Por segunda vez en lo que va de semana, el PSOE se asoma al abismo en el Congreso. La reforma de la ley de suelo impulsada por los socialistas y aprobada por el Gobierno llega este jueves a la Cámara Baja con el rechazo explícito de su socio de coalición, Sumar, y de buena parte de los aliados parlamentarios. Después de que la fórmula que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez se descosiera hace dos días en la votación de la ley contra el proxenetismo, la crisis entre los socios de coalición se acrecienta. Los de Yolanda Díaz no se oponen ahora a una propuesta presentada por el PSOE en solitario como hicieron el martes, sino a un proyecto de ley aprobado por un Consejo de Ministros del que forman parte. Para continuar con la tramitación del cambio en la ley del suelo, los socialistas dependen del PP, que todavía no ha desvelado cuáles son sus intenciones.
El Congreso vota este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos, ERC y Junts al proyecto impulsado por el PSOE. El Ejecutivo reactivó a finales de marzo esta modificación de la ley del suelo después de que el adelanto electoral impidiera su tramitación en la legislatura pasada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el nuevo texto dará mayor "estabilidad, certeza y seguridad jurídica" y agilizará al desarrollo urbanístico, al permitir subsanar errores formales "menores" cometidos durante la elaboración de los planes generales de ordenación urbanística, que son los instrumentos básicos para organizar el territorio en las ciudades y determinar, por ejemplo, cuál es el uso del suelo y en qué condiciones se puede construir.
La elaboración de estos planes requiere cumplir con múltiples requisitos y documentación, como memorias justificativas, informes ambientales, económicos y trámites para garantizar la participación ciudadana. La complejidad del proceso ha provocado que con frecuencia se produzcan fallos procedimentales y, en consecuencia, que los tribunales paralicen y anulen planes de ordenación urbanística en bloque al detectar errores. "Se cuentan por decenas los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que se han anulado y que continúan anulándose, generando una amenaza grave para la seguridad jurídica", expresa el proyecto de ley que está tramitando el Congreso.
Según la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), esta paralización y anulación de planeamientos urbanísticos afecta a cerca de un centenar de municipios. El PSOE quiere sortear este obstáculo permitiendo corregir errores formales "menores", como la ausencia de algún informe suplementario, y evitar así que un fallo subsanable suponga necesariamente tumbar todo el plan.
El debate de este jueves supone el primer paso en la andadura parlamentaria de la reforma de la ley del suelo, comprometida para 2025 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Cámara Baja decidirá si admite o no las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos, ERC y Junts, que se oponen a tramitar el proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo e instan a su devolución al Consejo de Ministros.
La formación morada critica que la propuesta del PSOE es "prácticamente la misma" que en 2018 intentó sacar adelante el Ejecutivo de Mariano Rajoy y argumenta que "implica una eliminación injustificada de trámites y garantías urbanísticas que solo colabora a potenciar la especulación urbanística". En concreto, aseguran que cercena el derecho de los ciudadanos a impugnar proyectos urbanísticos que vulneren la ley, algo que niegan los socialistas.
Fuentes del Ministerio de Vivienda recalcan que la modificación de la ley del suelo mantiene la acción pública en materia urbanística, aunque para que una persona física o jurídica pueda recurrir un plan general tendrá que tratarse de un interesado en el proceso. De este modo, se acota esta capacidad de acción para evitar prácticas "espurias" que, según fuentes del departamento de Isabel Rodríguez, vienen produciéndose, al existir despachos de abogados especializados en recurrir planes de ordenación urbanística que se dedican a detectar defectos de forma y chantajear a la administración pidiendo una contraprestación a cambio de no llevarlo a los tribunales.
