"El centro es un escaparate. El Ayuntamiento se preocupa de que esté arreglado, pero cuando vas a la periferia te encuentras los barrios abandonados, las infraviviendas y las chabolas". Para Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la ciudad "cohesionada" que la alcaldesa Ana Botella (PP) vende no existe.

Según el recuento de la FRAVM, más de 80.000 vecinos de una decena de barrios padecen un abandono administrativo que les condena a padecer malas condiciones de habitabilidad en sus viviendas, entornos degradados y a convivir con la marginalidad.

En unos casos, los planes urbanísticos municipales para rehabilitar sus barrios se quedaron a medias, como ocurre en el Paseo de la Dirección o el antiguo Poblado Dirigido de Canillas. En el Barrio del Aeropuerto o la colonia Los Olivos apenas se ha pasado del papeleo inicial.

A estos hay que unirles los núcleos que esperan que la administración regional responda a las promesas que les hizo en los tiempos de bonanza económica, como es el caso de la Colonia Experimental de Villaverde, la UVA de Hortaleza o la Cañada Real. "Además, la Comunidad adeuda las ayudas a la rehabilitación o la instalación de ascensores a miles de personas en Meseta de Orcasitas (Usera), San Agustín (Vallecas), San Ignacio de Loyola y Batán (Latina) o la Ciudad de los Ángeles (Villaverde)", añade Pérez.

Aunque la mayoría de los casos se corresponden con alguna de las 145 "áreas vulnerables" a la exclusión social y económica identificados por el propio Ayuntamiento, la respuesta a las demandas es casi siempre la misma: en este momento, no hay dinero. Ahora bien, 48 millones del remanente de tesorería obtenido este año fueron a parar a obras en bibliotecas, centros municipales, calles o parques degradados.

"Ahora vienen las elecciones y oiremos promesas, por eso soy optimista en que las cosas van a salir adelante. Lo peor es que nos han mentido, ya no pueden hacernos más daño", se resigna Luis Romero, arquitecto y presidente de la asociación de propietarios del Paseo de la Dirección.

Paseo de la Dirección (Tetuán) > 800 afectados directos y 10.000 vecinos en el entorno. Es un recorrido de dos kilómetros que bordea el Parque Rodríguez Sahagún. Su rehabilitación lleva prevista desde antes de los años 80. Gallardón adjudicó a la constructora Dragados (que cobraría mediante aprovechamientos urbanísticos) un plan para expropiar a familias que vivían en casas y edificios bajos, pero esta solo ha ejecutado un 20% debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Ana Botella ha desbloqueado las obras otorgando a la empresa el 90% de la edificabilidad de la zona a cambio de que construya un segundo edificio de realojo y acabe el ámbito, pero parte de las antiguas viviendas han sido ocupadas ilegalmente. El nuevo proyecto, que se iniciará "en unos días", según el Ayuntamiento, prevé 500 viviendas libres y 1.500 protegidas o de precio limitado, pero los vecinos ya no se fían.

UVA de Hortaleza (Hortaleza) > Esta Unidad Vecinal de Absorción se construyó en 1963 para acoger a los desalojados de los poblados de Ventas y La Elipa, que obstaculizaban la construcción de la M-30. El proyecto que en el pasado recibió un premio arquitectónico como "solución humana" al chabolismo es hoy una explanada de infraviviendas que convive junto a edificios nuevos. La Comunidad de Madrid prometió en 1994 que las derribaría y que entregaría casas nuevas a casi 1.200 personas, de las que solo la mitad han visto cumplido su sueño.

Colonia Experimental (Villaverde) > 200 implicados. Data de 1957, cuando la Obra Sindical del Hogar Franquista construyó 408 viviendas en 28 bloques. El Tribunal Superior de Justicia (TSJM) condenó en junio de 2005 al Instituto de la Vivienda a arreglar las deficiencias de seis de ellos, pero el Ejecutivo regional alega que carece de presupuesto y solo ha reformado uno de ellos. Los residentes padecen problemas de cimentación, de alcantarillado, basuras...

Barrio del Aeropuerto (Barajas) > 1.200 personas. Se levantó en los 60 para alojar a los peones y trabajadores del Aeropuerto de Barajas. Hoy está cercado por las carreteras M-14 y la A-2. En 2007, Gallardón se comprometió con los vecinos a sustituir 34 bloques con 567 viviendas por casas nuevas, equipamientos públicos, zonas verdes e instalaciones deportivas, pero nunca lo cumplió. Ahora se ha propuesto a los vecinos que paguen parte de los arreglos.

Colonia Los Olivos (Latina) > Unos 300 implicados directos y más de 4.000 indirectos. "El Ayuntamiento ha dado el primer paso para transformar la colonia", reza la nota de prensa del 6 de octubre de 2005. Urbanismo reconoce que las 329 viviendas que en su origen fueron "albergues para pobres" no cumplen los requisitos mínimos. Muchas de ellas han sido reocupadas pese a haberse tapiado por seguridad. La zona es conocida por las peleas y el menudeo de drogas. PSOE, IU y UPyD han denunciado la dejación municipal.

Poblado de Canillas (Hortaleza) > Del antiguo poblado de absorción donde obreros de la construcción, traperos y agricultores que abandonaban el campo convivían con militares y funcionarios solo queda un puñado de casas bajas. La última fase de realojos, que afecta a 63 familias y casi 200 personas, se encuentra paralizada desde 2010. Otros vecinos llevan más de 10 años disfrutando de sus nuevos pisos.

San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) > A pesar de que una parte del barrio se ha beneficiado de importantes trabajos de rehabilitación, los residentes continúan esperando un empujón estético y económico al resto del entorno, que comprende casi 8.000 viviendas de unos 18.000 vecinos. Actualmente es una de las zonas más baratas para encontrar piso en Madrid debido a su degradación.

Villaverde Bajo (Villaverde) > Comprende el sur del barrio de Los Rosales y el norte de Butarque donde viven unas 36.000 personas. La tipología de edificios de no más de tres alturas a los largo de calles estrechas en el entorno de las vías del Cercanías hace difícil el tratamiento de los espacios urbanos.

Cañada Real > Esperanza Aguirre anunció en marzo de 2009 que acabaría con la Cañada Real, el mayor asentamiento ilegal del sur de Europa, donde viven más de 8.000 personas, y que realojaría a todos los que tuvieran derecho, bien sobre el terreno, bien en pisos sociales. Casi cinco años después no se ha movido ni una piedra. En enero, los vecinos de este enclave que se extiende por Madrid, Coslada y Rivas tienen previsto iniciar acciones de protesta.