Los problemas relacionados con el Urbanismo, la vivienda, las políticas sociales y los servicios públicos empeoran en Madrid. Esta es, al menos, la percepción de los madrileños, que en 2014 elevaron un 21% más de quejas solicitando el amparo de la Defensora del Pueblo.

Soledad Becerril, responsable de la institución, recibió el año pasado 7.227 reclamaciones por conflictos de los ciudadanos con la Administración Pública, de acuerdo al último informe oficial. Este número supera en 1.285 los 5.942 expedientes (sin contar la reclamaciones al Tribunal Constitucional) del ejercicio anterior, cuando las quejas se centraron en los recortes, la pobreza y el caos judicial.

La Defensora carece de poder ejecutivo, lo que provoca que quejas como el desamparo de los ciudadanos que viven en el poblado chabolista de El Gallinero, el colapso de los registros civiles o los problemas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche vuelvan a aparecer en la lista.

Sus recomendaciones sirven de aviso a los responsables públicos. Sin embargo, no todas las administraciones hacen caso al fiscalizador, ya que la Defensora denuncia que ayuntamientos como los de Móstoles, Alcorcón, Tres Cantos, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón o Ciempozuelos —y así, hasta 16 en Madrid— y el Gobierno autonómico han dificultado, cuando no obstruido, su labor en alguna ocasión.

Urbanismo (1.331 expedientes) > La Defensora subraya las dilaciones en la rehabilitación del Paseo de la Dirección, que lleva prevista desde los años 80, o el desarrollo del PAU de Arroyofresno, pendiente desde el año 2000. La suma de afectados directos entre ambos proyectos supera los 11.000. También existen denuncias por la 'operación Mahou-Calderón', que incluye la construcción de dos rascacielos de lujo en los terrenos del estadio del Atlético de Madrid, o por las dilaciones en la legalización de viviendas construidas sobre terreno rústico en la Comunidad de Madrid.

Política social (926) > El informe recoge la tardanza de los Servicios sociales de la Comunidad de Madrid en la valoración de los enfermos en situación de dependencia y en la entrega de las ayudas. A estos se añaden los retrasos en los trámites de emisión y renovación de los títulos de familia numerosa. La Comunidad de Madrid, admite que está desbordada, ya que tramita unas 25.000 solicitudes anuales. La Renta Mínima de Inserción o RMI, que es el salario que reciben las personas más necesitas de la región, ha acumulado 800 quejas por esperas de hasta un año.

Función y empleo públicos (598) > En 2014, la Consejería de Sanidad no había convocado los procesos selectivos para Técnicos Superiores Sanitarios derivados de ofertas de empleo público publicadas en los años 2005, 2007 y 2009. La Defensora critica la "irregularidad" que supone paralizar la contratación pública durante casi un lustro. El Ejecutivo se ampara en la imposibilidad de superar la tasa de reposición fijada por el Estado (1 trabajador por cada 10 que salieran del sistema o se jubilasen) y en los procesos de externalización que ha acometido en la sanidad pública.

Educación (594) > Crecen las protestas por el incremento de precios. Las tarifas de las escuelas infantiles llevan congeladas desde 2013, pero experimentaron subidas de hasta el 180% en 2012. El tasazo universitario alcanzó el 20%. La Formación Profesional de Grado Superior (FP) se encareció un 120%. Los padres de alumnos con problemas motóricos advierten de las dificultades para el uso de las rutas escolares, al haber mucha distancia entre sus domicilios y el lugar en el que deben tomar el autobús escolar.

Justicia (325) > El reproche se centra en el mal funcionamiento de los juzgados de familia, debido al retraso en la elaboración de informes. 20minutos reveló el colapso de los ocho tribunales mixtos que dan servicio a los partidos judiciales de Valdemoro, Navalcarnero, Aranjuez, Torrelaguna, Colmenar Viejo, San Lorenzo de El Escorial, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. La Defensora reseña la lentitud burocrática en la tutela de adultos y las deficiencias en la gestión de su patrimonio, así como los retrasos endémicos en los registros civiles de Madrid, especialmente, en las nacionalizaciones.

Vivienda (264) > Los ciudadanos lamentan la supresión de las ayudas públicas al alquiler y hacen hincapié en la eliminación de las subvenciones para la renovación de edificios. La Comunidad adeuda importes de hasta 50.000 euros a miles de propietarios. El defensor ha recibido 1.154 quejas relativas a retrasos en el otorgamiento de las partidas para instalación de ascensores y en la resolución de las solicitudes de calificación provisional de actuación protegida. En el apartado más social persisten las denuncias por los derribos de viviendas en el poblado de El Gallinero y las presentadas por los vecinos de las Cavas y Costanillas de Madrid capital con motivo del ruido.

Seguridad (246) > El Ayuntamiento de Madrid ha incumplido el compromiso de dotar a los agentes que ponen multas por botellón de detectores para comprobar el contenido de los vasos y botellas, por lo que recibe un nuevo reproche. La Defensora recuerda la necesidad de que todos los agentes de la ley lleven visible su número de identificación, obligación que los policías no siempre respetan.

Sanidad (201) > Las demoras para operarse o ser atendido por el especialista médico y la saturación de los servicios de Urgencias se mantienen en el punto de mira del Defensor, con referencias a los hospitales de La Paz o el 12 de Octubre. Soledad Becerril también inició pesquisas por los errores en la gestión de los pacientes o sospechosos de padecer en ébola y por el hacinamiento de cuerpos humanos destinados a la investigación en la Universidad Complutense.

Medio Ambiente (199) > El Defensor califica de "insuficiente" la evaluación ambiental que las Administraciones hacen de las actividades potencialmente agresoras de los espacios naturales. Entre ellas cita la nueva depuradora de Pelayos de la Presa, que finalmente ha cambiado de ubicación para no situarse a 200 metros de las viviendas, como estaba previsto, y la futura planta de Valdemoro. Además, ha reanudado las actuaciones por el vertedero de Valdemingómez: "Según las quejas, la contaminación ha vuelto a alcanzar niveles intolerables". La Consejería de Medio Ambiente se ha comprometido a publicar en el boletín oficial de la comunidad autónoma el contenido completo de las declaraciones de impacto.