Además, Podemos también asegura que la modificación de la ley del suelo en los términos planteados por el PSOE limita el derecho de reversión -es decir, la posibilidad de recuperar un terreno expropiado para un fin público y social cuando cambie de propiedad y deje de atender a su fin colectivo-. Los morados sostienen que se trata de una maniobra "ad hoc para solucionar problemas concretos del proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte", aunque desde el Ministerio de Vivienda niegan que este derecho se modifique en la reforma planteada. Fuentes ministeriales explican que el proyecto de ley se limita a crear una fórmula a través de la cual proceder al cambio de propietario en el Registro una vez dirimido el derecho de reversión en los términos previstos actualmente en la normativa.
Una reivindicación municipal
Por su parte, las formaciones independentistas reprochan al Ejecutivo falta de diálogo y de competencia. En ese sentido, ERC justifica su enmienda a la totalidad por la "ausencia de negociación satisfactoria del proyecto con la Generalitat, administración competente en materia de vivienda", mientras que Junts denuncia que el texto no contempla la participación de los entes locales, a los que el Estatuto de Autonomía de Cataluña "garantiza un núcleo de competencias propias que deben ser ejercidas por estas entidades con plena autonomía". Desde el Ministerio de Vivienda subrayan que la elaboración del proyecto de ley ha sido "escrupulosa" con las competencias locales y autonómicas y recuerdan que el cambio normativo ha sido reclamado por municipios y comunidades de todas las sensibilidades políticas.
Asimismo, fuentes del departamento ministerial recalcan el compromiso del Gobierno con facilitar la labor de los municipios en materia de planeamiento urbanístico y dotarlo de más transparencia, al prever la creación de una plataforma telemática en la que sea posible consultar el estado de los informes solicitados para la elaboración de los planes generales. Además, la reforma de la ley del suelo pretende también agilizar la construcción de vivienda pública, al establecer un silencio positivo para la concesión de licencias en promociones destinadas al alquiler social y asequible impulsadas por las administraciones públicas.
También Sumar ha evidenciado sus discrepancias con la modificación impulsada por el Ministerio de Vivienda y ha adelantado su rechazo, pese a no haber presentado ninguna enmienda a la totalidad. La líder de la formación y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, recalcó que en materia urbanística su planteamiento es "radicalmente diferente" al de sus socios de coalición y afirmó que la propuesta del PSOE da pie a "especulación y corrupción" al promocionar la construcción "sin límites" y eliminar garantías jurídicas. "Esta ley hace lo contrario de lo que se necesita, que los constructores se salten a la torera los controles y dificulta a los vecinos denunciar", había valorado previamente Íñigo Errejón, portavoz del partido.
Tampoco el PP se muestra satisfecho con la propuesta, si bien tampoco descartan apoyarla y reconoce que se basa en la reforma que su formación trató de acometer en 2018. "Podemos estar conformes con el objetivo final, pero no con la ambición que han puesto en esa ley. Si nos van a copiar, cópiennos bien", expresaba la semana pasada la diputada popular Sol Cruz-Guzmán en la Comisión de Vivienda del Congreso. En ese sentido, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, considera que el texto aprobado en el Consejo de Ministros "nace cojo" porque olvida incluir la reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa-administrativa, que desde el PSOE no consideran pertinente. "La reforma de la ley del suelo es necesaria, pero nos encontramos ante un Gobierno bloqueado", ha señalado Martín.
Podemos, ERC, Junts y Sumar aglutinan un total de 44 diputados que, sumados a los de PP y Vox bastarían para tumbar la modificación de la ley del suelo en su primer debate parlamentario. El voto de los populares es clave para sacar adelante el texto. El Ministerio de Vivienda insiste en que trabaja para buscar el apoyo de todos los grupos políticos y en que están abiertos a mejorarlo. En caso de que el Congreso apruebe este jueves los planteamientos de Podemos, ERC o Junts, la Cámara Baja no continuará con la tramitación del texto propuesto por el Ejecutivo, que necesita la negativa de la mayoría simple del pleno a las enmiendas totales para continuar su andadura parlamentaria y ser discutido en la Comisión de Vivienda.
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