Días después de anunciar cuáles serán sus líneas rojas para pactar tras el 26-J, entre las que figuraba el 'no' a un referéndum en Cataluña, el secretario general del PSOE y candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado los compromisos de su partido "para un gobierno del cambio". Se trata de una especie de resumen con las principales medidas del programa electoral con el que concurrió a las elecciones del 20 de diciembre, pero con algún cambio y con fechas concretas, encabezado por la que es su propuesta estrella: crear en el plazo máximo de 4 meses un "ingreso mínimo vital" para los "720.000 hogares que carecen de todo tipo de ingreso".

El documento presentado por Sánchez plantea siete grandes objetivos nacionales, el primero de los cuales es "erradicar la pobreza". Para ello, además del ingreso mínimo vital, el PSOE promete incrementar las prestaciones por hijo a cargo, ampliar la cobertura por desempleo y garantizar los suministros básicos (luz y agua), así como hacer efectivo el derecho a una vivienda, aunque no dice cómo lo hará. También plantea aquí algo que ya ha anunciado estos días, como es reforzar en el plazo de un año las pensiones con recursos adicionales a los derivados de las cotizaciones, mediante transferencias presupuestarias basadas en un "recargo de solidaridad" para financiar la Seguridad Social.

En el segundo bloque plantea medidas para "combatir la desigualdad", entre las que destaca aprobar una reforma fiscal en un plazo máximo de seis meses. Esta mantendrá la tarifa de IRPF para las rentas medias y bajas y subirá la de las rentas del capital, preve una tributación mínima en el Impuesto de Sociedades y Patrimonio y reducirá el IVA Cultural, que actualmente se sitúa en el 21%. Promete excluir las amnistías fiscales y subir el salario mínimo en un 4%, algo que proponía en su programa para el 20-D, pero sin fijar el porcentaje de aumento. No obstante, el objetivo es el mismo: alcanzar el 60% del salario neto en dos legislaturas.

También en el ámbito de la desigualdad plantea el PSOE su propuesta educativa, que a diferencia de sus promesas anteriores, no menciona a la LOMCE, que en su día prometió derogar. Ahora, se limitar a proponer un "acuerdo social y político por la educación, que, en el plazo de seis meses, incluya ampliar y reforzar el derecho a la educación con la progresiva universalización del escolarización de los 0 a los 18 años, extender la etapa 0-3 años, reconocer las becas como derecho, creación de un Sistema Integrado de Formación Profesional que incluya 200.000 nuevas plazas de FP". Ninguna referencia, por tanto, a su anterior compromiso de promover la escuela pública laica, cuando prometió sacar del horario escolar las enseñanzas confesionales y revisar el Concordato con la Santa Sede.

Propone, eso sí, devolver la cobertura "universal" a la Sanidad y revisar el copago farmacéutico e introducir medidas para la racionalización de horarios laborales y el "incremento definitivo de los permisos de paternidad, equiparados a maternidad e intransferibles". En materia de igualdad, sancionarán la demanda de prostitución y la trata de seres humanos y aprobarán, en caso de llegar al gobierno, una ley de igualdad salarial y promoción profesional. Mantiene su promesa de volver a reformar la ley del aborto para que las menores de 16 y 17 años decidan, sin consentimiento paterno, si quieren interrumpir su embarazo.

También en esta ocasión el PSOE insiste en la necesidad de negociar a lo largo de la legislatura "un nuevo calendario para el cumplimiento estricto de las condiciones del Pacto de Estabilidad Europeo", al tiempo que promete la "derogación inmediata de la reforma laboral del PP". No hace referencia alguna a la reforma laboral que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, pero sí mantiene la promesa de aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores antes de fin de año. Otra de sus grandes propuestas en materia de empleo es "un plan de choque para parados de larga duración", que se implantaría en un plazo de cuatro meses.

En materia de regeneración democrática, insiste en su gran propuesta para el 20-D, que es el reconocimiento en la Constitución de los derechos sociales y de nuevos derechos civiles y políticos (muerte digna, libertad religiosa). En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocido como Ley Mordaza, en su programa antgerior prometía derogarla y aprobar otra que "facilite el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica". Ahora, en cambio, se limita a decir que se suprimirán "las restricciones de derechos impuestas por el anterior Gobierno", y cita, entre ellas, la prisión permanente, la criminalización de las huelgas y la ley de seguridad ciudadana.

En su nuevo documento de compromisos, los socialistas no abandonan su promesa de reformar el sistema electoral, suprimir los aforamientos y prohibir los indultos para los condenados por corrupción. Y, por supuesto, insiste en su gran propuesta, la "reforma parcial de la Constitución". Esta reforma debe incluir "el reconocimiento de nuevos derechos y libertades, la incorporación del derecho europeo, la garantía constitucional de los derechos sociales, la salvaguarda del Estado de Bienestar en el cumplimiento de las obligaciones de estabilidad presupuestaria, y una reforma del modelo de Estado en sentido federal". En este sentido, sugiere crear en dos meses una subcomisión en el Congreso de los Diputados que fije el contenido inicial de la reforma.

En cuanto a Cataluña, plantea que, en el marco de esta reforma constitucional, y "aprobado en consecuencia por todos los españoles, se acordará un Pacto político con Cataluña que, respetando las implicaciones del principio de igualdad, reconozca su

singularidad y mejore su autogobierno".