El 2016 ha sido inédito para España: el año de las primeras veces. La primera vez que un Gobierno estaba tanto tiempo en funciones, la primera vez que un candidato tenía que pasar dos veces (y casi tres) consecutivas  por las urnas para llegar al poder, la primera vez que unos comicios iban a ser convocados el día de Navidad (y la primera vez que los partidos tuvieron que ponerse de acuerdo para solucionar tal despropósito)... Todo ello acompañado por casos que han sorprendido y conmovido a la opinión pública, como la muerte de Rita Barberá o la desaparición de Diana Quer.

España puso fin el 29 de octubre a la etapa más larga vivida con un presidente del Gobierno en funciones y abrió una legislatura que lleva de la mano la incógnita de si el diálogo que todos pregonan fructifica y permite que tenga recorrido, o si los españoles tendrán que volver antes de tiempo a las urnas.

Fueron 314 los días transcurridos desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y esa jornada de octubre en la que Mariano Rajoy logró la confianza mayoritaria del Congreso al sumar al voto afirmativo de los diputados del PP, el de Ciudadanos y Coalición Canaria y la abstención de la gran parte de representantes socialistas.

Felipe VI se estrenó en estas lides poselectorales con cinco rondas con los representantes de los partidos en menos de un año, y en ese tiempo se sentaron en los escaños del Congreso y el Senado parlamentarios de tres legislaturas distintas. Solo se evitó una cuarta casi al límite, con la salida de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y la creación de una gestora con Javier Fernández al frente que aparcó el "no es no" argumentando el interés general.

Una decisión que abrió una de las mayores crisis del partido en toda su historia con sectores polarizados en torno a Sánchez y a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y cuyo desenlace está aún por escribirse a la espera de la convocatoria del congreso federal socialista. En esa tesitura no eran halagüeñas las encuestas para el PSOE en caso de haber tenido que ir a unas terceras elecciones, y, de hecho, esos sondeos sólo situaban al alza al PP tras haber sido también el partido que más incremento de votos tuvo en los comicios del 26 de junio.

Unas elecciones en las que el PSOE y Ciudadanos redujeron su representación respecto a las celebradas seis meses antes, mientras que Podemos y sus confluencias no obtuvieron los resultados esperados (cuando menos el sorpasso a los socialistas) tras concurrir de forma conjunta con Izquierda Unida.

De todos modos, lo que el último año ha certificado es la gran herida sufrida por el bipartidismo y que dos fuerzas como las lideradas por Pablo Iglesias y Albert Rivera parecen haber llegado para quedarse y aspirar a ser protagonistas de la legislatura.

Una de las muertes con más repercusión en 2016 fue la de la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. No solo por ser una de las figuras más conocidas, para bien y para mal, de la política española, sino por las circunstancias que rodearon sus últimos meses de vida: el curso comenzó en septiembre con la apertura de una causa en el Supremo y terminó en noviembre con su muerte en un hotel madrileño.

El 13 de septiembre, el Tribunal Supremo informó que había abierto una causa en contra de la exalcaldesa por un presunto delito de blanqueo de capitales. Se investigaban las donaciones de mil euros hechas por varios concejales, asesores y empleados del grupo municipal del PP en Valencia, dinero que presuntamente les fue restituido posteriormente.

Al día siguiente comenzó la polémica. Barberá se negó a dejar el escaño y solo cedióen la parte de darse de baja del partido. Barberá pasó así al Grupo Mixto, con todos los partidos exigiendo que renunciara al Senado.

La presión aumento al mes siguiente, cuando el alto tribunal la citó a declarar en calidad de investigada (imputada). Finalmente compareció el 21 de noviembre y aceptó que había entregado mil euros, pero negó que se los hubieran devuelto. Dos días después, una ambulancia fue llamada al hotel en el que se alojaba; el SUMMA trató durante media hora de sacarla de la parada cardiorrespiratoria en la que la encontraron, pero al final solo pudieron certificar su muerte.

Ello desató nuevamente la polémica. El Congreso observó un minuto de silencio en su honor, algo inédito en la cámara y a lo que se negaron los diputados de Podemos. Los mensajes de pésame se multiplicaron y el PP denunció que el fallecimiento se había debido al acoso que sufrió por parte de, según Rafael Hernando, la oposición y ciertos sectores de la prensa: "La apartamos para protegerla, pero las hienas siguieron mordiéndola", dijo.

Una infanta en el banquillo de Nóos, un exministro en el de las tarjetas black y un extesorero del PP en Gürtel. En 2016 se han celebrado los juicios de corrupción más sonados de los últimos años, aunque también han copado portadas otros como el Madrid Arena o el del pederasta de Ciudad Lineal.

El juicio que ha marcado 2016 es, sin duda, el que juzgó por primera vez a una miembro de la Casa Real. Un tribunal de Palma de Mallorca sentó en el banquillo a Cristina de Borbón acusada de cooperar con los delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, unos hechos por los que se enfrenta una petición de cárcel a 8 años por parte de Manos Limpias.

