El Consejo de Ministros ha aprobado este martes prorrogar hasta 2028 la moratoria para suspender desahucios por impago de hipotecas. El Gobierno ha ampliado esta herramienta de protección a familias vulnerables apenas un día antes de que venciera su plazo, una dilación que pactó a principios de año con Podemos a cambio del respaldo de los morados a las medidas anticrisis. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calcula que esta iniciativa está evitando alrededor de 30.000 desahucios a hogares vulnerables.

La suspensión prorrogada este martes tiene su origen en una moratoria inicial aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy tras los estragos provocados por la crisis de 2008. La medida puesta en marcha por aquel entonces ha sido modificada en varias ocasiones -la última en 2020 tras la irrupción de la pandemia- hasta fijar un plazo de once años durante los cuales prohibía desalojar de su vivienda habitual por el impago de la hipoteca a personas en situación de "especial vulnerabilidad". Ese lapso de tiempo finalizaba este miércoles 15 de mayo y ha sido ampliado hasta la misma fecha de 2028.

En concreto, la medida busca proteger a familias numerosas, monoparentales con al menor un hijo a cargo y aquellas que contengan menores de edad, así como a aquellas con algún miembro en situación de dependencia o con una discapacidad igual o superior al 33% y a las víctimas de violencia de género. La moratoria también ampara a aquellas personas con deudas hipotecarias que se encuentren en paro o sean mayores de 60 años. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que lleva meses reclamando la prórroga, cifra en 30.000 los hogares que actualmente se benefician de esta protección.

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Además, para acogerse a esta suspensión de los desahucios hipotecarios las familias han de cumplir también una serie de requisitos económicos. El conjunto de ingresos de los miembros del hogar no debe superar el límite de tres veces el IPREM anual en 14 pagas, que actualmente se sitúa en 8.400 euros. Por lo tanto, las rentas de los potenciales beneficiarios no han de exceder los 25.200 euros, aunque ese límite se amplía en los casos donde algún integrante se encuentre en situación de dependencia o tenga una incapacidad, así como en función del número de hijos. También debe darse la circunstancia de que en los cuatro años anteriores a la solicitud de la suspensión del desahucio, la familia haya sufrido una "alteración significativa de sus circunstancias económicas" y  que la cuota hipotecaria supere el 50% de sus ingresos netos.

El esfuerzo para pagar la vivienda ha crecido notablemente en España en los últimos tiempos. En el caso de los propietarios, los hipotecados con préstamos a tipo variable han tenido que hacer frente a un alza en las cuotas mensuales por la escalada del euríbor -el índice de referencia para la inmensa mayoría de hipotecas a tipo variable en España-, que pasó de estar en negativo entre 2016 y los primeros meses de 2022 a registrar en la segunda mitad del año pasado niveles máximos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, por encima del 4%. La suspensión de desahucios ampliada hasta 2008 afecta solamente a aquellos casos en los que el préstamos sobre el que se ha producido el impago haya sido concedido para la única vivienda en propiedad del deudor.

Los desahucios caen un 30% en 2023 y tres de cada cuatro se deben a impagos en el alquiler

La prórroga de cuatro años aprobada este martes por el Gobierno fue un requisito al que Podemos condicionó a principios de año su apoyo al Ejecutivo en el Congreso para prolongar el paquete de medidas anticrisis. Los morados llevaban semanas insistiendo en la necesidad de que se cumpliera lo acordado y advertían que lo contrario supondría "una pérdida de confianza muy grave". "Después de algunas advertencias nos han trasladado que parece que van a cumplir su palabra y esperamos que así sea", adelantaba este lunes la secretaría de Acción Institucional de Podemos y coportavoz de la formación, María Teresa Pérez, en rueda de prensa.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los desahucios provocados por el impago de hipotecas y alquileres se encuentran en niveles mínimos en la última década, después de caer en 2023 un 30,3%. El año pasado se practicaron un total de 26.659 lanzamientos -la menor cifra anual desde el inicio de la serie histórica en 2013-, de los cuales tres de cada cuatro se debieron al impago del alquiler. Aunque esos desahucios no están afectados por la prórroga aprobada este martes, el Gobierno suspendió también en 2020 la posibilidad de desalojar a aquellas familias vulnerables sin alternativa habitacional con el objetivo de amortiguar el impacto económico y social de la pandemia, una medida que sigue en vigor.