El 1 de septiembre el Ministerio de Justicia recibió dos informes favorables a la concesión de un indulto parcial a Alejandro Fernández, el granadino que cumple cinco años de cárcel por el uso en 2010 de una tarjeta falsa con la que pagó 79,20 euros. Desde entonces han pasado dos meses y la solicitud de que se le otorgue la medida de gracia a este chico de 24 años, completamente rehabilitado, sigue pendiente de resolución. "Solo pido que la Justicia vaya un poco más rápido y que las personas que mandan en tantas vidas como la mía desempeñen su trabajo, que también somos importantes", señala en una carta remitida desde la prisión de Albolote, en la que ingresó el pasado 7 de junio.

El informe de la Fiscalía acepta que la pena de Alejandro sea rebajada en tres años, mientras que el de la Audiencia Nacional establece una reducción de dos. Si se tuviese en consideración lo dicho por el tribunal, este chico seguiría entre rejas, aunque con la posibilidad de conseguir el tercer grado en un plazo más breve de tiempo. Su abogado, Javier Gómez Rosales, estima no obstante que "el peso fuerte es el del Ministerio Fiscal" y que al no tener antecedentes penales saldría en libertad "de forma inmediata".

Gómez Rosales se muestra convencido de que a su defendido le será concedido el indulto, toda vez que han logrado "lo más complicado", la aceptación de la Fiscalía, pero denuncia la demora en la toma de esta decisión: "El Ministerio de Justicia tiene en su poder el expediente completo desde el 1 de septiembre y a día de hoy aún no ha resuelto. Ya han pasado dos meses y seguimos sin noticias".

La incertidumbre desespera a Alejandro, quien se siente angustiado al saber que su familia y su pareja están sufriendo y que podría llegar a perder su casa, porque cada día que pasa sus deudas aumentan. "No me dejan pagarla", lamenta en su misiva, en la que recuerda que antes de entrar en prisión tenía un trabajo fijo.

Una sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, castigó a este joven por dos delitos y le impuso una pena de cuatro años por tenencia de tarjetas de crédito o débito destinadas a su tráfico y de uno por estafa, tras unos hechos ocurridos el 15 de enero de 2010. Ese día, este joven y otras dos personas, "usando las espurias tarjetas, efectuaron operaciones por importe de 299 y 257,80 euros", recoge el dictamen judicial. El documento no desglosa cuánto se gastó cada uno de ellos pero Gómez Rosales manifiesta que disponen de los extractos que demuestran que de la cantidad total, su defendido solo pagó 79,2 euros con uno de los dos plásticos que estaba a su nombre. Él siempre sostuvo que no sabía que fuesen falsos, punto que el juez consideró que no se sostenía en pie "un solo instante".

Conocido el fallo, Alejandro solicitó el indulto en 2015, pero le fue denegado el pasado mes de marzo. Una notificación de finales de mayo le comunicó que tenía cinco días para ingresar en la cárcel por unos hechos de hace seis años. Su familia inició entonces una campaña para intentar evitarlo. "Todo lo que ha conseguido hasta ahora lo perdería", lamentaba su madre, quien aseguraba que su hijo no había vuelto a delinquir y que estaba totalmente reinsertado, con un trabajo fijo, una casa con opción a compra y una novia con la que lleva cinco años y que dependía económicamente de él porque está en paro. De nada sirvieron todos los esfuerzos llevados a cabo para frenar la encarcelación y esta se produjo antes del verano.

A los pocos días, el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, anunció que Justicia estudiaba "con mucho interés" el indulto parcial y que el Ejecutivo tenía "la mejor voluntad", dadas las circunstancias del caso. Cinco meses después, Alejandro sigue en el centro penitenciario de Albolote y el nuevo Gobierno que arranca este viernes hereda el caso de un chico que había conseguido reconducir su vida.