El juicio de Nóos, sobre el dinero público que supuestamente se quedó Urdangarin, comenzó el 11 de enero, pero hasta el 3 de marzo no declaró ella. En un interrogatorio de 66 minutos, la infanta se amparó en la "confianza" que tiene en su marido y dijo que cree plenamente en la inocencia de Urdangarin, para quien la Fiscalía pide 19 años y medio de prisión.

Ha sido el juicio del año, pero la sentencia se está haciendo esperar. La previsión es que se hiciera pública en las fechas navideñas, aunque puede que se posponga después de que la jueza que debe redactarla haya pedido una prórroga hasta marzo del plazo para hacerlo.

En octubre empezó el esperado primer macrojuicio por el caso Gürtel con sus principales protagonistas en el banquillo -Luis Bárcenas, Francisco Correa o Luis Sepúlveda-, tras casi siete años de instrucción y una convulsa composición del tribunal de la Audiencia Nacional llamado a juzgar este caso.

Entre los 37 acusados, el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, que tras negarse a declarar desde su detención en febrero de 2009 y pasar casi cuatro años en prisión preventiva, empezó estrenando abogado y con la sospecha de haber llegado a un pacto con la Fiscalía tras abonar los 2,2 millones de fianza civil que le reclamaba.

En su declaración, la más significativa de las escuchadas hasta ahora, Correa se responsabilizó de todas las actuaciones en sus empresas, por las que están también respondiendo sus subordinados, y reconoció haber dado dinero y regalos a cambio de adjudicaciones a los exmiembros del PP que se sientan en el banquillo.

A Bárcenas, dijo, le entregaba entre el 2 y el 3 % por conseguir obras en ministerios. De esta afirmación tendrá ahora que defenderse el extesorero del PP, cuya declaración en el juicio no se prevé hasta después de las fiestas navideñas.

En la misma sede y en las mismas fechas se ha juzgado a los 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid, juicio que está próximo a su fin pero que se ha prorrogado lo prolijo y detallado de las comparecencias de acusados, testigos, peritos, acusaciones y defensas.

Entre las más controvertidas, las de los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, que defendieron que el sistema era legítimo y transparente y negaron la validez de la principal prueba de cargo, las tablas de excel con el detalle de los gastos efectuados.

El Govern de Junts pel Sí (JxSí) -con Carles Puigdemont al frente, en lugar de Artur Mas- y la CUP han protagonizado un año repleto de desencuentros y reproches cruzados, en el que han redefinido su hoja de ruta para situar como nueva meta un referéndum en 2017, en pleno pulso con los tribunales españoles.

Tras tres meses de agrias negociaciones poselectorales, 2016 arrancó con un acuerdo in extremis entre JxSí y la CUP, que evitó la repetición de elecciones pero con el que los anticapitalistas se cobraron la pieza que exigían para facilitar un nuevo gobierno: que Artur Mas se apartara de la presidencia de la Generalitat.

El 10 de enero, el último día posible antes de que fuesen convocadas nuevas elecciones automáticamente, Puigdemont fue investido president con los votos de la CUP y nació así el primer gobierno de coalición entre CDC y ERC, con Oriol Junqueras como vicepresidente y número dos del ejecutivo.

El 20 de abril Puigdemont celebró en la Moncloa su primera y hasta hoy única reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien le trasladó un documento de 46 reivindicaciones catalanas, que doblaba las 23 que le planteó Mas en 2014.

Pero las relaciones entre el Estado y la Generalitat siguieron tan frías como en la etapa de Mas, cuyo proceso judicial por promover la consulta soberanista del 9N de 2014 ha seguido su curso.

Paralelamente, en noviembre, el Congreso concedió el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder actuar contra el portavoz del PDeCAT, Francesc Homs, por la consulta del 9N.

No es el único frente abierto de los independentistas con la justicia española: también la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, chocó con los tribunales al permitir el 27 de julio que el pleno debatiera y votara, pese a las advertencias del Tribunal Constitucional (TC), unas conclusiones de una comisión de estudio que abrían la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.

El Ejecutivo de Rajoy ya ha avanzado su rechazo a hablar de referéndum, aunque, desde el nombramiento en noviembre de Enric Millo como nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, ha tendido la mano a la Generalitat para abrir una etapa de "diálogo".

Sin acabar el año y tras cuatro meses de la desaparición de Diana Quer, el caso sigue protagonizando la crónica negra de un año en el que otro suceso, el cuádruple crimen de Pioz, conmocionó a la sociedad y engrosó la lista de homicidios de este 2016 que podría cerrarse con más muertes violentas que 2015.

Más incógnitas y apenas pistas -solo se ha encontrado hasta ahora su móvil- para aclarar qué pudo pasarle a Diana Quer, la joven de 18 años que no regresó a su casa de veraneo en la madrugada del 22 de agosto en A Pobra de Caramiñal (A Coruña).

