¿Os imagináis acudir a un hospital contagiados por la COVID-19 y que sólo nos atendieran en función de nuestra capacidad económica o el color de nuestra piel? Seguro que nos parece impensable y algo que sucede sólo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Pero, ¿os imagináis acudir a un hospital contagiados por la COVID-19 y que no pudieran atendernos porque no hay suficientes camas? Esto ya no nos parece tan lejano. De hecho, en Comunidades como Madrid nos ha sucedido. Y es algo que no puede volver a pasar jamás.

Ha tenido que llegar una pandemia mundial para que toda la población confirme lo que ya intuíamos, el imprescindible papel de los servicios públicos en nuestras vidas.

Los servicios públicos nos sostienen desde que nacemos en un hospital, y adquieren más relevancia conforme se desarrollan el resto de etapas de nuestras vidas como sucede en el caso de la educación, los servicios sociales, la vivienda social, el transporte público, o ya en la vejez, con el sistema de dependencia o las pensiones. En definitiva, los servicios públicos constituyen un bastón necesario para garantizar, nada más y nada menos, que el ejercicio de nuestros derechos fundamentales.

Efectivamente, muchos podrán alegar que no son tan imprescindibles, porque se puede nacer en una clínica privada, ir a un colegio privado, y si de mayor tienes mucho dinero pagar una buena residencia. Sin embargo, ese pensamiento no sólo es profundamente egoísta pues la clave está en garantizar el ejercicio de estos derechos de forma universal, independientemente de cual sea la posición social que ocupas o el apellido que tengas. Si no que además es profundamente ineficaz, tal y como la pandemia nos está demostrando. Además hay que recordar que fue la sanidad privada la primera en manifestar que no atendería casos de COVID-19 ni siquiera a sus asegurados. No tener claro esto que parece una perogrullada nos ha llevado a permitir décadas de recortes en nuestros servicios más esenciales.

Por eso, cuando se recortan servicios públicos, se reducen camas en hospitales, se vende vivienda social o residencias de ancianos a fondos buitre ,se recorta el gasto en dependencia, se congelan las pensiones, o se privatiza la sanidad lo que sucede es que se recortan nuestras vidas y, nuestra sociedad se vuelve más injusta.

Si podemos extraer algún aprendizaje de esta crisis es la necesidad de promover, proteger y garantizar unos servicios públicos universales y de calidad, que en nuestro país aún estamos lejos de alcanzar, sobre todo en zonas rurales.

Para que os hagáis una idea, nuestro país está por debajo de la media de la Unión Europea en gasto sanitario (-1,1%), ocupando el puesto vigésimoquinto en el ranking del número de camas en hospitales. Esto fundamentalmente se traduce en que sólo tenemos 243 camas por cada 100.000 habitantes y una parte importante de nuestro personal sanitario tienen contrato temporal y precario.

Por su parte, los datos del sistema de dependencia no son más alentadores pues se sitúan en más de 425.000 personas en listas de espera. Otra cifra escalofriante es el recorte de más de 2.200 millones de euros en servicios sociales del año 2013 cuando aún padecíamos las peores consecuencias de la crisis de 2008. En cuanto a la vivienda pública, nuestro pírrico parque de vivienda social se sitúa en torno al 1,5%, mientras que los países de nuestro entorno garantizan un 20%.

Estas cifras deben revertirse de inmediato. Sobre todo teniendo en cuenta que, como consecuencia de esta crisis sanitaria económica y alimentaria, se prevé que nuestros servicios sociales pasen de atender de 6 a 10 millones de usuarios en los próximos meses.

Sólo desde lo público, desde lo común podremos salir de esta. Esperemos que esta moraleja la aprehendan también, los que hasta la fecha, se han permitido recortarlo.