El Gobierno establece un código de conducta a los dirigentes con duras sanciones si no se cumple

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La Ley de Transparencia ha sido aprobada este viernes en el Consejo de Ministros. La nueva norma ha sido presentada como una de las "más ambiciosas e importantes" del programa de Gobierno de Mariano Rajoy. El texto, presentado como anteproyecto de ley, podrá ser consultado por los ciudadanos a partir de este lunes, mismo día a partir del cual se podrán hacer aportaciones para mejorarlo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado esta norma que, según ha afirmado, reúne tres puntos principales: "Los ciudadanos podrán conocer cómo se contrata, cómo se subvenciona y cómo se retribuye a los cargos públicos; se regula el acceso a la información pública, dentro de los límites de la Constitución; y se aprueba un código de buen Gobierno para todas las administraciones públicas".

Los ciudadanos podrán conocer cómo se contrata, cómo se subvenciona y cómo se retribuye a los cargos públicosSáenz de Santamaría ha detallado sobre todo este último punto, destacando que establece principios éticos y de actuación. "Son ya obligaciones de cumplimiento legal, que si no son respetadas podrían terminar en sanción", ha afirmado. En el caso de infracciones graves, podría haber un cese en el cargo político así como una inhabilitación política entre un periodo entre cinco y diez años. Si, por ejemplo, hay un falseamiento u ocultación de datos importantes o malgasto en la gestión pública, la infracción podría ser considerada como delito y tramitarse por la vía penal.

Aunque no se prevé pena de prisión para este nuevo delito, la vicepresidenta ha recordado que se establece una pena de multa y que esta, "si no se cumple, se sustituye por la pena de prisión". Otras infracciones -que pueden ser graves o muy graves- no se consideran delito, pero sí darán origen a un procedimiento sancionador y podrán llevar aparejada la destitución de los cargos públicos y la imposibilidad de ser nombrados para otro durante un periodo de entre cinco y diez años.

Infracciones muy graves

Según Sáenz de Santamaría, constituirán infracciones muy graves la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin cumplir las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación e ingreso en el Tesoro, así como la autorización de compromisos de gasto sin tener crédito suficiente para hacerlo.

También tendrán esa consideración la ausencia de justificación de los fondos con arreglo a la ley de subvenciones, el incumplimiento deliberado de la obligación de reducir el nivel de deuda pública en los términos previstos por la ley y el incumplimiento de las medidas de corrección previstas en la futura ley de estabilidad presupuestaria.

La vicepresidenta ha explicado que, dado su carácter sancionador, la norma no tiene carácter retroactivoPor último, la vicepresidenta ha señalado asimismo como infracción muy grave la conducta consistente en no formular los planes de ajuste o los planes económico-financieros en todos aquellos supuestos que prevé la citada ley.

Sáenz de Santamaría ha señalado que, con este catálogo de infracciones y sus correspondientes sanciones, se busca "que en España las Administraciones cumplan, sean respetuosas y transparentes en la gestión de los fondos públicos y que todos y cada uno de los gestores públicos, y en particular los altos cargos, respondan con carácter personal de su conducta".

La vicepresidenta ha explicado que, dado su carácter sancionador, la norma no tiene carácter retroactivo, pero que "lo importante es que en el futuro no se produzcan casos de esta naturaleza".

"Se busca dar rigor al cumplimiento de las obligaciones financieras, desconocido hasta ahora en España, pero que servirá para devolver credibilidad y hacer que los altos cargos respondan con su propio cargo y con la imposibilidad de acceder a ningún otro si no gestionan como deben", ha concluido.

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