Comprar una parcela, levantar una casa y esperar a que, como contempla la ley, la infracción prescriba a los 4 años. Eso es todo lo que tiene que hacer un particular en Madrid para tener un chalé con piscina en medio del campo. Ni permisos, ni pago de impuestos, ni engorrosos trámites administrativos. El descontrol y la falta de vigilancia es tal que, según el Cuerpo de Agentes Forestales, "muy mal se tiene que dar" para que el delito no se archive antes de que se levante acta y el caso llegue a un juzgado.

Las edificaciones fuera de planeamiento urbanístico en la Comunidad se cuentan por miles, según los datos recogidos por los forestales, Ecologistas en Acción e investigadores ambientales.

Muchas de ellas corresponden a urbanizaciones hechas ilegalmente en suelo rústico, forestal o protegido que se desarrollaron durante los años 80, hasta 137 núcleos según el catálogo de la época. Otras son fruto del boom de la construcción vivido entre 1996 y 2008. La mayoría nunca fueron legalizadas y hoy, a pesar del estallido de la burbuja del ladrillo, el negocio continúa a menor escala.

La vega del río Tajuña, con unas 700 construcciones y no menos de 300 piscinas, es una de las zonas más afectadas. Acumula más de 150 denuncias de los agentes forestales, pero de nada sirve que los suelos sean rústicos o que muchas de ellas se encuentren en las zonas protegidas.

Chinchón se sitúa a la cabeza. En su término municipal se sitúan enclaves como Valbosque y Valromeroso, con decenas de casas que siguen ampliándose; o Las Cubillas, donde un grupo de feriantes ha creado su particular barrio. La alcaldesa, Luisa Fernández (PP), asegura que la "falta de medios" le impide controlar su término municipal. Lo mismo ocurre en el vecino Morata de Tajuña, apunta la organización Arba Bajo Jarama.

San Martín de la Vega alberga la urbanización Pingarrón, situada en zona inundable. Según su alcaldesa, Carmen Guijorro (PP), el núcleo está en proceso de legalización a pesar de que en una de sus calles aún se mantiene un cartel en el que la Consejería de Medio Ambiente advierte que cualquier construcción en terreno rústico será demolida. Este ayuntamiento permite la existencia de un complejo con dos viviendas, huerto, piscina y un aparcamiento para maquinaria de obra que ha levantado irregularmente una conocida familia del pueblo en pleno Parque del Sureste.

En El Molar, la vía pecuaria que enlaza las casas del Camino Viejo de Madrid a Burgos ha sido asfaltada con el consentimiento del Ayuntamiento. Otras 200 casas se desperdigan aquí repartidas, en ocasiones, en terrenos arcillosos de poca estabilidad. "Es un peligro. Y también pasa en Valdetorres, Talamanca, Pedrezuela...", denuncian los geógrafos Daniel Devesa y Antonio Romero, autores de la web pensandoelterritorio.com.

La Cañada Real de Madrid, con 2.500 viviendas entre Madrid, Coslada y Rivas, también es un ejemplo de urbanismo descontrolado.

Ecologistas en Acción acusa a la Comunidad de Madrid de desentenderse de la problemática (en incluso de fomentarla con la nueva ley que permite contruir en suelo rural) y a los ayuntamientos, que tienen las competencias en materia disciplinaria, de obviarlo la mayor parte de las veces. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente aseguró a 20minutos que cada denuncia que llega se tramita, aunque responsabilizó a los ayuntamientos de hacer cumplir la normativa.

Según la ley autonómica del suelo, tanto las infracciones como las sanciones prescriben a los 4 años de cometerse. Las multas van de 600 a 3.000.000 de euros, pero estas raramente se ejecutan y no disuaden a los infractores. Medio Ambiente garantiza que tramita todas las denuncias que le llegan, pero la maraña normativa, la tardanza judicial y la propia ley del suelo benefician a los incumplidores.

Para eludir la norma que impide subdividir parcelas, los terratenientes venden pequeñas porciones de suelo rústico de una misma unidad a varios propietarios mancomunados por un precio de entre 6 y 20 euros el metro cuadrado, mucho más barato que el suelo urbanizable.

Una vez hecho, los compradores instalan casas prefabricadas o se construyen la suya propia. Incluso hay empresas que se ofrecen a hacer chalés por unos 50.000 euros. Una vivienda móvil o un bungalow va desde los 3.000 euros de las más modestas a los 65.000 o más, dependiendo del número de habitaciones y los extras.

Dado que se construyen sin permiso, la mayoría de las viviendas cuentan con paneles solares o generadores de gasoil para conseguir electricidad. El agua se saca de pozos. Las confederaciones hidrográficas permiten hacerlos, aunque la mayoría de los consumidores ni siquiera lo comunican. Los desechos se tiran a fosas sépticas o pozos negros que ninguna autoridad supervisa.

Si no hay denuncia ni procedimiento administrativo o judicial iniciado, la infracción no tiene consecuencias. Como los ayuntamientos no incluyen estos núcleos en el planeamiento, quedan en situación alegal, en un limbo. Muchas corporaciones ni siquiera las tiran para evitarse la demolición, que puede rondar los 60.000 euros en caso de que el propietario se niegue a hacerlo. Cobrárselo después es "una odisea", admite la alcaldesa de Chinchón.