El Gobierno sigue sin zanjar explícitamente si estaría dispuesto a estudiar un cupo catalán como el que plantea la Generalitat para gestionar y recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña y, al mismo tiempo, hacerse cargo de los servicios públicos que se prestan en su territorio. Hasta ahora el Ejecutivo se ha movido en el terreno de la ambigüedad, lanzando mensajes que alejan el planteamiento del Govern de la visión del Gobierno, pero sin llegar a rechazar de plano la propuesta.
La última en expresarse en este sentido ha sido María Jesús Montero, a quien se le preguntó en más de dos veces el jueves si el Gobierno descartaba esta posibilidad. En la primera ocasión, la vicepresidenta respondió señalando que la reforma del sistema de financiación autonómica debe garantizar servicios de calidad en todo el país "vivan donde vivan los españoles". Montero añadió que el modelo de financiación actual —pendiente de reforma desde hace 10 años— "ya recoge algunas singularidades", como es el caso de la insularidad de Baleares y Canarias o los territorios despoblados. También mencionó que
La ministra sostuvo que "no habrá problema" en incorporar nuevas singularidades siempre que se pueda demostrar que están justificadas. Una posibilidad que hizo extensible a cualquier comunidad autónomas. Cuando le preguntaron por segunda vez si el Gobierno contempla que una comunidad pueda recaudar todos los impuestos, Montero desvió el foco y señaló que no se puede hablar de recaudación sin gestión y que el sistema de financiación se tiene que generar "con todas las comunidades autónomas".
Interrogada, por tercera y última vez, si se podría llegar a una situación en la que Cataluña recaudara todos los impuestos que se pagan en la comunidad, la vicepresidenta volvió a insistir en el binomio "recaudación y gestión". "Cuando alguien dice: 'yo te recaudo los impuestos', no te está haciendo una tarea de gestión, propone otro modelo en el que cada territorio recauda lo suyo y luego hay una bolsa de solidaridad", comentó Montero. "Cuando se dice que cada territorio recauda lo suyo es que se queda lo suyo. Si la pregunta es: '¿Es que alguno quiere recaudar los impuestos?', mi respuesta es: '¿Qué quieren? ¿Hacer la gestión?', añadió la vicepresidenta.
Montero cerró el debate señalando que el modelo de financiación que se pacte tiene que "garantizar" en todos los territorios la suficiencia de recursos, sean estos de alto o bajo nivel de renta. Además, agregó que el sistema actual ya permite que las comunidades se queden exclusivamente para sí un 25% de lo que recaudan en su territorio. "Cada uno puede poner a discusión sus propias variables, pero yo advierto de que el Gobierno no dará el visto bueno si no garantiza que haya recursos suficientes en todos los territorios", zanjó la vicepresidenta.
Visiones difícilmente compatibles
La propuesta que ha diseñado la Generalitat tiene un encaje prácticamente imposible con las declaraciones que ha hecho el Gobierno. El Govern plantea recaudar y gestionar todos los impuestos que se pagan en Cataluña para sufragar por sí mismo todos los servicios que se prestan en la comunidad. Como el Estado también presta servicios que Cataluña no puede asumir (como es el caso de la defensa a la justicia), el Govern plantea pagar un cupo para sufragarlos. Además, también abonaría un segundo cupo "de solidaridad" para contribuir a la financiación de las comunidades con menos recursos.
No obstante, la propuesta de la Generalitat deja claro que la intención es contribuir menos que ahora a la financiación del resto. En el texto se habla de "déficit excesivo" de financiación hacia Cataluña; "insuficiencia financiera crónica y persistente para financiar los servicios públicos" y se denuncia que "los ciudadanos de otras comunidades autónomas que aportan menos acaban recibiendo más". De hecho, ese cupo solidario que plantea el Goven sería limitado en el tiempo, como señaló el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès.
La salida de Cataluña del sistema de financiación autonómica en los términos que plantea la Generalitat pondría en entredicho la propia viabilidad del mismo. Cataluña recauda el 20% de los impuestos que se pagan en España y, junto a Madrid y Baleares (esta en mucha menor medida) es el único territorio que recibe menos de lo que aporta al reparto de la hucha autonómica. Sin los alrededor de 18.400 millones de euros con los que contribuye al fondo de garantía de servicios públicos, los recursos que recibe.
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