El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho en Zaragoza que se propondrán penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición.

Así lo ha anunciado el fiscal general antes de presidir una reunión de la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas en la capital aragonesa, en la que se ha incluido por vía de urgencia tratar el conflicto de los controladores y sus repercusiones penales.

Conde-Pumpido ha dicho que los hechos protagonizados por los controladores suponen un delito "muy grave" sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.

En opinión del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado las vías legales previstas en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España.

Conde-Pumpido ha confirmado que hay más de 20 diligencias abiertas en las diversas fiscalías de las comunidades autónomas y más de 400 personas a las que se exigirá la correspondiente responsabilidad, por lo que en cada órgano judicial, donde exista un aeropuerto y se haya cometido un hecho delictivo "habrá que abrir un procedimiento".

"Aquí se ha cometido un delito de sedición en cada aeropuerto y eso puede dar lugar a procedimientos distintos", ha precisado el fiscal general, quien ha comentado que "la coordinación" se va a hacer en la Junta de Fiscales para tratar de "establecer las reglas por las cuales el Ministerio Fiscal incoará los procedimientos y los trasladará después a los órganos judiciales correspondientes".

Respecto al estado de alarma, ha considerado que está previsto en la Constitución para estados de emergencia, para resolver un problema que afecta a un gran número de ciudadanos, y en este caso existen cientos de miles de perjudicados y la paralización de un servicio público esencial, ha recordado.

Este jueves la Fiscalía de Madrid comenzará a tomar declaración a una treintena de los más de cien controladores que faltaron a su puesto de trabajo o que lo abandonaron entre el pasado viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

Los controladores deberám ofrecer sus explicaciones de por qué abandonaron sus funciones en el aeropuerto de Barajas y en la base aérea de Torrejón de Ardoz.

Cándido Conde-Pumpido ha manifestado que el delito al que deberán hacer frente los controladores aéreos es al de sedición, es decir, al abandono de sus funciones que "de manera concertada provocaran la paralización de una aeronave o, como en este caso, de toda la navegación aérea".

La Fiscalía de Madrid no se cree la explicación de una enfermedad común, no le "parece asumible que a todos les haya pasado la misma causa, una enfermedad que definen como de disminución de su capacidad psicofísica y que les haya ocurrido a todos a la vez".