Madrid pagará a Encasa Cibeles 107 millones por la devolución de las 1.721 viviendas públicas cuya venta anularon los tribunales

Bloques de vivienda pertenecientes a fondos buitre ocupados en la calle Eduardo Chillida, en el Pau de Vallecas.
Imagen de archivo de bloques del Pau de Vallecas que fueron vendidos a fondos.
JORGE PARÍS
Bloques de vivienda pertenecientes a fondos buitre ocupados en la calle Eduardo Chillida, en el Pau de Vallecas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió el año pasado que la venta de 32 promociones con casi 3.000 viviendas públicas que la Comunidad de Madrid cerró en 2013 con la firma Encasa Cibeles, vinculada a Goldman Sachs-Azora, fue nula. Los magistrados dictaron que el fondo de inversión tenía que devolver los inmuebles a la Administración y este reclamó a la Comunidad, a modo de compensación, 198 de los 201 millones de euros que había pagado por los pisos ocho años atrás.

La Agencia Social de la Vivienda (AVS), heredera del antiguo Ivima, recibió a finales del pasado septiembre 1.721 viviendas de Encasa en cumplimiento del mandato judicial. Estos eran todos los inmuebles que con posterioridad a la enajenación de 2013, que se hizo por el sistema de subasta, no habían sido adquiridas por terceros de buena fe.

La vuelta de estos pisos al patrimonio de la Comunidad de Madrid quedó registrada ante notario, aunque se dejó pendiente una cuestión: ¿cuánto dinero tenía que transferir la AVS a Encasa por la devolución de los pisos teniendo en cuenta que la firma había pagado por los inmuebles?

Se trata de una aspecto administrativamente complicado que, aún hoy, sigue sin una solución definitiva. Pero esta semana se ha dado un paso importante en este sentido. Según ha sabido 20minutos, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ya ha valorado el conjunto de 1.721 viviendas que recibió en septiembre y ha trasladado a Encasa Cibeles que asciende a 107 millones de euros.

Esta es la cantidad que abonará la Comunidad para dejar este asunto definitivamente saldado. Es una cuantía inferior en 91 millones de euros a la reclamada por el fondo que se transferirá a la firma en un plazo breve. "Está avalado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid", señalan sobre el precio desde el departamento que dirige Paloma Martín. La valoración se ha hecho de un modo "objetivo", agregan, teniendo en cuenta "el precio de escritura de los pisos sin actualizar y sin intereses".

Ante el abono de la Comunidad, la firma inmobiliaria tiene dos posibilidades: aceptar directamente la oferta, si está de acuerdo con ella, o bien recurrirla, si es que la consideran insuficiente. Esta reclamación debería articularse en los tribunales, no cabe negociación con la AVS porque, insisten, los 107 millones se corresponden con la valoración "objetiva" de los inmuebles.

Atención a las familias

Las casi 3.000 viviendas que se vendieron hace ahora ocho años pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid. Se adjudicaron al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por 201 millones, casi un 20% más que el precio de salida (168,9 millones) que se había determinado.

El paquete de inmuebles estaba compuesto, en su mayoría, por pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 m2. Las viviendas estaban ubicadas en diferentes localidades de la comunidad, como la capital (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).

Muchas de ellas fueron vendidas por Encasa entre 2013 y 2021 a terceras personas, pero la firma vinculada a Goldman Sachs alquiló otras muchas. Con el objetivo de atender a estas familias, el Gobierno regional creó un grupo especializado con trabajadores sociales y técnicos de la AVS cuando recibió los 1.721 pisos que no habían sido enajenados.

"Nos vamos a centrar en garantizar que las familias van a continuar viviendo en esos pisos", señaló en septiembre la consejera Paloma Martín. La AVS se puso en contacto con los inquilinos a través de cartas para comunicarles que estudiarían cada caso "de forma individualizada" y se tendría en cuenta la situación de cada familia y las condiciones de su contrato de arrendamiento y en esa tarea, aseguran desde el área regional de Vivienda, han estado centrados en los últimos meses.

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