La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó este viernes que la Iglesia será una de las instituciones a las que se aplicarán los criterios de la futura Ley de Transparencia, al recibir mayoritariamente fondos públicos, como otros muchos organismos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno no ha hablado de momento con representantes de la jerarquía católica, como sí lo ha hecho con la Casa del Rey. Aseguró, sin embargo, que al ser una institución que recibe fondos públicos estará sujeta a los criterios de transparencia, aunque no detalló qué información estará a disposición de los ciudadanos.

La vicepresidenta adujo que la fórmula aún debe estudiarse, ya que la Iglesia y otras instituciones no son administraciones públicas, tienen estructuras y composición diferentes y no están sometidas al derecho administrativo.

Saénz de Santamaría reveló que hace pocas semanas se constituyó un grupo de trabajo en el que participan los ministerios de Hacienda, Justicia, Presidencia, Economía y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que estudia las medidas necesarias para reforzar la transparencia y los controles actuales. La Comisión Permanente de Consejo de Estado también será consultada.

Entre las medidas a adoptar están un estatuto del ejercicio de las funciones de los políticos o el control de cuentas de los partidos.

La intención del Gobierno es que la nueva normativa pueda aprobarse con "cierta agilidad", aunque no hay plazos concretos.

El secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, aseguraba este viernes que la transparencia económica "es el modo de actuar de la Iglesia", respecto a la posibilidad de que se le incluya en la futura ley, por lo que ha dicho: "Bienvenida la transparencia porque ya estamos en ella".

"La transparencia es un modo ordinario de funcionamiento en las cuestiones económicas de la Iglesia", explicó el portavoz de la CEE, que recordó que anualmente presentan "a las instituciones competentes" un informe que recoge las actuaciones a las que se destina el dinero procedente de los contribuyentes a través de la declaración de la renta.

Este año, aseguró, una auditoría externa contrastará los datos de este informe. "Si las leyes quieren algo más preciso, estamos dispuestos", destacó.