Representantes del Departamento de Justicia catalán y de los sindicatos de prisiones están reunidos desde esta mañana, con la mediación de la conselleria de Trabajo, para tratar de alcanzar acuerdos que permitan desconvocar la huelga prevista para mañana, cuando arranca la campaña electoral del 12M.

Según han informado fuentes próximas a la reunión, en el encuentro participan los responsables de los sindicatos que convocan la huelga -UGT, mayoritario en el sector, CCOO, Intersindical e IAC-CATAC-, así como subdirectores del Departamento de Justicia, un representante de Función Pública de la conselleria y el director de Asuntos Penitenciarios, José María Montero.

La reunión ha sido organizada por la mediación del Departamento de Trabajo, como es habitual en las huelgas convocadas en la administración pública, para tratar de acercar posturas entre las partes con el fin de evitar el paro y, si eso no es posible, negociar los servicios mínimos necesarios.

La huelga de mañana, a la que se suma otra convocada para el próximo 11 de mayo, coincidiendo con la jornada de reflexión de las elecciones catalanas, se enmarca en las movilizaciones que desde el mes pasado mantienen los funcionarios de prisiones a raíz del asesinato de una cocinera en la cárcel Mas d'Enric de El Catllar (Tarragona) a manos de un preso, que se suicidó.

El crimen, el primer caso de asesinato de un trabajador penitenciario en España, desató una ola de protestas a las puertas de las prisiones, que llegaron a bloquear los accesos a los centros y a obligar a confinar en sus celdas a miles de reclusos de las cárceles catalanas.

El pasado 2 de abril se retomaron las negociaciones entre el Govern y los sindicatos de funcionarios de prisiones para abordar medidas para mejorar la seguridad en los centros penitenciarios de Cataluña, de las que se desmarcó el minoritario CSIF, que tampoco se suma a las convocatorias de huelga.

En la última reunión de negociación, el pasado 12 de abril, ambas partes acercaron posturas con un plan de trabajo planteado por Justicia que incluye una treintena de medidas para reforzar la seguridad en las prisiones, como la implantación de pulsadores de alerta o inhibidores de telefonía móvil.