pagan más del 50% que les corresponde asumir. El Gobierno admite que se estudie este capítulo, pero también otros que cofinancia el Estado, como las políticas de discapacidad o de vivienda.

Las conclusiones a las que llegue la comisión de expertos serán llevadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su aprobación y después, se tendrán que traducir en un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades, que será enviado al Congreso. La norma requerirá para su aprobación mayoría absoluta, lo que obligará al PP a negociar con otras formaciones.

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, pedirá en este punto que se ponga "un tope máximo y un tope mínimo" en impuestos cedidos a las autonomías, como el de Patrimonio y el de Sucesiones, y que se establezca una financiación de servicios públicos según el coste promedio de prestación. El Ejecutivo andaluz, que afirma estar "infrafinanciado en un promedio de mil millones de euros anuales", reclama que esa reforma del sistema empiece "ya".

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha acudido a la Conferencia con la intención de pedir que la reforma del sistema de financiación autonómica pueda cerrarse el próximo mes de septiembre y que sea retroactiva a 2014, y ha reclamado reestructurar o condonar la deuda correspondiente a la infrafinanciación. También ha defendido la necesidad de un acuerdo en materia de inversiones en infraestructuras, que analice los retrasos existentes que no responden a ninguna lógica técnica, como ocurre con la ejecución del Corredor ferroviario Mediterráneo. Su objetivo es paliar la infrainversión estatal en la Comunidad Valenciana.

El cántabro Miguel Ángel Revilla confía por su parte en un acuerdo para garantizar el coste efectivo de los servicios públicos dentro del sistema de financiación autonómica, porque es "algo elemental" que cualquier ciudadano, viva donde vida, tenga derecho a los mismas prestaciones, "a pesar de que su coste no sea igual en todos los territorios de España". Revilla también defenderá un reparto más justo del objetivo de déficit entre las administraciones central y autonómicas.

En línea similar, desde Madrid, su presidenta, Cristina Cifuentes, aboga por un "nuevo modelo justo", que "no penalice a los madrileños" y que asegure que todas las comunidades cuenten con recursos para prestar los servicios públicos esenciales en condiciones homogéneas. Este Ejecutivo autonómico apuesta por alcanzar un Pacto por la Sanidad que garantice la equidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, para abordar asuntos de financiación, acceso a fármacos de alto coste, renovación tecnológica, cartera de servicios o listas de espera.

El Gobierno se va a comprometer a elaborar este año con las comunidades una estrategia nacional contra el envejecimiento, la despoblación que sufren muchos territorios y los efectos de la población flotante, según el borrador de otro de los acuerdos. De la Conferencia saldrá la promesa de redactar una Estrategia Nacional para hacer frente a una coyuntura delicada.

En ese documento han trabajado sobre todo Castilla y León, Aragón y Galicia, especialmente afectadas por este problema, pero cuenta también con la aportación de Baleares como una de las regiones que sufre la situación contraria: una masificación en momentos puntuales por el turismo.

Desde el Gobierno aragonés se apunta que el envejecimiento, la despoblación y la dispersión deben tener "una especial incidencia" en el sistema de financiación porque el coste de los servicios públicos "se encarece mucho más".

La solución del desequilibrio demográfico, según recoge el borrador, requiere una estrategia nacional con medidas de apoyo a las familias, los jóvenes, integración de la inmigración y desarrollo del mundo rural.

Galicia por ejemplo aspira a dar una "mayor impulso" a los programas de fomento de la natalidad y a "poner el tema de la demografía en el foco nacional".

Otro de los asuntos relevantes para varias comunidades, por ejemplo para Castilla-La Mancha, es el que hace referencia a cómo recuperar la reposición de los funcionarios que se jubilan y cuyos huecos no se han podido cubrir en los años de crisis económica, salvo en servicios básicos.

En el borrador preparado se asegura que se quiere reforzar las plantillas públicas y que se analizarán las necesidades de cada comunidad, sin más precisiones. El objetivo es "el fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada Administración".

Este acuerdo recoge también la garantía de que se trabajará "leal y conjuntamente" con el fin de potenciar la movilidad geográfica y funcional de los funcionarios entre administraciones.

La Conferencia aprobará también un acuerdo para que las regiones participen en el debate educativo, aportando propuestas en la Comisión General de Comunidades del Senado, que celebrará un debate monográfico sobre esta cuestión.

A petición de las autonomías se ha incluido otro acuerdo sobre empleo, que incluye cuestiones como un compromiso de modernización de los servicios públicos, y el fomento de la FP y de las políticas para los jóvenes.

Cifuentes por ejemplo pondrá sobre la mesa la necesidad de alcanzar un gran pacto nacional que reúna el consenso de todos los agentes educativos y de la sociedad en su conjunto.

En este sentido, Aragón ha sido una de las comunidades que ha recordado su rechazo a la Lomce y la necesidad de ese pacto.

Los asistentes a la reunión acordarán por otro lado la creación de una tarjeta social que recoja las ayudas que cada ciudadano recibe de todas las administraciones y que sea llave para acceder al Registro de Prestaciones Sociales Públicas. En el plazo de tres meses se creará un grupo de trabajo.

También se ha pactado un acuerdo sobre el bono eléctrico.

Entre los pactos alcanzados se encuentra igualmente el compromiso de que las autonomías participen en los asuntos de la Unión Europea y en la toma de decisiones comunitarias, muchas de las cuales les afectan.

Andalucía planteará que "España lidere en Bruselas una respuesta decente ante la crisis humanitaria de los refugiados con sensibilidad, empatía y cooperación, frente a la crueldad de los últimos tiempos".

Los presidentes acordarán igualmente la creación de una Comisión de Protección Civil en la que todas las administraciones se coordinen y aporten medios para afrontar emergencias.

La cita también servirá para determinar el propio funcionamiento del cónclave, que deberá organizarse una vez al año.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el de Asturias, Javier Fernández, comparten el criterio de que un órgano de este tipo debería incluirse en la Constitución.

La modificación del reglamento de la Conferencia contempla que haya una comisión de seguimiento que vele por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.