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En Europa, todos los países de más de un millón de habitantes tienen alguna norma que regula el acceso de los ciudadanos a la información sobre los gobiernos y sus administraciones. España es la excepción a la norma, pero entrará en la lista cuando el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno salga airoso definitivamente del trámite parlamentario en el que se encuentra inmerso.
En total, hay 93 países en el mundo, según el Global Right to Information Rating, que poseen leyes de transparencia de información sobre sus entidades públicas y gobiernos. El Gobierno español dio un primer paso en marzo de 2012, cuando el Consejo de Ministros aprobó un texto que después se sometió al escrutinio ciudadano y sobre el que se realizaron "una veintena" de cambios, que en mayo dieron lugar a otro documento que no satisfizo demasiado a los expertos.
En julio de 2012 el ya Proyecto de Ley se remitió a las Cortes, que se debate y enmienda estos días en la Comisión Constitucional del Congreso. Por ella han pasado expertos en el tema para dar su opinión. La parte correspondiente al Código de Buen Gobierno entrará en vigor en el momento de la aprobación de la norma y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que la parte de Transparencia e Información tendrá un año de plazo a partir de ese momento.
La ley de transparencia fue una promesa electoral del gobierno de Mariano Rajoy y también un propósito del anterior Ejecutivo. Fue concebida para las administraciones y cargos públicos, por ese motivo la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido varias veces desde que se aprobó el primer borrador en que instituciones como la casa real no están ni estarán incluidas.
Por la misma razón, y porque la ley de financiación de partidos fue reformada recientemente, las formaciones políticas tampoco iban a verse afectadas. Hasta este miércoles, que el presidente del Gobierno ha anunciado lo contrario.
¿Qué es la Ley de transparencia?
La futura Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.
Es decir esta norma obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como solicitar más información.
Tras las aportaciones ciudadanas, se amplió la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que se incluyó lo relativo a los contratos públicos. Además, se estableció la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.
¿Cuál es el objetivo?
Pretende incrementar la transparencia en la actividad de la Administración y reforzar la responsabilidad de los gobernantes dando el derecho de acceso a la información pública en España de todas las personas. Por un lado, reconoce la información de las instituciones públicas, y por otro lado la obligación de la instituciones públicas a dar esa información de forma proactiva.
Con esta legislación se sabría en qué se gasta realmente el dinero
Según la coordinadora de la Coalición Pro Acceso, Victoria Anderica, "con esta legislación se sabría en qué se gasta realmente el dinero. Habría una lista de publicaciones e informes en los cuales basan sus decisiones, los contratos, las licitaciones….".
La ley establecerá además, por primera vez en España, un baremo público y aprobado por las Cortes Generales en la ley de los Presupuestos Generales del Estado de retribución para los cargos municipales. Tras las aportaciones ciudadanas, se impulsó además la "adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada".
¿Qué pasará si los cargos públicos no dan o ocultan información?
El régimen sancionador se divide en tres ámbitos: "infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario". Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Estabilidad Presupuestaria.
En el caso de infracciones graves, podrá haber un cese en el cargo político así como una inhabilitación política entre un periodo entre cinco y diez años.
La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Entre las sanciones contempladas por la ley se encuentran: destituciones de cargos públicos, no percepción de pensiones indemnizatorias, obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y obligación de indemnizar a la Hacienda Pública.
A partir de modificaciones en el Código Penal y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se tipificarán infracciones para castigar las conductas más graves que sean merecedoras de sanciones penales, incluida la pena de prisión, que podrá oscilar entre uno y cuatro años de cárcel.. Será causa de inelegibilidad el haber sido sancionado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la ley.
Tras las aportaciones ciudadanas se creó una nueva infracción grave por el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos. Incurren en delito los cargos que despilfarren el dinero público.
¿Ha habido algún precedente legislativo en España?
En España nunca ha existido una ley de acceso a la información pública. Un 50% de las peticiones de los ciudadanos sobre datos públicos quedan sin respuesta según denuncia Access Info Europe, ya que no hay una ley que obligue a las instituciones a facilitar dicha información.
¿Cuándo entrará en vigor?
El anteproyecto de ley fue aprobado en marzo de 2012 por el Consejo de Ministros. Después, se abrió un plazo de diez días para que los ciudadanos hicieran sus aportaciones al texto y algunas de ellas se incorporaron. En mayo de 2012, se aprobó el texto actualizado y se remitió a la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado para que dieran su opinión.
En julio de 2012 se dio luz verde al Proyecto de Ley y su remisión a las Cortes Generales para la tramitación parlamentaria. La parte correspondiente al Código de Buen Gobierno entrará en vigor en el momento de la aprobación de la norma y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que la parte de Transparencia e Información tendrá un año de plazo a partir de ese momento.
¿A quién afectará?
La ley obliga a ser transparentes a todos los poderes del Estado y al conjunto de las Administraciones Públicas.
La Transparencia y el Acceso a la información pública afectan a todas las Administraciones Públicas; Congreso, Senado y órganos como el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Consejo de Estado (y órganos autonómicos equivalentes) y Corporaciones de Derecho Público en sus actividades sujetas a Derecho administrativo; organismos autónomos; entidades de Derecho Público y Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria.
Se incluyen personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. Tras las aportaciones ciudadanas, se incluyeron los colegios profesionales y también los adjudicatarios de contratos públicos. La casa real se queda fuera y, en principio, también los partidos políticos, por no tratarse de "administraciones públicas", pero sobre estos últimos el Gobierno ha cambiado de opinión.
Los ministros o secretarios de Estado que vulneren el Código de Buen Gobierno serán sancionados por el Consejo de Ministros. Los demás altos cargos serán sancionados por el Ministerio de Hacienda.
