El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma que quedó en el cajón en la anterior legislatura y con la que el Gobierno busca garantizar la asistencia sanitaria de todas las personas —españolas o extranjeras— que estén en España y, en definitiva, "seguir ampliando la cobertura sanitaria a más ciudadanos", según ha incidido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
"Queremos garantizar con esta ley el acceso universal y desterrar esa exclusión sanitaria que trajo una ley en 2012 del PP y cerrar esa herida", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en referencia a la reforma que llevó a cabo el expresidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y por la cual se retiró la tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes en situación irregular. En un momento de "multitud de discursos xenófobos y excluyentes", ha defendido la titular de Sanidad, esta norma representa una "herramienta más" para garantizar sociedades "más cohesionadas, más justas y más eficientes".
La ley, que forma parte del acuerdo de coalición alcanzando entre el PSOE y Sumar, fue inicialmente impulsada en la anterior legislatura por la predecesora de García, Carolina Darias, quien envió el proyecto de ley al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Pero se paralizó todo el proceso de tramitación al convocarse las elecciones generales anticipadas el pasado verano.
Ahora, el Gobierno la rescata, esta vez de manos de Mónica García, con el fin de "minimizar las desigualdades en los niveles de protección de la salud de la población" y "reforzar estructuralmente el buen gobierno o gobernanza y legitimidad de nuestro sistema sanitario público", tal y como reza la iniciativa.
Lo cierto es que en 2018 el Gobierno, aprobó un real decreto que ya modificaba la reforma del PP para devolver a los migrantes en situación irregular el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Sin embargo, la iniciativa hacía recaer en las comunidades la opción de conceder, o no, ese derecho, y siempre y cuando la persona en cuestión estuviese empadronada y los servicios sociales hubiesen comprobado que no disponía de los suficientes recursos para pagar esa atención, o que no había un tercero obligado al pago. Fuentes de Sanidad aseguran que ha habido autonomías que han estado "meses" sin poder atender a estos inmigrantes porque no había personal suficiente en los centros de salud para comprobar que tenían dinero para pagar esos servicios.
Derecho a la atención santaria
El proyecto recupera el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones, ya no solamente para las personas extranjeras que residían en España y que hasta ahora quedaban excluidas del sistema, sino también a los españoles que vivían en otros países tras emigrar y que actualmente, cuando volvían al país, no tenían derecho a recibir esa asistencia, salvo en el servicio de Urgencias.
Esto, ha espetado García, no solamente "debilitaba" el Sistema Nacional de Salud, sino que, además, "conculcaba con el código deontológico propio de los profesionales sanitarios, que no podemos excluir a ningún paciente por ninguna condición". De este modo, pasarán a tener derecho a la atención sanitaria: las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional o temporal; las víctimas de trata que tengan autorización para quedarse temporalmente en España durante un periodo de "restablecimiento y reflexión; y las personas no registradas ni autorizadas como residentes.
También se amplían esos derechos a las personas ascendientes reagrupadas por un hijo que sí que esté reconocido en el SNS, siempre y cuando estén a su cargo y "cuando no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia", informan desde Sanidad.
García ha detallado que la acreditación de estos requisitos se hará mediante una "declaración responsable" de las personas que residen en España; y desde Sanidad informan que esto se habilitará "sin menoscabo de que, posteriormente, al resolverse el procedimiento administrativo, se deba gestionar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero obligado al pago".
Preguntada por cuántos ciudadanos podrán beneficiar de esta ampliación de la cartera sanitaria, la ministra de Sanidad ha asegurado que no se ha podido cuantificar una cifra concreta, ya que se trata de una situación "muy desigual" y "heterogénea" en las diferentes comunidades autónomas.
Financiación "progresiva" de gafas y lentillas
La ministra de Sanidad se ha pronunciado también sobre la medida anunciado este mismo lunes, cuando avanzó que el Ejecutivo pretende empezar a financiar en 2025 las gafas y lentillas a la población española. Lo hará, según ha informado, "de manera progresiva", y empezando por los menores de 18 años que provengan de familias con menos recursos.
"Queremos empezar por las personas más vulnerables y con menos capacidad de acceso a este derecho. Y también por las poblaciones más infantiles, que tienen de alguna manera un mayor recambio o un mayor gasto en este sentido. Pero estamos estudiándolo con todos los actores", ha subrayado.
Aun así, la medida todavía tiene que ser debatida y definida con los óptico-optometristas, con quienes el departamento de Mónica García va a empezar ahora a mantener reuniones para recoger sus propuestas.
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