Los controladores aéreos no hablan ante el juez, pero sí se explayan fuera. Su situación, en estos momentos y una semana después de que sus movilizaciones provocaran el cierre del espacio aéreo español, está condicionada por un control militar, varios procesos abiertos y otros tantos expedientes en curso. Ellos siguen defendiendo que no son unos privilegiados y que su actuación ha sido el último recurso que tenían: "No podemos más".

Las penas de hasta ocho años de cárcel a las que podrían enfrentarse 440 trabajadores deberían ser "para el ministro (José Blanco) y los de Aena" por su gestión "lamentable y ridícula". Así lo cree Cristina Antón, la controladora bloguera cuyas opiniones sobre el conflicto han suscitado una gran polémica tanto en la Red como en los medios tradicionales. Lleva trabajando 14 de sus 45 años controlando el tráfico aéreo, primero en Madrid, luego en Barcelona y ahora en Palma Mallorca y asegura que ella y sus compañeros son, hoy por hoy, la "cortina de humo" del Gobierno para tapar, entre otras cosas, la anunciada privatización parcial de AENA.

"37 de 45 aeropuertos están en números rojos", explica, "no los va a querer nadie. Vamos a tener pistas de petanca por todos los lados". Un problema que se suma al de sus condiciones laborales, modificadas por el último decreto ley – "Todo con tal de no sentarse a negociar"-, que desencadenó un "ataque de nervios colectivo". La cuerda se rompió como consecuencia de una tensión que le recuerda, dice, a la del caso de France Telecom: "Y allí se han suicidado 44 tíos". Antón opina que se les está tratando como a criminales -"Somos civiles no etarras"- sólo por reivindicar sus derechos ante un Ejecutivo que, concretamente a ella, le ha "crujido el sueldo" un 40%.

"Nosotros no tenemos derecho a la huelga. No ganamos juicios porque somos controladores, podemos ponernos de baja, pero entonces nos ponen inspectores de la seguridad social. Nos han acorralado", argumenta la controladora, que como los demás trabaja desde el sábado a las órdenes del Ejército del Aire, un "despropósito" producto de la "imprevisión" del gabinete de Rodríguez Zapatero, que "sabía" que, tras estipular un horario de 1670 horas en abril para los controladores, "se iban a quedar sin horas en noviembre. Llevamos tiempo diciendo que esto iba a pasar". El convenio, ahora "intolerable", ha sido prorrogado "año tras año" sin rechistar.

A los pasajeros que se quedaron atrapados en las terminales españolas durante al menos 48 horas durante el puente de la Constitución "ni les va ni les viene" todo este follón, pero sí que han sufrido "la desgracia" de estar en medio del conflicto. La culpa también es, a su juicio, de AENA, cuya última propuesta tenía "perlas como que si me despiden y un juez dice que deben readmitirme, ellos no tiene esa obligación", sentencia. Antón está representada, como la mayoría de los controladores, por el sindicato USCA – "el mejor que hemos tenido"-, cuyos líderes son señalados por el Ministerio de Fomento como instigadores de la "huelga salvaje".

Una de las caras visibles de USCA, el periodista César Cabo, ha llegado a decir en una entrevista a El Periódico de Cataluña que el Gobierno "tenía la militarización preparada" pero que, a pesar de todo, los controladores trabajan "bastante mejor" bajo las órdenes de los mandos que bajo las de AENA, que decidía "con menor precisión los aviones que cabían por ruta". Lo suyo, asegura, fue "casi un suicidio colectivo, una reacción desmedida que no se repetirá" y por la que se ha disculpado ante los ciudadanos. Los controladores, explica, no tenían intención de hacer huelga, pero la sucesión de acontecimientos y decretos les "incendió".

El también controlador ha insistido, por otra parte, en que fue AENA la que decidió cerrar el espacio aéreo cuando "muchos seguían trabajando" y se pregunta por qué Fomento no expedientó directamente a los trabajadores de Santiago; en cuanto a la presentación masiva de bajas injustificadas, apunta que habría que probar que esto ha sido así. De "asfixiante" ha calificado, además, la situación laboral que padecen tanto él como sus compañeros, a pesar del "buen sueldo", y se muestra dispuesto a "afrontar las consecuencias" tras el parón. Su sindicato, no obstante, ha recurrido ante el Tribunal Supremo las decisiones del Gobierno.

En concreto, ha impugnado el Real Decreto de 3 de diciembre dictado por el Ministerio de Presidencia para ordenar la militarización del espacio aéreo, así como el Real Decreto de 4 de diciembre que estableció el Estado de Alarma por primera vez en democracia. No pueden llevar a cabo acciones sindicales al estar considerados como personal militar, por lo que piden al TS que les requiera para certificar que han tomado la decisión de recurrir y que se lo comuniquen a las autoridades competentes. El vicepresidente Pérez Rubalcaba ha reiterado este viernes tras el Consejo de Ministros que, "si es necesario", el Gobierno prolongará el Estado de Alarma.

Mientras tanto, la Fiscalía del Área de Vigo ha decretado el archivo de las diligencias penales abiertas contra ocho controladores y la de Euskadi cree que suyos serían "meros partícipes" y no impulsores de la huelga ilegal. El próximo lunes, otros ocho trabajadores acudirán a la Audiencia Provincial de Madrid para declarar sobre su no presentación o abandono del puesto de trabajo. El próximo dolor de cabeza para el Ejecutivo podría venir con las sentencias: "En el momento en el que le toquen el pelo a uno de mis compañeros pongo mi cargo a disposición de la empresa y entonces que controle el servicio aéreo el ministro", avisa Antón.