El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha anunciado este lunes la interposición de varias denuncias para identificar a los "culpables" de la filtración de datos en el comunicado que difundió la Fiscalía sobre el pacto ofrecido por el abogado del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En el citado comunicado, emitido el jueves, la Fiscalía de Madrid explicaba la secuencia de acontecimientos en torno al "pacto de conformidad" que ofreció el 2 de febrero la defensa de Alberto González Amador al fiscal que le investiga junto a cuatro personas por supuesta defraudación fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021.
La Junta de Gobierno del ICAM se ha reunido esta jornada para "tomar las acciones pertinentes" al considerar que la información contenida en dicha nota de prensa provocó una "ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados" y ha constituido una "gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa". Por ello, según ha explicado Ribón en una rueda de prensa, los 14 miembros de la Junta han acordado por unanimidad denunciar los hechos por lo penal, para investigar un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos.
Usarán también la vía administrativa en una denuncia contra aquellos que hayan infringido lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que sanciona la divulgación de información por parte de cualquier miembro del citado Ministerio Fiscal.
"Una vulneración sin paliativos"
Tal y como ha recalcado Ribón, estos sucesos han supuesto "una vulneración por parte de la Fiscalía de la AP de Madrid, del artículo 4.5 EOMF, que exige un estricto cumplimiento de los deberes de confidencialidad y discreción, salvaguardando los derechos de los afectados". El decano ha precisado, a su vez, que las denuncias en principio no se dirigen contra nadie en concreto, sino que persiguen la "identificación completa de los autores" para "depurar responsabilidades". Según ha anunciado, la Junta dará instrucciones a los servicios jurídicos del ICAM para presentar la denuncia por la vía penal y, "en su caso", el Colegio se personará en la causa como "parte interesada".
Además, la institución sostiene que la "revelación" de datos de unas diligencias penales en ese comunicado, "detallando fechas" y conversaciones entre el fiscal y el abogado de González Amador, supone una "ruptura del principio de confidencialidad", básico en el derecho de defensa. Según ha recordado, "el Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendido".
El ICAM ha considerado, asimismo, que pone en riesgo la neutralidad que debe garantizar la actuación de la Fiscalía y que "incumple flagrantemente el protocolo de actuación" para juicios de conformidad entre el ministerio público y los abogados. Por ello, ha acordado desvincularse de este protocolo hasta que se establezcan "mecanismos reforzados de confidencialidad".
El fiscal niega la revelación del pacto
Por otro lado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado por carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Victoria Ortega, que impulsará la creación de una comisión mixta con esta institución para "revisar y actualizar" dicho protocolo. En dicha carta, García Ortiz ha rechazado que el comunicado buscase "interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente" y ha defendido que nunca se reveló "la concreta propuesta de conformidad de ocho páginas" del letrado de González Amador.
Ribón, que ha subrayado la obligación del ICAM de "defender a ultranza" el derecho de defensa, ha señalado que "en el ánimo de la Abogacía" está la normalización de las relaciones con la Fiscalía, pero también ha puntualizado que "esto pasa" por la "depuración de responsabilidades".
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