El Govern catalán ha aprovechado la convocatoria de elecciones en la comunidad el próximo 12 de mayo para desvelar su propuesta de financiación singular para Cataluña. Con esta fórmula, la Generalitat pasaría a recaudar y gestionar todos los impuestos que se pagan en la comunidad (unos 52.000 millones de euros al año) y también se haría cargo de todo el coste de los servicios. Sin embargo, la consecuencia de este movimiento es que Cataluña aportaría menos a la caja común con la que se financian las comunidades autónomas.
Un impacto que, teniendo en cuenta el peso fiscal de Cataluña —la comunidad aporta dos de cada diez euros del total de la recaudación tributaria del país— podría asestar un golpe de gracia a un sistema de financiación ya maltrecho, cuestionado y pendiente de reforma desde hace una década.
Para tener una idea de lo que supondría para el resto de comunidades autónomas una menor contribución de Cataluña, basta mirar la aportación que la Generalitat hizo al fondo de garantía de los servicios públicos, la principal herramienta de redistribución de los recursos entre territorios en el sistema de financiación autonómica. En 2021 —última liquidación disponible— Cataluña aportó 18.357 millones de euros a esta 'hucha común', una contribución solo superada por los 19.084 millones de Madrid.
Si se eliminase por completo esa aportación, o si se remplazara por una contribución de "solidaridad" previsiblemente más baja, el resto de las autonomías verían mermados sus recursos públicos. Especialmente las comunidades que más ingresos reciben de este fondo. En 2021 las más beneficiadas fueron Andalucía y Canarias y, a una distancia considerable, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Las tres únicas comunidades que son contribuyentes netas al sistema de financiación (es decir, aportan más de lo que reciben) son Madrid, Cataluña y Baleares.
Además, hay que tener en cuenta que Cataluña es una de las autonomías donde más impuestos se recaudan en España. En concreto, el 19% de la recaudación por delegaciones de la Agencia Tributaria en 2022 procedía de esta comunidad. Un peso grande que supera de largo la importancia que tienen País Vasco y Navarra en términos de recaudación para el resto del país.
No obstante, el Gobierno no parece, en principio, muy dispuesto a acceder a las demandas de la Generalitat. El martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trasladó que la cuestión de la financiación se debe dirimir entre las 17 comunidades autónomas y el Gobierno central. Cuerpo agregó que la clave es que el sistema de financiación genere suficientes recursos para que las autonomías puedan hacer frente a los gastos de su competencia.
Un cupo doble
El sistema que ha propuesto la Generalitat recuerda mucho a la fórmula que se emplea en País Vasco y Navarra, que ha sido criticada en varias ocasiones por su opacidad a la hora de calcular las cifras. Si se aplicase, Cataluña contaría con plena capacidad para recaudar todos sus impuestos; modificarlos libremente o crear otros nuevos. A cambio, tendría que hacerse cargo también de los gastos de todos los servicios que presta. En el caso de las comunidades, hablamos fundamentalmente de sanidad, educación y políticas sociales.
Sin embargo, también hay servicios que proporciona en exclusividad el Estado, como es el caso de la defensa o la justicia, por citar algunos, de los que Cataluña también se beneficia igual que el resto de comunidades. También hay otros servicios que se financian de forma compartida entre la administración central y las autonomías. Cataluña tendría que pagar la parte de esos servicios de que disfruta a través de una transferencia hacia el Estado que en el caso de Navarra y País Vasco se conoce como cupo.
Además, la Generalitat plantea añadir a este pago un segundo cupo que iría destinado a "contribuir a la cobertura de los servicios públicos a las comunidades con menor capacidad fiscal y así garantizar el principio de equidad horizontal". Es decir, a sustituir de alguna forma la contribución que ahora hace a la hucha común del sistema de financiación. Este segundo cupo no lo abonan País Vasco o Navarra, que no contribuyen a la financiación del resto de territorios.
Contribuir menos que ahora
Pese al planteamiento de crear un 'cupo de solidaridad', los planes de la Generalitat pasan, en cualquier caso, porque Cataluña contribuya menos que ahora. La cuantía es imposible de precisar, pues la propuesta del Govern se limita a señalar que los parámetros de este fondo se definirían en una negociación posterior.
Pero las afirmaciones que hace la Generalitat son claras. En el texto se habla de un "déficit excesivo" de financiación que "genera una pérdida de bienestar a los ciudadanos" y "supone un freno al crecimiento económico". También se menciona una "insuficiencia financiera crónica y persistente para financiar los servicios públicos". Todo ello, "pese a que la ciudadanía de Cataluña paga impuestos suficientes como para cubrir el coste de estos servicios". También se denuncia que "los ciudadanos de otras comunidades autónomas que aportan menos acaban recibiendo más".
Para buscar el encaje con la legislación, la Generalitat señala que su modelo no acarrea privilegios para Cataluña y no impide que se haga extensible a otras comunidades autónomas. El Govern está convencido de que su propuesta se podría realizar mediante la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
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