245 millones de euros. Es la suma de todas las fianzas de responsabilidad civil de los imputados en la trama Gürtel (sin contar con los imputados en las seis piezas separadas que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia). Para intentar recuperar el dinero que los acusados defraudaron a Hacienda y que las empresas de la red Gürtel restaron a las arcas públicas de las Administraciones con las que trabajaron, la Audiencia Nacional lleva ya emitidos varios autos de embargo. Con fecha 9 de mayo de 2014, el juez Pablo Ruz acaba de dictar el último, que afecta a los principales cabecillas de la trama y a sus principales empresas. Son unas 90 propiedades a embargar. Correa no tenía nada a su nombre, por eso casi todo estaba al de su exmujer, Carmen Rodríguez Quijano, y al de sus dos principales colaboradores: Álvaro Pérez Alonso alias el bigotes y Pablo Crespo. Todos están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita.

El auto ordena el embargo de las propiedades a nombre de Carmen Rodríguez, Álvaro Pérez y Pablo Crespo y de las principales empresas de la trama: Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial y Caroki SL. El juez también quiere meter mano a dos empresas administradas por el también imputado Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol y según la instrucción el cerebro que tejió en el extranjero, en paraísos fiscales, la red de empresas que utilizó Correa para blanquear dinero. Se trata de las sociedades Artas Consultoría y Rústicas MBS.

Las propiedades a embargar están en Majadahonda, Las Rozas, Collado Villalba y Boadilla (en Madrid), en Marbella (Málaga), en Algeciras y San Roque (Cádiz), en Ibiza, en Alicante y en Pontevedra (en esta última ciudad se embarga una plaza de garaje a Pablo Crespo). Entre todas esas 90 propiedades figura la finca de 4.000 metros que Correa se había comprado a través de la empresa Osiris Patrimonial en el municipio de Sant Joan de Labritja, en Ibiza. En la finca pensaba construir un chalé de 400 metros que al final no pudo terminar. Varios informes de la UDEF de la Policía Nacional analizan detalladamente esta casa. En Ibiza, el juez también ordena embargar otra parcela en el municipio de San Juan Bautista a nombre también de Osiris y otra finca en Sant Josep de sa Talaia a nombre de la empresa Caroki.

Inversiones Kintamani, la sociedad patrimonial de Correa que fue administrada por Ramón Blanco Balín, es la dueña también de tres apartamentos y 9 plazas de garaje en la urbanización El Embrujo Playa de Marbella (Málaga). Ruz ha pedido su embargo. Esos pisos y aparcamientos habían pertenecido a su exsuegro, Emilio Rodríguez Bugallo, constructor que fue detenido en la ‘operación Malaya' acusado de ser uno de los testaferros de Juan Antonio Roca. Rodríguez no pudo ser condenado porque murió en junio de 2008.

Como ya publicó 20minutos en noviembre de 2013, Correa había recibido el encargo de su exsuegro de vender sus propiedades por valor de 650 millones de euros. El padre de su exmujer, procesado por el 'caso Malaya', necesitaba efectivo y quería deshacerse de su fortuna por si le embargaban. Al parecer, Correa dejó a su exsuegro 500.000 euros para pagar la fianza cuando fue detenido en la 'operación Malaya' y recuperó parte de ese préstamo con los pisos de Málaga. En una grabación a Correa este admite que "lo que yo le deje me lo paga en pisos del Embrujo Marbella [...] áticos de tres dormitorios y el bajo donde vivía Marimar (cuñada de Correa), la cerebro plano". Inversiones Kintamani S.L. pagó 324.000 por cinco fincas del El Embrujo Playa, donde se levantaron los pisos y aparcamientos ahora embargados.

A Correa también le gusta mucho Cádiz. Allí reside tras su salida de prisión, en junio de 2012. Vive en un piso de la avenida de los cortijos sin número, en la urbanización de lujo Valgrande, en Sotogrande. La Agencia Tributaria informó a mediados de marzo a la Audiencia Nacional que había iniciado los trámites, por la vía de apremio, para embargar esta casa, de 533 metros cuadrados, ya que tiene una deuda pendiente con la propietaria del inmueble. La casa ya tiene un embargo preventivo de la Audiencia, que con este nuevo auto del juez Ruz pide que se lleve a cabo. No solo el piso de la urbanización Valgrande, sino también dos aparcamientos y un trastero, todos a nombre de Osiris.

Inversiones Kintamani, la sociedad de Correa con más propiedades, tiene cuatro viviendas en el Edificio Ribera del Arquero, en la urbanización de lujo La Marina de Sotogrande; un atraque en el muelle de esa urbanización (todas las casas dan al mar); otra vivienda en el Edificio Ribera del Emperador, también en La Marina de Sotogrande, con dos atraques; cuatro parcelas en la Urbanización Sotogrande y otro atraque más en la Ribera del Candil, en La Marina. Otra de las empresas, Caroki, tiene otras tres parcelas en la urbanización Sotogrande. El juez ha ordenado todos estos embargos. También otras ocho propiedades que Inversiones Kintamani tiene en Algeciras (Cádiz), concretamente dos parcelas en la hacienda La Conejera, y seis fincas en Tarifa. En Las Rozas (Madrid), Kintamani tiene una parcela en el polígono número 18.

En Boadilla del Monte, uno de los epicentros de la trama Gürtel (el exalcalde, el exdirector general del Ayuntamiento y el exconsejero de la Empresa de la Vivienda está imputados), Correa y sus socios hicieron muchos negocios. El Ayuntamiento de Boadilla, gobernado entonces por Arturo González Panero alias el albondiguilla (otro de los imputados), sacó a concurso en 2005 "el derecho de superficie" de tres parcelas en la mejor zona de Boadilla, dónde se iban a construir locales comerciales y plazas de garaje. En total, 33 locales y 178 garajes en la Avenida Siglo XXI, por donde pasa en tren ligero. La adjudicación se la llevó Rústicas MBS en octubre de 2005, empresa de Ramón Blanco Lalín, que luego en 2007 cedió la concesión a otra firma de Blanco Lalín, Artas Consultoría. Como ya publicó 20minutos, Cajamadrid, cuando la presidía Miguel Blesa, prestó 6,7 millones de euros a la empresa Artas Consultoría para que comprara estos locales.

Todo el mundo quiere esos locales. Bankia para recuperar el préstamo de Cajamadrid, y el Ayuntamiento de Boadilla ha pedido a la Justicia anular el convenio que en su día firmó con la trama para recuperar "parte del patrimonio municipal". El juez Ruz también quiere echarles el guante, y ha pedido su embargo en este nuevo auto. También otras oficinas que Artas tiene en el sector B de Boadilla, y cuatro locales del Edificio Europa y una vivienda que la empresa Rústicas MBS tiene en Collado Villalba.

Hator Consulting, otra de las empresas menos conocidas de la trama, llevó los tentáculos de la Gürtel al municipio alicantino de La Nucía, donde Correa hizo varios negocios. Allí el juez Ruz pude el embargo de una finca en el paraje Folla Ampla. Un reciente informe de la UDEF, fechado en febrero de este año, señala que Correa y varios de sus socios compraron una finca en este municipio que se pagó con los fondos procedentes del contrato con Radio Televisión Valenciana (RTVV), que adjudicó a la trama la sonorización y suministro de pantallas de los actos que conformaron la visita del Papa a Valencia en 2006.