Los seis controladores aéreos citados este viernes a declarar ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid han mantenido una actitud "idéntica" a la de sus compañeros ayer, al acogerse a su derecho de no declarar por entender que la jurisdicción competente en este caso es la militar.

Así lo ha explicado el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban, que mantiene la citación para el próximo lunes de otros ocho controladores denunciados, ya que son un total de veintiséis los que han sido llamados a declarar sobre su no presentación o abandono del puesto de trabajo entre la tarde del pasado viernes y la mañana del sábado.

"Parece obvio que van a seguir así, pero seguiremos adelante", ha señalado el fiscal jefe, que ha explicado que la próxima semana se estudiará la remisión de los hechos a un Juzgado de Instrucción de Madrid para que los investigue.

Este jueves comparecieron ante la Fiscalía los doce primeros controladores, que alegaron, al igual que han hecho este viernes sus compañeros, que se pensarán declarar cuando sean citados por el juez competente porque consideran que "dada la militarización y estado de alarma", no sería competente la jurisdicción ordinaria, sino la militar.

La Fiscalía les aclaró que la competente es la jurisdicción ordinaria, ya que los hechos por los que les quería preguntar el Ministerio Público ocurrieron antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma. Durante la comparecencia, no se han pedido tampoco medidas cautelares ya que -según ha indicado el fiscal jefe- no se trataría de una medida justa, sino desproporcionada, especialmente porque son 175 los controladores que se pretendían investigar en Madrid y los citados son 26.

Esteban ha explicado este viernes además que la Fiscalía está pendiente de recibir una diligencia policial que había solicitado y que no ha concretado. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró que el Ministerio Público propondrá penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición.