El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto para la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, un paso que ya dio en la pasada legislatura, pero que quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones. "Se ha aprobado la modificación de la ley de suelo, que se envía para su debate y tramitación en el Congreso", ha anunciado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.
El objetivo del cambio normativo es, según ha señalado Alegría, "dar seguridad jurídica" al desarrollo urbanístico en España y atender las reivindicaciones de los ayuntamientos, que en los últimos años se han enfrentado a la suspensión de numerosos planes de ordenación urbanística en los tribunales. "Con esta modificación de la ley de suelo se da estabilidad, certeza y sobre todo seguridad jurídica", ha reiterado Alegría. En la misma línea, desde el Ministerio de Vivienda aseguran que el nuevo texto simplificará y agilizará los procesos de planeamiento urbanístico y defienden que ayudará a promover actuaciones de rehabilitación y construcción.
Este es principalmente el motivo que alegan desde Sumar, el socio minoritario de la coalición de Gobierno, para oponerse a este texto. En su opinión, puede dar lugar a la convalidación de irregularidades urbanísticas, al tiempo que restringe el acceso a la acción pública, limitando la capacidad de acción de los ciudadanos. De este modo, considera que la norma, tal y como está planteada, no responde adecuadamente al objeto declarado por la norma de reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación urbanística.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya había adelantado en las últimas semanas la intención del Gobierno de retomar la modificación de la ley de suelo, que decayó en la pasada legislatura y no llegó a ser debatida en el Congreso. "Se tata de evitar lo que viene ocurriendo con los planes de ordenación urbanística: su paralización completa ante un defecto menor", reiteró la semana pasada en la Comisión de Vivienda del Senado, señalando así el objetivo de incluir en la norma la posibilidad de subsanar errores en la elaboración de estos planes como, por ejemplo, la falta de algún informe.
El adelanto electoral impidió el año pasado que la modificación de la ley de suelo iniciara su andadura parlamentaria, después de que el Gobierno aprobara el anteproyecto en diciembre de 2022. Ese mismo texto es el que este martes ha vuelto a aprobar el Consejo de Ministros, según aclaró Rodríguez en el Senado. "No vamos a alterar el primer borrador", avanzó.
En las últimas semanas, la ministra de Vivienda se ha mostrado confiada en que el cambio normativo llegará en esta ocasión al Congreso de los Diputados y recibirá luz verde para su aprobación definitiva. "Espero poder contar con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios para dar la tranquilidad y seguridad que necesitan los planeamientos urbanísticos con el fin de atender la necesidad de vivienda en nuestro país", expresó la ministra a finales de febrero en un almuerzo informativo organizado por el Club Siglo XXI.
Aparte de Sumar, quien ya ha anunciado que no respaldará la iniciativa es Podemos. La secretaria de Acción Institucional de la formación morada, María Teresa Pérez, adelantó este lunes que su partido se opondrá en el Congreso porque considera que la iniciativa da "vía libre a la cultura del pelotazo" y a la especulación "sin límites" por parte de "fondos buitre". Podemos afea al Gobierno de Pedro Sánchez que el anteproyecto aprobado este martes sea "prácticamente" igual al que ya intentó sacar adelante el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.
Hace seis años fueron los populares quienes trataron de modificar la ley de suelo, aunque el cambio tampoco llegó a fructificar. Más recientemente, el partido de Alberto Núñez Feijóo incluyó en el programa con el que se presentó a las elecciones generales el año pasado su voluntad para dar "perdurabilidad" a los planes urbanísticos "cuando se impugnen cuestiones no estructurales", una postura que podría posibilitar un acuerdo entre socialistas y populares para sacar adelante la modificación de la ley de suelo en esta ocasión.
Preguntada por este posible acuerdo con el PP, Alegría ha recalcado la "vocación" del Gobierno de "contar con un amplio consenso" en la Cámara Baja para aprobar este cambio normativo, que ha recalcado que "ha sido muy demandado por los ayuntamientos". "La primera percepción que hemos recibido de la gran mayoría de los grupos parlamentarios es de una vocación de poder aprobar esta ley, pero ahora empieza su trámite en el Congreso", ha concluido la portavoz.
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