El Juzgado número 2 de Instrucción de Madrid investiga si Instituciones Penitenciarias coaccionó a presas de la cárcel de Madrid I (en Meco) para que acusaran a los funcionarios expedientados por los supuestos abusos sexuales a internas. 20 minutos destapó este caso el 23 de abril de 2010, cuando publicó la destitución de la cúpula de la cárcel (el director, el subdirector y el administrador).

Hasta la fecha hay 2 funcionarios expedientados. A uno de ellos, A. T. R., le han suspendido de empleo y sueldo durante 32 meses por 7 cargos, entre ellos "mantener relaciones de excesiva confianza con algunas internas". Al otro, M. A. G. L., le han caído 14 meses por 2 cargos: está acusado de abrir 4 celdas y mantener "relaciones impropias" con las reclusas.

Sin embargo, las defensas de los 2 funcionarios acusan a Instituciones Penitenciarias de manipular las pruebas y de presionar a varias reclusas para que inculparan a sus clientes. El sindicato Acaip ha presentado una denuncia contra uno de los inspectores que lleva la investigación por un delito de prevaricación administrativa, ya que utilizó el testimonio de una presa que no pudo presenciar los hechos porque estaba de permiso.

Según la querella, "el denunciado conocía perfectamente que la interna estaba de permiso ese día y permitió que mintiera en su declaración, validó su contenido conociendo la falsedad del mismo y lo utilizó con la intención de perseguir la sanción del funcionario". La reclusa acusó al funcionario de verle cometer ciertas irregularidades la Nochevieja de 2009, algo imposible porque estaba de permiso.

José Ramón López, presidente de Acaip, asegura que Prisiones ha puesto en marcha "una caza de brujas". "Ante el impacto mediático que tuvo el caso, la dirección ha pedido una sanción ejemplarizante, y como no hay pruebas, las inventan. ¿Quién ha ordenado presionar a la presa para que mienta?, ¿y qué ha recibido a cambio la interna?".

El juez, que ha admitido la denuncia, ha llamado a declarar al inspector y a la presa en julio. "No creo que la exreclusa aparezca". Salió en libertad condicional en mayo. Prisiones ha seguido con el expediente disciplinario pese a que la Fiscalía ya archivó la investigación en uno de los casos el 20 de julio de 2010, porque "ningún testimonio ha revelado que el funcionario haya solicitado favores sexuales de las internas".

En el segundo caso, el del funcionario que abrió cuatro celdas una misma noche, el juez ya tiene en su poder más pruebas que apuntan a nuevas coacciones. "Se han ejercido presiones sobre las internas para que declaren contra mi cliente", señala su abogado.

Cinco reclusas declararon en contra del funcionario diciendo que esa noche escucharon música en las celdas y sonidos compatibles con el sexo, pero este diario ha tenido acceso a cartas de esas internas, en manos del juez, en las que reconocen que fueron presionadas para mentir. Una de ellas asegura que si no decía lo que le pedían le quitaban el trabajo en el economato de la cárcel. A otra la amenazaron con separarla de su pareja (las dos, lesbianas, cumplían condena juntas). Otra, que declaró a favor del funcionario, asegura que recibió la visita de inspectores que le invitaron a cambiar su declaración.

El letrado estudia ya presentar otra querella contra Prisiones para que se depuren responsabilidades. Y es que según Acaip, Instituciones Penitenciarias quiere "cabezas de turco" en este caso. Asegura que han pedido 14 pruebas para defender a uno de los funcionarios, y que todas han sido denegadas. La propia Inspección reconoce en el expediente que la declaración de la reclusa que mintió no es válida, pero la usa para refrendar ciertos cargos.

El escándalo de los abusos en Meco explotó a finales de 2009 debido al cruce de acusaciones entre funcionarios. En abril de 2010, días antes de que se destituyera a la cúpula de la cárcel, la Inspección, en una reunión con los sindicatos, estableció un "plan de choque por el deterioro generalizado", un plan que recordaba a los funcionarios que "no se puede tomar alcohol con las presas, ni tener móvil en el centro, y no se podían tener relaciones personales, y menos sexuales".

Pero ¿por qué este plan? Prisiones ya sabía desde febrero las acusaciones de posibles abusos de funcionarios a presas a cambio de favores, y más en concreto se acusaba a las "funcionarias de que se acostaban con internas". La guerra se desató cuando un grupo de funcionarias, apodadas las Talibanas, fueron recibidas en el despacho de Mercedes Gallizo, secretaria general. Una de ellas es sobrina de un ex alto cargo de Prisiones. En esa cita se calificó a Meco de "Sodoma y Gomorra". Ellas acusaron a sus compañeros de los abusos.

Fue la gota que colmó el vaso y Gallizo decidió destituir a la dirección del centro. Pocas pruebas se han encontrado, porque muy pocas reclusas han hablado delante de los inspectores. Y las pocas que lo han hecho han acusado más a las funcionarias que a los funcionarios. ¿Por qué la Inspección no ha actuado contra ellas? De momento no hay respuesta.

Acaip denuncia que Prisiones ha retrasado "intencionadamente" la declaración del inspector denunciado, ya que hace la secretaria general se ‘equivocó’ hace unos días y envió la notificación de declaración a un preso de Murcia que tiene los mismos apellidos que el inspector.

Otoño de 2009. Rumores. La dirección de Instituciones Penitenciarias empieza a recibir "comentarios sobre situaciones irregulares en Madrid I (mujeres)".

20 de enero de 2010. Primera denuncia. Una funcionaria presenta la primera denuncia interna contra un compañero.

Mediados de febrero. Actúa la Inspección. Varios funcionarios relatan irregularidades a la Inspección: "Falta de control horario de funcionarios, permisividad de relaciones entre funcionarios e internas, uso de alcohol...".

7 de abril de 2010. Segunda denuncia. El director de Madrid I informa a la dirección general de las irregularidades de un segundo funcionario. El 12 de abril se le abre expediente y se le suspende provisionalmente.

19 de abril de 2010. Destitución de la cúpula. Prisiones destituye al director, al subdirector de Seguridad y al administrador de la prisión, porque "no valoraron adecuadamente la gravedad de los hechos ni actuaron con diligencia y contundencia".

19 de abril de 2010. Segundo expediente. Inspección abre otro expediente al primer funcionario denunciado en enero.

23 de abril de 2010. 20 minutos lo destapa. Este diario destapa los presuntos abusos de funcionarios a presas. El caso llega a la Fiscalía y al Congreso.

16 de junio de 2010. Explicaciones en el Congreso. La secretaria general de Prisiones, Mercedes Gallizo, comparece en el Congreso y reconoce que hubo "relaciones impropias" en la prisión. Ya había comparecido en mayo en el Senado.