Cuatro meses después, su desaparición sigue ocupando horas de televisión, en un cóctel que se ha ido cocinando con el paso de los días con reproches en directo de unos padres divorciados o las filtraciones de intimidades de la propia Diana.

Junto a Diana Quer, el otro nombre destacado de la crónica negra de 2016 es el de Patrick Nogueira Gouveia, el joven brasileño de 20 años autor confeso del hecho más luctuoso del año: el cuádruple asesinato de sus tíos y de los hijos de éstos, de cuatro y un año, en una vivienda de Pioz (Guadalajara).

Aunque tuvo sus primeras apariciones en los medios en 2008, el caso de la pequeña Nadia se da a conocer de manera masiva en 2012 a través de un vídeo que pretende remover los corazones solidarios para ayudar a sufragar el gasto de una operación en Houston. Tenía 7 años en aquel entonces. El reto consiste en reunir los 47.000 euros que vale la supuesta intervención quirúrgica y tratamiento médico de la pequeña. "Si no la operamos, dejará de andar, dejará de comer...", decía su padre. En aquel emotivo videoclip intervienen desinteresadamente artistas como Pau Donés, Alejo Stivel, Coque Malla, El sueño de Morfeo, Maldita Nerea, Mala Rodríguez o Russian Red. Todos entonaban, en playback, una versión de la canción All you need is love, de los Beatles.

El medio digital 'Hipertextual' publicó el 30 de noviembre un extenso reportaje en el que se pone en entredicho la versión de los padres sobre la supuesta cura de Nadia. La web comenzó la investigación a raíz de un artículo del blog malaprensa.com. El trabajo periodístico concluye que los progenitores de la menor habían construido un relato ficticio para recaudar dinero. Dos días después, El periódico El País da a conocer otra investigación que desmonta el relato de los padres de Nadia.

La investigación arranca en esos primeros días de diciembre y es el 9 del mismo mes cuando el juez interroga a los padres y los Mossos dan a conocer que el matrimonio habría recaudado en la supuesta estafa unos 918.000 euros de los que se habían gastado unos 600.000, ninguno en las intervenciones médicas para las que iba a ser destinado. De los movimientos bancarios se desprende que la asociación creada para recaudar fondos para la menor pagaba el alquiler de la casa, 9.800 euros anuales,y también que la familia había hecho un pago a una empresa de automoción por valor de 24.500 euros.

Tras el interrogatorio, y como solicitaba la fiscalía, el juez envía a prisión sin fianza al padre y deja en libertad con cargos a la madre, si bien le ha quitado la custodia de la menor, de once años de edad.

Solo seis meses separaron al PSOE de volver a la Moncloa de la mano de Pedro Sánchez a verse inmerso en una de las peores crisis de sus 137 años de historia, sin secretario general, en manos de una gestora y con un cisma que no tiene visos de cerrarse a medio plazo.

El PSOE convirtió un prometedor 2016 en su annus horribilis, que tuvo su momento culmen el pasado 1 de octubre, cuando el partido estalló en el Comité Federal más convulso que se recuerda.

Fue a los pocos días de que 17 miembros de la Ejecutiva dimitieran como punta de lanza de una ofensiva liderada por la andaluza Susana Díaz y otros barones críticos empeñados en impedir las nuevas elecciones a las que abocaba el "no es no" de Sánchez a la investidura de Mariano Rajoy.

Después de meses de tiranteces y guerra soterrada, Sánchez no tuvo más remedio que tirar la toalla, al fracasar su órdago de imponer su estrategia y celebrar de inmediato el congreso para renovar la dirección. Una gestora encabezada por el presidente asturiano, Javier Fernández, tomó las riendas del partido de forma interina, poniendo fin a dos años de mandato sanchista.

A pesar de que en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 el PSOE tocó fondo al lograr solo 90 diputados, cerca estuvo Sánchez de poner fin a los cuatro años de mayoría absoluta del PP. El entonces líder socialista dio un paso al frente después de que Mariano Rajoy declinara postularse como candidato ante el Rey.

Sánchez apostó por amarrar el apoyo de Ciudadanos, con un pacto solemne con Albert Rivera, para luego presionar a Podemos a que, al menos, se abstuviera.

Pero ante la negativa de Sánchez a formar un gobierno de coalición, los de Pablo Iglesias no cedieron y optaron por las segundas elecciones para tratar de consumar el sorpaso al PSOE.

En la segunda vuelta del 26 de junio, el PSOE vio acrecentada su caída electoral y con ella, el enfado de los barones críticos, que se conjuraron para impedir que Sánchez volviera a intentar la investidura y forzarle a que los socialistas pasaran a la oposición con sus 85 diputados.

Ante la presión interna, Sánchez finalmente tuvo que dimitir y ceder el control del partido a una gestora.