Esta semana se han cumplido cinco meses desde que Dani Alves entró en la cárcel catalana de Brians 2 para permanecer en prisión provisional sin fianza, a la espera de ser juzgado (entre octubre y noviembre) por haber agredido sexualmente y violado presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, la noche del 30 al 31 de diciembre del pasado año, y su futuro pinta peor que nunca para él a la espera de someterse a juicio.
Aquella noche, la víctima estaba junto a unas amigas en la sala de fiestas cuando un camarero les insistió en aceptar la consumición que les ofrecía a modo de invitación el jugador carioca junto a un grupo de amigos. Después de dudar por unos instantes, las chicas se unieron al grupo de Alves, que entonces intentó comenzar a propasarse con ellas con bailes y acercamientos. Ambos se marcharon luego a un cuarto de baño al que entraron separados, donde sucedió todo. Después, Alves se marchó del lugar, mientras la joven hablaba con la seguridad del local y se sometía a exámenes médicos en un hospital.
El pasado 20 de enero, el ex futbolista del Barça ingresó en prisión tras prestar declaración ante la jueza que instruye su caso, que estimó la existencia de un gran peligro de fuga del brasileño para condenarle a permanecer entre rejas, sobre todo por su capacidad de poder adquisitivo, y por la ley brasileña que le permitiría exiliarse en su propio país. Desde entonces, los dos equipos de abogados de Alves, especialmente el que sigue llevando su caso, liderado por Cristóbal Martorell, han intentado por activa y por pasiva devolverle la libertad, aunque sea condicional, pero siempre sin éxito.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular de la víctima se han mantenido siempre firmes en este sentido, y la magistrada del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona siempre les ha dado la razón. Ni el traslado de la familia e hijos de Alves a Barcelona para vivir allí, ni una fianza, ni su compromiso jurado de comparecer a diario ante la Policía han conseguido disuadir a la jueza de su primera decisión, y parece poco probable que vuelva a ver la luz del sol antes de ser juzgado.
No obstante, la decisión puede llegar a ser comprensible si atendemos a los testimonios de los involucrados. La víctima no ha variado un ápice su testimonio a lo largo de los meses, y ha sido apoyada además por testigos de la discoteca, incluida su prima y sus amigas, las cámaras de seguridad, las pruebas de ADN y huellas realizadas por todo el baño donde tuvo lugar la violación, y los test realizados sobre la víctima, que presentaba en sus partes íntimas restos de fluidos de Alves.
Mientras, el ex del Sevilla ha sido todo lo contrario a consistente en su versión de la historia, lo que no ha ayudado a cimentar su credibilidad ni a ganarse esa libertad condicional hasta el juicio. Primero aseveró no conocer de nada a la víctima; posteriormente ofreció una variante de la historia en la que apenas reconoció haber mantenido relaciones sexuales preliminares con la víctima; y ya por último, acorralado por las evidencias de su propio ADN, admitió haber practicado sexo con la joven, pero siempre consentido.
Unos cambios de versión que el brasileño asegura que se deben a su intención de ocultar lo sucedido a su ex pareja, Joanna Sanz, que después de unos meses de apoyo comedido, ya no quiere saber nada más de Alves; y que además le han impedido, por ejemplo, que la jueza le conceda un examen médico y psicológico a la víctima por parte de sus abogados. Igualmente, el defensa sigue cambiando detalles de la historia, incluso acusando a la víctima, como hizo recientemente en una entrevista desde la cárcel, de haberse inventado la agresión sexual: “No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono”.
Dando patadas de ahogado, y probablemente más alterado (miren el ataque a Xavi) conforme más tiempo pasa en prisión, Dani Alves aguarda ahora que comience su juicio. Se enfrenta, tras la última modificación legislativa derivada de la ley del ‘sí es sí’, a una pena de cárcel de entre cuatro y doce años cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal.
Además, se deben tener en cuenta los posibles agravantes, que harían que la pena oscilase entre los siete y los quince años de privación de libertad. La joven declaró que el futbolista la abofeteó y la zarandeó con excesiva fuerza, lo que encajaría sin problemas en el agravante de violencia, ya que la ley explica que tiene que haber violencia de extrema gravedad o un trato degradante y vejatorio para la víctima.
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