La ambición empresarial de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, no tenía límites. Muy bien relacionado, había puesto sus ojos en Panamá, donde tenía previsto montar un negocio para suministrar combustible a los aviones que hacían escala en el aeropuerto panameño de Tucumán y a los barcos que atravesaban el canal, cuya ampliación acaba de provocar un conflicto con la empresa española Sacyr. Correa se había asociado en este proyecto con Ramón Blanco Balín, amigo personal del expresidente Aznar (estudiaron juntos), y que conocía muy bien el sector al haber sido un alto cargo (vicepresidente y consejero delegado) de la petrolera Repsol.

Blanco Balín, imputado también en la trama, está considerado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) como el cerebro que tejió en el extranjero, en paraísos fiscales, la red de empresas que utilizó Correa para blanquear dinero. Blanco Balín llegó incluso a formar parte de los consejos de administración de al menos seis de las compañías de Correa. La Policía encontró toda la documentación referente a este proyecto, bautizado como Tucumán, en el registro que hizo en la casa que Correa tenía en la urbanización Valgrande en Sotogrande (Cádiz). Esa documentación reveló que la inversión del proyecto era nada más y nada menos que de 600 millones de dólares.

Correa y Blanco habían contado con el asesoramiento de la empresa colombiana Engerging, especializada en facilitar infraestructura en proyectos energéticos. Correa había recibido un mail de Miguel Hernández Chaparro, directivo de esa compañía, que describe cómo se llevaría a cabo este negocio en las primeras fases. Hernández Chavarro declaró en julio de 2010 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que entonces llevaba la causa antes de que la cogiera la Audiencia Nacional. Los agentes se encontraron en casa de Correa un plan de negocios muy detallado. El objetivo era estar operativos en diciembre de 2008 (dos meses antes de la detención de Correa). Había incluso un análisis de las previsiones de ventas de combustible, para aviones y barcos, hasta diciembre de 2012.

Todo estaba preparado. Había un análisis de los trabajadores necesarios, la cuantía de las nóminas y los gastos de funcionamiento. Todo esto por 5,5 millones de dólares al año. La red Gürtel creía en la rentabilidad del proyecto. Cada año pasan entre 13.000 y 14.600 buques por el canal, según las estadísticas oficiales, potenciales clientes para sus gasolineras. De hecho, Correa y Blanco Balín esperaban devolver el crédito de 600 millones de dólares en 36 meses.

Panamá era el país elegido por Correa para huir cuando en el segundo semestre de 2008 ya empezó a sospechar de que la Justicia iba detrás de él. Blanco Balín le avisó de que en julio de 2008 la Policía había registrado uno de sus despachos en Madrid. El registro policial no tenía que ver con la Gürtel, sino con una investigación que llevaba a cabo la Audiencia Nacional sobre un grupo de 70 españoles acusados de defraudar al fisco en Liechtenstein. Blanco Balín había sido el asesor que había ayudado a algunos de los investigados a ocultar su fortuna en este paraíso fiscal.

Pero Blanco Balín avisó a Correa y este empezó seriamente a plantearse dejar España. Pensó en Panamá. La UDEF halló en el chalé de Cádiz documentación que avalaba que Correa había recurrido a un abogado español afincado en Panamá, Hipólito José María Porras. Los agentes se hicieron con un comprobante de pago al despacho Porras y Porras fechado el 7 de agosto de 2008. La cantidad, 1.150 euros, un adelanto para obtener papeles en regla de la Dirección Nacional de Migración de la República de Panamá. El permiso más rápido para entrar en el país era obtener un visado de inversor, que concedía entonces a los empresarios extranjeros capaces de depositar 250.000 dólares. Pero Correa necesita un visado que asegurara que llevaba varios años residiendo en Panamá, y consiguió uno fechado en mayo de 2001. Al final, la operación policial truncó sus planes.