Desde octubre de 2017, los tribunales españoles vienen manteniendo un pulso con Carles Puigdemont que a partir de esta primavera entrará en una nueva fase. Las nuevas circunstancias que propician esto son la candidatura del expresidente catalán a las elecciones autonómicas del 12M y la ley de amnistía, aún en tramitación parlamentaria pero que podría estar aprobada para finales de mayo.
Desde que Puigdemont se fue de España a finales de octubre, justo antes de que se presentara la querella de la Fiscalía por el proceso independentista, el Tribunal Supremo, que es el órgano que ha llevado esta causa, ha intentado que el expresidente compareciera ante la Justicia española, pero todos los intentos han resultado infructuosos. Órdenes de detención, procedimientos en Bélgica, Alemania o Italia, cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)... Las vías han sido múltiples y, además, cada una lleva un proceso no precisamente de rápida resolución.
Una de las pocas 'victorias' de la Justicia española en el pulso que le abrió Puigdemont fue que el TJUE retiró al líder de Junts su inmunidad como miembro de la Eurocámara para que el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, pudiera proceder contra él. No obstante, el expresidente catalán recurrió y el tribunal aún tiene que responder, pero ha pasado el tiempo y en pocos meses el Parlamento Europeo quedará disuelto y Puigdemont, por tanto, estará sin escaño.
El hecho de que Puigdemont esté aforado ahora ante la Eurocámara es el motivo por el que, además de la causa del procés, el Supremo le haya abierto causa penal por la investigación de Tsunami Democràtic, la organización que estuvo detrás de las violentas protestas que se convocaron como reacción a la sentencia publicada en 2019 por el proceso independentista de dos años antes. Una causa en el que se le investiga por delitos de terrorismo.
Las sucesivas convocatorias electorales pueden hacer variar todo este tablero jurídico en el que el Tribunal Supremo y, desde hace pocos meses, la Audiencia Nacional, han jugado un papel decisivo. Todo ello, con la ley de amnistía de fondo. Y todo parece que se va a clarificar en el mes de mayo.
Para empezar, Puigdemont no va a repetir como candidato a las elecciones europeas del 9 de junio, sino que lo hará a las catalanas del 12 de mayo. Puede hacerlo, toda vez que no cumple con los requisitos de inelegibilidad que recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG): ni se encuentra cumpliendo pena de prisión o de inhabilitación por condena alguna, ni ha sido condenado nunca por delitos de terrorismo o rebelión. De hecho, ya se presentó sin inconvenientes a los comicios de diciembre de 2017 y febrero de 2021, cuando también estaba procesado en rebeldía por la causa del procés.
La pregunta es si podrá obtener su acta de diputado catalán si sigue fuera de España, en caso de que la amnistía no le haya beneficiado. En caso afirmativo, pasará de estar aforado en el Supremo a estarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para el caso de terrorismo. La causa del procés seguirá en el Supremo, como lo ha estado casi desde su inicio debido a que parte de los hechos fueron cometidos en el extranjero.
Pero hay una diferencia a cuando se abrió la causa: en un primer momento, fue procesado por rebelión y malversación; tras la sentencia por sedición, se ordenó su detención por este otro delito; y ahora, el Supremo le busca solo por malversación y desobediencia debido a la derogación de la sedición que acometió el Gobierno de Pedro Sánchez tras su acuerdo con ERC. En todo caso, sigue teniendo que responder por esta causa.
El otro frente que se le abrió hace pocas semanas a Puigdemont fue la investigación de Tsunami. Ahora la parte que le incumbe a él está en el Supremo, pero en el momento en que fuera elegido diputado del Parlament, el órgano judicial ante el que estaría aforado sería el Tribunal Superior de Cataluña. Aunque la Audiencia Nacional es el tribunal competente en materia de terrorismo, fuentes jurídicas explican a este periódico que la causa penal contra el expresidente tendría que pasar al órgano catalán.
Ahora bien, el Estatut precisa en su artículo 57.2 que en las causas contra los diputados es competente el TSJC, pero "fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Esta podría ser una razón que podría alegar el alto tribunal para continuar investigando a Puigdemont, ya que la organización de Tsunami, en lo que a él se refiere, habría tenido lugar fuera de España, pues desde 2017 reside en Bélgica y el instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, refiere reuniones en Suiza que, en su opinión, habrían sido decisivas para la puesta en marcha de la plataforma que convocó las protestas en 2019.
Puigdemont ya dijo el jueves, cuando anunció su candidatura para el 12M, que dejará "el exilio definitivamente" para asistir al pleno del Parlament, aún a riesgo de ser detenido en virtud de la orden de detención nacional que aún está en vigor, si tiene el apoyo suficiente para ser investido. Pero es que él cuenta con que la ley de amnistía le debe beneficiar, una norma que podría estar aprobada definitivamente a finales de mayo.
Eso sí, son los tribunales los que aplican la ley, no los políticos. La norma fija que los jueces y magistrados que conozcan de las causas afectadas por la medida de gracia tienen que levantar las medidas cautelares, como es el caso de las órdenes de detención. Y aún está por ver si el Tribunal Supremo se guarda algún as bajo la manga y pone en marcha alguna estrategia que pueda echar al traste con los planes del líder de Junts.
Fuentes de la defensa del expresidente confían en que los jueces levantarán dichas órdenes mientras tramiten sus dudas ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque, aunque asumen que tendrán dudas "legítimas" sobre la aplicación de la ley, sostienen que ello no debería afectar al levantamiento de las cautelares. Aún así, reconocen que no existen garantías a pesar de la confianza mostrada por el propio Puigdemont.
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