El Colegio de la Abogacía de Madrid considera de "extrema gravedad" la revelación por parte de la Fiscalía Provincial de datos de las conversaciones del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el fiscal. Como consecuencia, este organismo anuncia en un comunicado que "tomará las medidas pertinentes" en su Junta de Gobierno del próximo lunes.
En una nota difundida este jueves la Fiscalía de Madrid confirmó que "el único pacto de conformidad" con reconocimiento de dos delitos fiscales que ha existido en la investigación es el propuesto por el letrado del investigado al fiscal el pasado 2 de febrero.
El Ministerio Público aclara así su actuación en relación con la denuncia que interpuso el 20 de febrero en los juzgados contra Alberto González Amador y otras cuatro personas por supuestos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, según la cual se habrían defraudado 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de facturas falsas y sociedades pantalla.
"Ruptura del secreto profesional"
El Colegio de la Abogacía de Madrid califica de "extrema gravedad la revelación por parte de la Fiscalía, a través de un comunicado oficial, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".
Recuerda que "el Estatuto de la Abogacía establece en su artículo 22 sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos",
Añade que "además el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal destaca en su artículo 4 el límite de la obligación de informar por parte de la Fiscalía, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados".
Para el Colegio de la Abogacía "este marco legal subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales".
A juicio del Colegio "la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes sin un acuerdo de conformidad formalizado constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal".
El Colegio anuncia que ,"como garante del derecho de defensa y de todos los colegiados", defenderá "a ultranza" estos principios y someterá a la consideración de su próxima junta de gobierno, como punto extraordinario, "cuantas medidas sean necesarias para garantizar que se respeten en todos los ámbitos de la práctica profesional".
Por ello señala que a instancias de su Comisión Ejecutiva la Junta de Gobierno del Colegio se reunirá el próximo lunes "para examinar con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva, piedra angular del Estado de derecho, llegando hasta las últimas consecuencias".
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