El Consejo de Ministros será quien se ocupe de sancionar a los ministros y a los secretarios de Estado que vulneren el Código de Buen Gobierno; el ministerio de Hacienda, por su parte, se ocupará del resto de altos cargos de la Administración.
Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado el informe sobre el anteproyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
En el texto se incluyen algunas de las sugerencias a las propuestas que los ciudadanos pudieron hacer a través de Internet tras la difusión del borrador en la Red hace dos meses. En concreto, el plazo para las aportaciones duró entre el 26 de marzo y 10 de abril
Sáenz, ha detallado que el anteproyecto ha tenido "más de 78.000 visitas" en Internet y un total de "3.669 correos electrónicos con observaciones" y otras 14 entradas más por registro.
Las aportaciones han sido "de muy diversa índole" y las han realizado tanto ciudadanos como, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas ligadas al ámbito de la transparencia.
Estas casi 3.700 sugerencias o aportaciones no van a hacerse públicas de momento, según han confirmado a 20minutos.es fuentes de La Moncloa, ya que la divulgación en bruto de todas ellas "colisiona directamente" con una "cesión a terceros" para la que no se habría pedido consentimiento. Eso no quita, apuntan las mismas fuentes, para que dentro de un tiempo se haga "un resumen" de las propuestas.
Añadidos relevantes a la Ley
De todas estas sugerencias realizadas en consulta pública, se han incorporado "algunas", ha explicado la vicepresidenta, que ha asegurado que el Gobierno va a procurar "que lo que se incluya se cumple". Así, Sáenz ha desgranado los añadidos más relevantes al anteproyecto:
- En primer lugar, Sáenz ha revelado que muchas de las peticiones ciudadanas se referían a la "ampliación de los sujetos". Así, se ha aceptado la sugerencia de incluir a los colegios profesionales y también a los adjudicatarios de contratos públicos.
Sobre la Casa del Rey, la vicepresidenta ha dicho que "algunos ciudadanos lo han pedido", pero ha recordado que esta institución "no forma parte del grupo de las administraciones públicas" y que la "normativa internacional" prevé que las monarquías no estén sujetas a este régimen.
- Así, se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos públicos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.
- Se refuerza, por otro lado, "la posición del portal de la transparencia", que será una web única para toda la Administración del Estado, donde se incluirá la información sujeta al articulado de la Ley.
- Muchas peticiones reclamaban, asimismo, "la conversión del silencio negativo en positivo", pero el Gobierno ha decidido no hacerlo "ante la situación de materias importantes y sensibles", como la seguridad nacional; para proteger intereses "públicos o de terceros que hay que preservar"; y también por las "dificultades de limitaciones" de la Administración.
La vicepresidenta ha dicho que cuando el silencio es positivo y alguien presenta una petición, haya o no respuesta, "se le da por concedido el derecho a tenerla". Sabiendo que la Administración es limitada, ha añadido, "si no se da respuesta a ciertos asuntos, se entiende que se tiene derecho a obtenerla" y esto podría generar "un conflicto importante".
- Se introduce en el texto como criterio para negar información a un solicitante "que exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que respalde la publicación", según explica la referencia del Consejo de Ministros.
- Se dotará de mayor independencia "a la valoración de las decisiones que adopta la Administración" a la hora de dar la información.
- Se refuerza la independencia de la ya existente "Agencia de calidad de los servicios", que se transformará en una Agencia de Transparencia. Su presidente tendrá un régimen de nombramiento similar al de otros organismos supervisores.
- Sobre el procedimiento sancionador, los ministros o secretarios de Estado que vulneren el Código de Buen Gobierno serán sancionados por el Consejo de Ministros. Los demás altos cargos serán sancionados por el Ministerio de Hacienda.
El régimen sancionador, según consta en la referencia del Consejo de Ministros, se divide en tres ámbitos: "infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario". Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Estabilidad Presupuestaria.
Así, las sanciones que se prevén son: destituciones de cargos públicos, no percepción de pensiones indemnizatorias, obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Aquellas que comentan infracciones graves y muy graves "podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años".
- Se refuerza la tarea del Gobierno a la hora de abordar "la simplificación normativa"; "que haya menos y mejores leyes", ha dicho la vicepresidenta, que ha anunciado que se elaborará "una relación de textos refundidos" que tengan que presentarse en el Congreso de los Diputados.
- Se impulsará la adopción de mecanismos que garanticen "la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada" y se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública.
El anteproyecto de la Ley de Transparencia se remitirá ahora a la Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío a las Cortes para su tramitación parlamentaria, y entrará en vigor en el plazo "de un año".
La parte del Código de Buen Gobierno, sin embargo, entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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