El Gobierno ha lanzado un aviso a la Comunidad de Madrid: o llegan a un acuerdo sobre la ley trans autonómica o presentará un recurso de inconstitucionalidad a la norma impulsada en diciembre de 2023. Fuentes del Ejecutivo detallan que han pedido al Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso iniciar un proceso de negociación para "solventar las discrepancias" sobre los cambios que acometió una reforma que, según consideran, "patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico". Por su parte, el Ejecutivo madrileño niega que su ley vulnere los derechos de las personas LGTBI, aunque confirma que asistirá a las reuniones para debatir las diferencias y defender su postura.
Así, con el objetivo de encontrar un punto de acuerdo que evite el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno arrancará este mismo martes las negociaciones previas en la Comisión Bilateral, "para solventar las discrepancias" sobre la constitucionalidad en torno a dos normas concretas: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, y Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual.
Dan para ello un plazo de seis meses. "En el caso de no haber acuerdo, se interpondría un recurso de inconstitucionalidad", detallan las mismas fuentes. Los motivos que alega el Gobierno central para iniciar este procedimiento apuntan a varias modificaciones que se aprobaron en la Asamblea a finales de diciembre a las leyes trans y LGTBI, y que, entre otras cosas, eliminaron el concepto de identidad de género y recuperaron el requisito —que había eliminado la ley estatal— de exigir un informe a los pediatras antes de recibir un tratamiento para el cambio de sexo.
Esto último, señalan desde el Ejecutivo central, "traslada la idea de que la transexualidad en personas menores constituye una patología". En esa línea, discrepan también con el punto de la reforma que establece que, en el caso de que el menor tenga alguna enfermedad, será imprescindible un informe médico favorable antes de iniciar el tratamiento hormonal.
Recriminan igualmente que dos artículos de la ley vulneran el artículo 14 de la Constitución al "menoscabar" el principio de igualdad y usar un "uso discriminatorio del lenguaje". Se refieren aquí en los apartados de la norma autonómica en los que se especifican los derechos de utilización de espacios de las personas trans en determinados espacios comunes (centros de menores, pisos tutelados, etc.) "sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente mujeres, chicas o niñas".
Asimismo, en el Gobierno recuerdan que la ley trans estatal —impulsada por la exministra de Igualdad, Irene Montero, y aprobada en febrero de 2023— prohibió de forma "expresa" cualquier tipo de terapia de conversión, aun con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. Y, en ese sentido, consideran inconstitucional la parte de la norma madrileña en la que añaden la siguiente "coletilla": "sin que el asesoramiento psicológico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada".
En el Ministerio de Política Territorial, que es será el encargado de las negociaciones que se produzcan en los próximos meses, señalan también ciertas disconformidades respecto a la ley de identidad y expresión de género. "La modificación de esta ley niega a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI la legitimación para presentarse como acusación o representar a víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores", acusan desde el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres, que asegura que este apartado vulnera el artículo 149 de la Carta Magna que atribuye al Estado las competencias exclusivas en materia procesal.
Madrid niega que se vulneren derechos
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha indicado este mismo martes que asistirá a la Comisión Bilateral propuesta por el Ejecutivo central para conocer en detalle los puntos normativos que presentan discrepancias y defender la posición del Gobierno autonómico con esta reforma que habría contado con la opinión de los profesionales científicos y médicos. Fuentes del Ejecutivo autonómico consideran que esto "es una guerra" declarada por el Gobierno de España y esto tan solo "es el paso previo".
Sobre las acusaciones por la vulneración de derechos que desde la oposición se hizo durante la tramitación legislativa, Dávila ha expuesto que "en la propuesta se reconoce que no se han vulnerado los derechos de las personas LGBTI". Las mismas fuentes el Ejecutivo autonómico manifiestan que el informe del Ministerio de Política Territorial "no dice nada de los supuestos recortes" y solo se limita a tratar las cuestiones sobre las que "la Comunidad de Madrid defenderá su legalidad y adecuación al marco constitucional".
Uno de los aspectos más criticados de la reforma fue la modificación del artículo 14 la ley trans que en la nueva redacción de la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual se contempla la necesidad de realizar un "examen previo de dichos profesionales [pediátricos]" para que los menores de edad puedan acceder al tratamiento hormonal médico relativo a su transexualidad. Ese mismo punto menciona que antes de iniciar el procedimiento farmacológico "será requisito necesario que previamente reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil". Para la consejera con ello, "se está haciendo un trabajo de acompañamiento, sobre todo a las personas más vulnerables como los niños y los jóvenes".
El Ejecutivo madrileño justifica la reforma aludiendo que en ella se siguen "las recomendaciones de las sociedades médicas, de grupos feministas y de juristas que reclamaban rectificar aspectos" para impedir que se pongan en riesgo la seguridad jurídica, los derechos de las mujeres, a la salud y el trabajo de los profesionales sanitarios, la libertad de expresión y de cátedra, la pluralidad dentro de las personas LGTBI y sobre todo la protección de la infancia. Este nuevo cuerpo normativo se buscaría, entre otras cosas, "descriminalizar" la asistencia de especialistas de la salud a los menores trans y "facilitar que los profesionales hagan un acompañamiento" en el proceso de transición.
Además, de eliminar toda la "ingeniería social" que se había introducido en las charlas de los colegios y garantizar que estas se imparten por profesionales cualificados como médicos y psicólogos. Por ello, se suprimieron las menciones relativas a las medidas en el ámbito educativo y se sustituyeron las expresiones la identidad y a la expresión de género por términos como "condición sexual" y "sexualidad".
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