Miles de familias madrileñas con un dependiente a su cargo llevan meses, o incluso años, esperando a recibir una ayuda que alivie su situación. Sin embargo, a día de hoy todavía no saben cuándo se les concederá. Concretamente, en la región madrileña hay 94.343 dependientes que tienen reconocido el derecho a disfrutar de una prestación, pero de ellos solo la reciben actualmente 88.070. Por tanto, hay 6.273 personas en lista de espera, según el último informe del Ministerio de Sanidad (con datos actualizados a 31 de julio). Entre ellos hay personas con discapacidades físicas, con dificultades de movilidad o con enfermedades psíquicas.

La Ley de Dependencia contempla la entrega de ayudas a las personas que no pueden valerse por sí mismas y necesitan que algún familiar o profesional se ocupe de ellas. Las prestaciones que se conceden pueden ser de tipo económico (dinero para costear los gastos de la enfermedad o el ingreso del dependiente en una residencia) o asistenciales, como plazas en centros de día o servicio de ayuda a domicilio, en función del grado de discapacidad del afectado.

Pero en muchos casos esas ayudas se retrasan durante meses. "Las esperas pueden llegar a los dos años y medio. A las personas que tienen un menor nivel de dependencia las van poniendo a la cola en la lista de espera porque no tienen dinero para atender a todos y consideran que ellos no necesitan la ayuda con tanta urgencia", lamenta Alicia Resino, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alcorcón. "Pero ese retraso es un peligro, ya que al no atenderlos a tiempo su dependencia leve o moderada se puede transformar rápidamente en una dependencia grave. Si no tienen una rehabilitación o revisiones a tiempo se les agravará la enfermedad", advierte Resino.

La gestión de las ayudas es competencia de las administraciones autonómicas, desde la valoración del grado de dependencia de los solicitantes hasta la concesión final de las prestaciones. La Consejería de Asuntos Sociales de Madrid reconoce que "es imposible eliminar del todo la lista de espera, porque hay unos trámites burocráticos que seguir, sobre todo cuando la ayuda que se va a prestar es asistencial", según el director de Coordinación de la Dependencia, Luis Martínez Hervás. Pese a ello, "se intenta que esa espera sea mínima y el plazo medio de entrega de las prestaciones está en unos dos meses. Además, durante ese tiempo la gente no está desamparada, sino que se les prestan servicios sustitutorios mientras esperan", añade Martínez Hervás.

La Comunidad también alega que "las personas en lista de espera va a la baja en los últimos años": en julio de 2013 había 20.726 madrileños pendientes de la ayuda, mientras que ahora son 6.273. Aunque los expertos consideran que ese argumento es engañoso y esconde otra realidad: "Considerando la alta tasa de morbilidad de las personas dependientes, es obvio que miles de personas causan baja por fallecimiento antes de recibir servicios o prestaciones, reduciendo así la lista de espera", apunta el informe de 2014 del Observatorio de la Dependencia.

Para los especialistas del sector asistencial, la responsabilidad es de la Comunidad de Madrid, pero también señalan al Ministerio de Sanidad, que tiene la misión de coordinar la aplicación de la ley en las diferentes comunidades y aporta parte del dinero para sufragar las prestaciones económicas o de servicios. "Las medidas de recorte impiden el acceso a nuevos usuarios y desatienden a quienes están a la espera. La financiación ha tocado techo y es absolutamente insuficiente; si no se inyecta financiación estatal se imposibilita cualquier mejora", concluye el Observatorio.

"El Estado va demoliendo la ley de forma encubierta con medidas que restringen el acceso de las personas al derecho. Pero por otra parte, las competencias están transferidas a las comunidades, por lo que son ellas las responsables últimas de que no esté funcionando", denuncia Resino.

Debido a todas las trabas con que se encuentran, muchas familias desisten de solicitar las ayudas. "Hay una situación de estancamiento. La demanda está desmotivada, porque la gente ve que la ley de dependencia es un fiasco, que las ayudas tardan en llegar y que los criterios de valoración son muy restrictivos. Por eso se está viendo que no entran nuevas personas al sistema", explica Ana González, secretaria de Política Social en CC OO y portavoz del Observatorio Social de la Dependencia.

Pablo Santiago: "Nos han respondido tres años después de la muerte de mi madre"

La madre de Pablo, una mujer con una falta total de autonomía personal (gran dependiente en grado III), nunca llegó a recibir la ayuda que le correspondía. "Después de años de lucha con la administración para que nos dieran la prestación que necesitábamos para el cuidado de mi madre, ella falleció sin llegar a recibirla. Ahora, tres años después de su muerte, nos ha llegado la resolución en la que nos deniegan la ayuda que solicitábamos", denuncia Pablo, que ejerce de portavoz de su familia. La mujer sufrió un tumor cerebral que la dejó incapacitada en cama y silla de ruedas. "Cuando salió la ley de dependencia fue una esperanza para nosotros, pero al final se convirtió en un infierno", recuerda Pablo.

En 2008 solicitaron el reconocimiento de su dependencia y un año después los servicios sociales regionales la valoraron con el mayor grado posible dentro de la ley. "Pero la ayuda que nos ofrecían no se ajustaba a las necesidades reales de mi madre. Nos imponían un servicio de ayuda a domicilio de 70 horas mensuales, pero lo que ella necesitaba era una atención continuada en el ámbito familiar. Estábamos pagando a una chica interna que vivía con ella y se encargaba de su cuidado las 24 horas del día, así que realmente necesitábamos una prestación económica para aliviar ese gasto. Impugnamos la resolución de la Comunidad, pero en 2011 mi madre falleció antes de que llegara una respuesta", lamenta Pablo.

A principios de septiembre les llegó una carta con la resolución: "Ahora que ya nos habíamos olvidado llega esta carta y te remueve todo. La dependencia es una burla, da la impresión de que demoran todo el proceso para que te canses de reclamar y si al final las personas se mueren, eso que se ahorran", denuncia. "Estamos hablando de gente dependiente, personas mayores con enfermedades graves. Ellos saben que estas personas no duran mucho tiempo y puede ser cruel, pero da la impresión de que juegan con el agotamiento de las familias. Aunque en nuestro caso vamos a seguir pleiteando hasta que nos den lo que mi madre necesitaba: no es cuestión de dinero, ya lo hacemos para que se haga justicia y que otras familias no pasen por lo mismo que hemos pasado nosotros".