El tráfico de estupefacientes no deja de crecer en la Cañada Real. Mientras los planes políticos para desmantelar el asentamiento ilegal permanecen estancados, tres familias han recogido el testigo de los clanes desarticulados el año pasado y han continuado con el negocio.

Sus nombres, explican fuentes policiales, no pueden desvelarse para no entorpecer las pesquisas. De lo que los investigadores no tienen duda es que han sustituido a los grupos de 'los Gordos', 'los Emilios' y 'los Fernández Fernández', cuyos miembros más activos fueron arrestados en 2013.

Ahora, ellos son quienes mandan en el conocido como 'Mercamadrid de la droga', situado junto al vertedero de Valdemingómez, en el sector VI de la Cañada Real, que corresponde al término municipal de Madrid capital. Este es el mayor punto de distribución de cocaína y heroína de la Comunidad, un enclave del que se sirven consumidores de provincias limítrofes como Segovia, Ávila, Guadalajara, Cuenca o incluso Cáceres. "Son las familias más fuertes que quedaron tras las operaciones de 2013 y han podido recoger el testigo. Operan de la igual forma", detallan las mismas fuentes.

La comisaría de Policía Nacional del Distrito de Villa de Vallecas ha realizado 14 operaciones contra la droga en Valdemingómez en los últimos doce meses. Tres de ellas se debieron a tiroteos relacionados con las peleas entre clanes por el control de la venta. Una más tuvo su origen en un secuestro, también vinculado a los estupefacientes.

Sin embargo, y pese a que la presión sobre las bandas ha aumentado, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se limita a ser "obstructiva o disruptiva". "La venta y el tráfico no han bajado. Cada tres o cuatro días se mueve 1 kilo de droga, que es cortada y/o mezclada con otras sustancias. El precio y el volumen se han mantenido. Las detenciones no han conllevado desabastecimiento", confirma a 20minutos Agustín J. Vázquez, inspector jefe y Jefe de Sección de Policía Judicial en Vallecas.

Vázquez añade que el comercio de sustancias ilegales tiene aparejado otro fenómeno de delincuencia que casi se había erradicado, como es de los peristas, pero que ha regresado con fuerza a causa de la crisis: "Vender y comprar mercancía sustraída es un delito que conlleva apenas 2 años de cárcel, pero es muy molesto y genera mucha inseguridad. Los drogodependientes tienen menos recursos, de forma que roban en coches, trasteros o viviendas y venden los objetos a los peristas a cambio de dinero para comprar su dosis".

El inspector advierte de que la solución al tráfico de drogas en la Cañada Real no puede pasar únicamente por la respuesta policial, ya que implica cuestiones urbanísticas, sociales y de exclusión social. El problema es que la iniciativa que Esperanza Aguirre abanderó en 2009 para acabar con la ilegalidad de la Cañada Real ha embarrancado antes de obtener ningún resultado debido a los problemas con los ayuntamientos implicados.

El plan de Aguirre pasaba por eliminar la protección ambiental de la Cañada Real ( desafectarla, en términos técnicos), convertir los terrenos en propiedad de la Comunidad de Madrid, realizar un censo y vender las parcelas a los propietarios a los que la Administración les reconociese el derecho. Los que no pudieran comprarlas, tendrían derecho al realojo. El resto, sería expulsado.

Cinco años después, solo se han cumplido los puntos 1, 2 y 3. Rivas-Vaciamadrid, Coslada y Madrid capital, municipios por cuyo territorio discurren los casi 15 kilómetros de extensión del asentamiento ilegal, han roto las negociaciones en distintas etapas al considerar que el Ejecutivo regional ha pretendido lavarse las manos y preocuparse únicamente de la parte urbanística del problema.

El último en dar un 'no' por respuesta ha sido Rivas. Su concejal de Urbanismo, Fausto Fernández (IU), denunció el pasado jueves que la Comunidad les invita a "cambiar un chabolismo horizontal por uno vertical" sin proporcionar recursos para las soluciones sociales. El plan autonómico, de hecho, no hace mención a la distribución de los realojos ni establece plazos ni vías para acabar con el tráfico de drogas en el sector VI, el más conflictivo.

Mientras, la Delegación del Gobierno ha establecido un dispositivo específico de seguridad que incluye vigilancia permanente y patrullas diarias.

Según los datos del departamento que dirige Cristina Cifuentes, la Policía Nacional ha realizado 26 grandes operaciones entre 2012 y 2013 que han supuesto la detención de 165 personas, la incautación de 18 vehículos, 40 armas de fuego, dinero en metálico, joyas y otros objetos por valor superior a 400.000 euros. Además, se han demolido 66 chabolas dedicadas tanto al tráfico como al consumo.

Quién > La venta está controlada, fundamentalmente, por clanes de familias gitanas. La Policía ha constatado que los líderes viven en pisos y chalés en Madrid, Perales del Río o Arganda y que los más ricos invierten en propiedades en la costa o negocios legales. Algunos incluso tienen pisos de protección oficial. Cuentan con abogados de categoría, pero un alto porcentaje acaba en prisión. Cuando un grupo cae, otro le reemplaza. Sus suministradores son narcotraficantes colombianos o turcos.

Qué > En la Cañada se vende cocaína y heroína, principalmente, o una mezcla de ambas con diferentes tipos de pureza. El precio medio es de 5 euros la micra. También hay puntos de venta de hachís y marihuana. Los puntos están abiertos prácticamente 24 horas los siete días de la semana.

Cómo > En casas 'bunkerizadas' con rejas y puertas dobles y/o blindadas. Todas cuentan con estufas o sumideros. El objetivo de las medidas de seguridad es retrasar dos o tres minutos la entrada de la Policía para que los vendedores puedan quemar o diluir los estupefacientes. Solo en 2013 fueron deribadas 90 viviendas-tapadera y se esclarecieron 39 delitos de tráfico de drogas.