El Gobierno avanza hacia una reforma de la ley de extranjería para regular la acogida de los menores migrantes no acompañados y un reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas en momentos de repunte de llegadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha trasladado un primer documento este lunes a las comunidades autónomas con el objetivo de tener una iniciativa aprobada en verano que cuente "con la financiación suficiente para poder crear los recursos necesarios y los dispositivos necesarios para atender a esos menores".
La acogida de los consejeros del ramo, según ha señalado Saiz en declaraciones a los medios tras la Conferencia Sectorial de Inmigración, "ha sido positiva" y ahora esperará a recibir las aportaciones de cada comunidad autónoma para poder enviar un texto legislativo a las Cortes y debatir su contenido con los grupos parlamentarios.
"Hay una propuesta que emana de un amplio consenso del Parlamento de Canarias", ha señalado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también presente en la reunión de este lunes. Se refería el ministro al acuerdo —bautizado ya como 'solución canaria'— alcanzado en febrero por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, a favor de la derivación obligatoria de menores migrantes a otras autonomías.
Un objetivo que también pactó hace menos de una semana el Ejecutivo con el Gobierno de Canarias, cuando la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente canario, Fernando Clavijo, consensuaron una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para fijar una distribución "vinculante y solidaria" de los niños y adolescentes migrantes. La reforma prevista, tal y como ha explicado Sainz, pretende simplificar las autorizaciones de estancia, de residencia, y de residencia y trabajo, así como los procedimientos administrativos y los requisitos para su tramitación.
Según ha avanzado Torres, el Ejecutivo espera tener un texto "más definido" sobre esta reforma en "la próxima semana" para presentarlo en la Comisión Interministerial de Migración —foro previo a la Conferencia Sectorial— del próximo 9 de abril. El Gobierno aspira así a "abordar de manera definitiva" una modificación de la ley "que establezca para el futuro que a donde lleguen esos menores no acompañados, una vez que supera un porcentaje determinado, que es un 10% de la capacidad que tiene ese territorio, haya una distribución entre el territorio".
El objetivo no es otro que el de descongestionar una acogida que está corriendo a cargo principalmente de las Islas Canarias, donde se concentraron hasta el 70% de las llegadas irregulares el año pasado (un 155% más que en 2022). Por ello, la consejera canaria Candelaria Delgado ha manifestado este lunes la esperanza de que esa reforma pueda acometerse antes de verano, cuando suelen producirse aumentos de llegadas por el buen tiempo.
Con la reforma, ha defendido ante los medios, "podemos conseguir que no solo haya un reparto no solidario, sino obligatorio entre todas las comunidades autónomas", y con una financiación suficiente para asegurar los recursos necesarios. Preguntada por la posición del resto de autonomías, Delgado ha asegurado que "siempre han estado de acuerdo" en corresponsabilizar a todas las autonomías en esa acogida, y que lo que despertaba reticencias era más bien que se derivasen a los menores migrantes "sin la suficiente financiación".
En ese sentido han ido las críticas de Madrid, cuya consejera, Ana Dávila, ha reprochado al Gobierno central que no haya presentado a día de hoy "ningún tipo de repuesto sobre la planificación y la financiación" que, según ha asegurado, es actualmente insuficiente para costear todo el servicio de atención que proporciona una primera acogida y los programas de integración.
Solo desde enero de este año hasta el 29 de febrero llegaron a España más de 14.000 personas migrantes, lo que supone un 353,6% más que en el mismo periodo de 2023 (3.094), y el doble de las llegadas del primer semestre del año pasado (7.213).
Información mensual a las comunidades
También este lunes, Saiz ha anunciado que, desde ahora, se remitirá a las comunidades autónomas información mensual de los dispositivos estables y de los de emergencia para la atención humanitaria de los migrantes. El fin último, según ha destacado la ministra, es mejorar la capacidad de respuesta y definir mejor las políticas y medidas que se impulsen.
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