Aunque coloquialmente 2020 lo llamamos "año de mierda", lo acabamos con la esperanza puesta en las vacunas, que nos iban a permitir derrotar al virus a la que el 70% de la población española estuviera inmunizada. Parecía que iba a ser así y en octubre creímos que habíamos dejado atrás la pandemia. Por eso ahora mismo, ante unas fiestas navideñas tan deslucidas, la frustración es enorme. A la hipercontagiosa variante ómicron se añade que las vacunas actuales pierden efectividad a los seis meses y tenemos que volvernos a pinchar una tercera y seguramente una cuarta vez. Y, sin embargo, no hay razones para el miedo ni para el fatalismo.

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El virus se ha vuelto más contagioso, pero es menos virulento, mata menos. Y pese a que las vacunas no nos impiden infectarnos, han demostrado que reducen en porcentajes altísimos las muertes y las hospitalizaciones. Por tanto, si antes pecamos de ingenuidad, ahora tampoco deberíamos caer en el pesimismo. La pandemia no se ha acabado, pero probablemente estamos cerca del final.

Lo que sigue decepcionando son las respuestas políticas. Sacamos muy buena nota en la campaña de vacunación, pero nos hemos dormido en los laureles y el suministro de la dosis de refuerzo va tarde por razones organizativas de las comunidades autónomas, que no por falta de vacunas. Hay diferencias notables por territorios: aplausos a Galicia, Castilla y León o Asturias y estirón de orejas a los responsables sanitarios de Andalucía, Madrid y Cataluña.

Por lo demás, seguimos con bastante desbarajuste en cuanto a las medidas que se adoptan en cada autonomía, que al mismo tiempo dependen de lo que los tribunales de justicia de cada territorio aprueban. Que se sigue haciendo política con la pandemia se demuestra en que Isabel Díaz Ayuso ha querido de nuevo desmarcarse no aplicando en Madrid el pasaporte Covid, mientras Pere Aragonès aplica restricciones y toques de queda para esconder el abandono de la Atención Primaria que también se sufre en Cataluña. No iría mal una ley de pandemias, como pide el PP, aunque seguro que si el Gobierno la propusiese la oposición no la votaría.

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Entre tanto, Pedro Sánchez, haciéndose eco de las peticiones de diversos presidentes autonómicos, decreta la obligatoriedad de las mascarillas en los exteriores, una medida cuestionada por muchos científicos porque no sirve para nada. Para el escritor Daniel Gascón, "es pura concesión a la irracionalidad, un abuso de la disciplina ciudadana". La demostración de que los gobiernos son capaces de imponer normas a sabiendas de que son inútiles, solo porque a veces hay que hacer ver que se hace algo. En cualquier caso, de cara al 2022, mejor conservar algo de ingenuidad, también en política, que caer en el pesimismo.