Tania es inquilina de una de las 3.000 viviendas que el IVIMA vendió el pasado mes de agosto al fondo Goldman Sachs-Azora.
Por esa vivienda está pagando un alquiler social. "Se trata de una reducción de renta que hicimos dentro del Plan Joven", dice el IVIMA.
El plazo para la revisión del precio de estos alquileres es de dos años; a Tania le vence en junio de 2014.
Aunque Azora asegura que "cuando se cumplan los contratos revisarán cada caso particular", a Tania no le garantizan seguir en esa vivienda en caso de impago.
"¿Cómo voy a estar tranquila con cinco hijos, una niña discapacitada, sin poder trabajar y con la incertidumbre de quedarme en la calle?", denuncia.
Decenas de comunidades de vecinos con viviendas del Ivima denuncian el asalto de pisos vacíos y la "pasividad" del organismo público para desalojarlos.
El Ivima alega que intenta evitar las ocupaciones, pero reconoce que es "imposible vigilar todas las puertas" y que las "órdenes judiciales de desalojo tardan en llegar".
Las 'colonias ocupadas' se extienden por el PAU de Vallecas, Alto de San Isidro (Carabanchel), Orcasur (Usera), Fuencarral, Alcalá y Parla, entre otros.
