El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha solicitado al Departamento de Justicia que le informe sobre "los servicios mínimos establecidos con ocasión de la huelga de funcionarios de prisiones, en la medida en que la huelga puede afectar a la actividad judicial".
En una comunicación urgente a la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento de Justicia, Barrientos solicita esta información en cuanto la protesta de los funcionarios pueda afectar a las comparecencias de los reclusos ante los órganos de la justicia y a la efectividad de las resoluciones judiciales sobre la libertad de los internos.
La petición del presidente del TSJC se produce después de que la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Barcelona le informara este lunes de que, tras tener conocimiento del ingreso en prisión en el centro penitenciario Mas d’Enric este fin de semana de un preso, en virtud de una orden de detención e ingreso en prisión del mismo juzgado, se solicitó videoconferencia o excarcelación para realizar la comparecencia del detenido.
Sin embargo, desde el centro les manifestaron que "estaban de huelga, que no prestaban servicio alguno y que no iban a realizar ni la videoconferencia ni la excarcelación solicitadas, sin más información al respecto”.
La magistrada solicitaba en este sentido que se facilite información a los órganos de la jurisdicción penal acerca de la "convocatoria de huelga de los funcionarios de prisiones y de los servicios mínimos establecidos en su caso".
Unos 50 juicios suspendidos
El bloqueo en los accesos a las cárceles catalanas por las protestas de funcionarios de prisiones obligó este lunes a suspender en Cataluña una cincuentena de juicios y cerca de 70 diligencias judiciales.
Los funcionarios de prisiones, que formalmente no han convocado huelga, han levantado de madrugada los bloqueos en los accesos a las principales cárceles catalanas, por lo que se prevé que se normalice este martes la vida de los reclusos durante este día de 'tregua'.
Más de 4.000 reclusos de varias cárceles catalanas volvieron a quedarse en sus celdas este lunes, sin salidas para acudir a citas médicas o judiciales, en el quinto día de protestas de funcionarios de prisiones de Cataluña, una situación que ha llevado al Govern a endurecer el tono ante un bloqueo que cree "ilegal".
Tras la breve tregua del fin de semana, en la que relajaron sus movilizaciones y dieron un respiro a las tensionadas cárceles, los funcionarios volvieron este lunes a protagonizar nuevas concentraciones en los accesos de los centros penitenciarios, en su protesta para exigir más medidas de seguridad tras el asesinato de la cocinera de la cárcel Mas d'Enric de Tarragona a manos de un recluso.
El decano de los abogados se ofrece como mediador
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Jesús M. Sánchez, se ha ofrecido este martes para ejercer como mediador entre el departamento de Justicia y los funcionarios de prisiones para "fomentar el diálogo y la resolución del conflicto", tras casi una semana de protestas.
Ante la "preocupante situación que se vive en los centros penitenciarios" de Cataluña, "consideramos que el mejor camino para abordar la defensa de los derechos y las necesidades de las personas es mediante el diálogo", ha argumentado el ICAB en un comunicado.
Por este motivo, el decano de esta institución se ha puesto a "disposición" de ambas partes enfrentadas en esta crisis- Justicia y funcionarios de prisiones- para "llevar a cabo un proceso de mediación y acompañamiento en este conflicto".
En este contexto, el ICAB ha hecho un llamamiento público para que se inicie este "necesario diálogo" entre el departamento de Justicia y los sindicatos de funcionarios de prisiones.
"La abogacía, entre otras funciones, tiene la responsabilidad de fomentar la paz social y proteger los derechos de la ciudadanía en todo momento", ha subrayado el ICAB, y ha puesto de relieve así que un proceso de mediación entre las partes en conflicto "nos puede conducir hacia soluciones que mejoren y fortalezcan nuestra sociedad afrontando retos tan relevantes como la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos laborales".
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