Este martes arrancó la consulta pública de las reformas de las leyes de discapacidad y dependencia que prepara el Gobierno y mediante las cuales se pretende transformar el sistema de cuidados en España, para reforzar la asistencia personal, ampliar el catálogo de prestaciones y blindar el derecho a la teleasistencia y a la atención al domicilio. La norma es uno de los compromisos que contrajo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al asumir el cargo, y constituye una de las varias reformas que pretende impulsar para avanzar hacia un nuevo modelo basado en la desinstitucionalización y, por ende, personalización de los cuidados.
"Envejecer con bienestar es una conquista social y también es un reto democrático, en el sentido de que no puede depender del patrimonio, de la riqueza o de la familia o el barrio donde viva cada cual; tenemos derecho a envejecer en condiciones de autonomía y de bienestar", defendió Bustinduy hace una semana, tras anunciar la reforma ambas leyes, "para cumplir los mandatos de la reforma del nuevo artículo 49 de la Constitución y para adecuarlas a los principios de plena autonomía de accesibilidad y de derecho".
El objetivo, según aseveró entonces, es que ambas reformas reciban el visto bueno del Consejo de Ministros "lo antes posible" para que puedan encaminar su tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado. Pero antes deberán pasar por esta fase de consulta pública que el Ministerio de Derechos Sociales ha fijado hasta el próximo 28 de mayo, y durante la cual se recabarán las opiniones de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones potencialmente afectadas por la futura norma.
Un nuevo modelo de cuidados de proximidad
Por ahora no se han desgranado grandes detalles de las leyes, aunque Bustinduy ya ha ido manifestando los focos en los que pretende centrarse para su elaboración. En una entrevista para 20minutos, el ministro de Derechos Sociales reivindicó una "revolución del modelo de cuidados", que repercuta tanto en las personas cuidadas como en las que cuidan, que son en su mayoría mujeres y con unas condiciones laborales habitualmente bajas. Según datos del INE, el 62% de los cuidadores dice que tiene problemas de salud derivados de los cuidados; y, a los ocho años de estar prestándolos, el 56% se siente deprimido y el 63% ha tenido que ponerse en tratamiento para poder llevar la situación.
"La solución no puede ser la de seguir construyendo macroinfraestructuras para institucionalizar a las personas. La gente tiene que estar en su domicilio mientras sea posible", defendió a este periódico. En esa línea irá, de hecho, la Estrategia de cuidados y desinstitucionalización 2024-2030, en la que igualmente trabaja su departamento y la cual prevé llevar a Consejo de Ministros en las próximas semanas, junto a un "gran esfuerzo presupuestario y de financiación" para las cuentas de 2025.
Se trata de la hoja de ruta, del paraguas bajo el cual se irán desplegando todas las iniciativas del Ministerio de Derechos Sociales encaminadas a hacer efectivo ese cambio en el sistema para los próximos años. "Lo que vamos a presentar es un nuevo modelo de cuidados en proximidad", detallan a 20minutos fuentes de Derechos Sociales, que precisan que el objetivo final no es otro que el de reformar el concepto de "macroresidencias" e incentivar los cuidados de cercanía, para intentar, en la medida de lo posible, que las personas mayores y dependientes no tengan por qué necesariamente ir a las residencias o a los centros de día, y puedan quedarse en sus domicilios para ser atendidas ahí, en contacto con su entorno.
"Vamos a cometer esta transformación del modelo de cuidados apostando por un giro copernicano en las políticas públicas, teniendo en cuenta las preferencias, los deseos y las necesidades de las personas que requieren de estos servicios. Intentando hacer posible y viable lo que estas personas, cuando se les pregunta, responden, que es que en más de un 90% quieren permanecer en sus domicilios y tener una vida lo más autónoma e independiente posible durante todo el tiempo que sea posible", insistió Bustinduy durante una visita a la sede del Imserso la semana pasada.
Este fue también uno de los acuerdos de Gobierno alcanzados entre el PSOE y Sumar, que pactaron adaptar la ley de dependencia actual para impulsar un cambio en el modelo y mejorar la calidad de la atención, "personalizando los apoyos" y "priorizando la atención domiciliaria frente a la residencial".
"Además, trabajaremos por garantizar el servicio de teleasistencia como derecho subjetivo y el cumplimiento del Acuerdo de Acreditación (el nuevo modelo de residencias), acordado con las comunidades autónomas en el seno del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia", fija el acuerdo entre las dos formaciones que conforman el Ejecutivo.
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