Además, se refuerza la independencia de la Agencia de calidad de los servicios, que se transforma en Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios. El nombramiento y las causas de cese de su presidente se equiparan a los de los organismos reguladores.
¿Por qué es necesaria?
Los ciudadanos podrán saber qué hacen los gobernantes con sus impuestos. Para la Coalición Pro Acceso se podría hacer un balance mejor para votar a sus representantes. Para Victoria Anderica, la transparencia también tiene un efecto directo en los actos corruptos; si cualquier persona puede pedir la información, se tendrá más cuidado.Los ciudadanos podrán saber qué hacen los gobernantes con sus impuesto
Otra de las razones por la que es necesaria esta ley es para que haya más transparencia sobre el funcionamiento de la Administración, que podría desembocar en una mayor eficiencia de las mismas.
¿En cuánto tiempo se podrá tener la información solicitada?
Normalmente en otros países, la ley de acceso a la información contempla unos 15 días desde que el ciudadano pide los datos hasta que los recibe, aunque se espera que la norma española demore un mes este plazo.
El texto establece "un procedimiento ágil y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, con un breve plazo de respuesta y un régimen de impugnaciones al que se ha añadido la vía de la reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios".
Tras las aportaciones ciudadanas se introdujo como criterio para negar información a un solicitante que exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que respalde la publicación.
¿Se podrá tener acceso a los datos a través de Internet? ¿Podrá consultarlos cualquier ciudadano?
La titularidad del derecho de acceso a la información pública "se reconoce a todas las personas". Se garantiza eficazmente, además, el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad.
Las organizaciones que defienden la transparencia creen que el gasto es una de las preocupaciones del actual y anterior Gobierno. La Coalición Pro Acceso cree que imponer un sistema de transparencia incluye un gasto inevitable. Además los funcionarios van a tener que responder a preguntas, algo que lleva tiempo y dinero. La mejor manera de hacerlo y más austera será a través de Internet.
De hecho, la austeridad motivó que se otorgaran las competencias en esta materia a la Agencia de calidad de los servicios (Agencia de Transparencia), "un organismo ya existente". Por otro lado, el Gobierno está ultimando el 'Portal Digital de la Transparencia', al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información, que no necesitará motivación, y que recogerá datos relativos a concursos, subvenciones o sueldos de los altos cargos.
Se pretende que este portal esté en marcha cuando acabe el proceso legislativo.
En Europa no tienen ningún tipo de leyes de transparencia Chipre, Luxemburgo y España
¿Se podría vulnerar el derecho a la protección de datos?
La solicitud de información sólo se limitará en aquellos casos en que entre en conflicto con otros intereses protegidos. De todos modos, dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de los datos personales, la Ley aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios.
¿Cuánto países del mundo tienen leyes de este tipo?
En la actualidad hay 93 países en todo el mundo con leyes de acceso a la información pública. La web Global Right to Infomation Rating recoge todas estas leyes, ordenadas de mejor a peor y por países.
En Europa no tienen ningún tipo de leyes 'transparentes' Chipre, Luxemburgo y España, siendo este último el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información pública.
Hasta el momento hay algunas comunidades españolas que ya han dado pasos en este sentido. Es el caso de Navarra, que tiene en vigor desde finales de 2012 una ley Foral de Transparencia y Gobierno abierto, y Euskadi, región que ultimó con Patxi López un proyecto de ley de Transparencia y que ha puesto en marcha iniciativas como Irekia u Open Data.
¿Para qué ha sido eficaz en algunos países?
Reino Unido ha sido uno de los últimos países en poner en vigor de manera efectiva una ley de este tipo. Al principio de aprobarse en 2005 se solicitaron las facturas de las dietas de los diputados y el periódico inglés The Guardian las publicó en la web. Había algunas facturas que destaparon que algunos diputados compraron con dinero público desde artículos para su jardín hasta casas para su pato.
Durante cuatro años, los ingleses realizaron más de 4.000 solicitudes para conocer cualquier dato de las instituciones públicas. También se ha creado una web inglesa que recoge, a través de un buscador, todo tipo de información sobre las solicitudes ya realizadas en Reino Unido. En otros países como Estados Unidos, el gobierno impulsó el portal data.gov para dar mayor transparencia.
De hecho, el Ejecutivo español anunció cuando aprobó el proyecto de ley su intención de sumarse a la Iniciativa Mundial para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership) que Barack Obama y Dilma Rousseff impulsaron en Nueva York en julio de 2010. Por eso, presentó la Ley de Transparencia el 17 de abril de 2012 en la conferencia internacional en Brasilia, donde España firmó la Declaración Internacional de Gobierno Abierto.
¿Qué aspectos no incluye la ley?
Según apuntó en su día la Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la ley tiene varios puntos sujetos a crítica:
- No se especifica que el acceso a la información de los ciudadanos es un derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión.
- Si en un contrato público se recoge una cláusula que impida el acceso a determinada información, la ley no podría acceder a ella.
- Hay poca concreción en las excepciones al acceso a la información, que afectan a "seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios".
- No se puede solicitar información de manera anónima.
- La Agencia Estatal de Transparencia, en opinión de la OSCE, no ofrece "garantías suficientes de independencia" ya que actuará siempre en el marco de un ministerio.
Muchas peticiones reclamaban "la conversión del silencio negativo en positivo", pero el Gobierno decidió no hacerlo "ante la situación de materias importantes y sensibles", como la seguridad nacional; para proteger intereses "públicos o de terceros que hay que preservar"; y también por las "dificultades de limitaciones" de la Administración.
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