El Gobierno tiene el objetivo de empezar a hacerse cargo del gasto de las gafas y lentillas desde el año que viene. Según ha avanzado este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, su departamento "trabajará" para financiar la salud visual de los españoles a partir de 2025, una medida que ya anunció poco después de tomar posesión de su cargo y que, según defiende, responde a la necesidad de cubrir esta prestación para la población más vulnerable.
"Esto es algo en lo que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y político. No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud y vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad en 2025", ha subrayado García en declaraciones a los medios durante el 'I Foro de Salud Pública. Una Sanidad a Futuro', organizado por la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa).
Esta es una medida que ya puso sobre la mesa la predecesora de Mónica García, Carolina Darias, en la anterior legislatura, pero que finalmente no consiguió impulsarse. Se trata, además, de un objetivo plasmado en el acuerdo de Gobierno, que prevé una ayuda para las gafas y lentillas de los menores de 18 años en familias con menos recursos.
Según el Libro Blanco de la Visión, en 2023, el 70% de la población en España dependía de gafas o lentillas en su día a día, esto es, hasta 30 millones de personas con problemas de visión. Si bien la medida, según ha avanzado Sanidad, en principio irá destinada solo a las familias con menos recursos, por lo que la cifra de beneficiarios será considerablemente menor.
"Queremos que las gafas y las lentillas no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir o que les supone un gasto accesorio y que, de alguna manera, hace que los más vulnerables y que las personas que no tienen acceso vean mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual", ha defendido García.
Ley de gestión pública
También este lunes el Ejecutivo ha abierto el periodo de consulta pública de la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, una iniciativa que, según ha incidido la ministra de Sanidad, dará "portazo" al "lucro de las empresas privadas con la sanidad pública".
El objetivo, ha añadido, es poner freno a las prácticas, "que provocan noticias sobre comisiones, lucros incesantes y beneficios obscenos que salen básicamente del dinero que tendría que ir a la salud de los ciudadanos". Así, la norma aspira a acabar con la "pérdida de la capacidad de control en la gestión por parte de las administraciones públicas" y con la creación de "sistemas paralelos de derivación" entre regiones en las que una empresa ha "copado" una parte significativa del mercado de la gestión privada.
"La evidencia científica ya nos ha demostrado que no han salido mejoras en la salud de la población con esas fórmulas de gestión, sino todo lo contrario, lo que ha salido han sido mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas, que han ido detrayendo el presupuesto de nuestro SNS", ha señalado García.
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