Fumata blanca. Tras varios días de nervios y al borde de que terminara el plazo para evitar que cayera definitivamente, el PSOE, ERC y Junts alcanzaron un acuerdo para desbloquear la tramitación de la ley de amnistía. El pacto se hizo público a las 20.00 de este miércoles mediante una escueta nota de prensa en la que únicamente se asegura que el texto resultante "es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea", aunque no se ofrece ninguna información sobre si habrá nuevos cambios en relación al olvido legal de los delitos de terrorismo. Sin embargo, fuentes de Junts afirmaron después que el texto incluirá "los delitos de terrorismo y traición adaptados a los estándares europeos, y no al Código Penal español".
Una vez alcanzado este acuerdo, este jueves se reunirá la Comisión de Justicia del Congreso para aprobar el nuevo dictamen, que pasará en los próximos días a ser debatido y votado en el Pleno de la Cámara Baja. Será entonces cuando, previsiblemente, el Congreso dará luz verde definitivamente a la ley de amnistía y esta pasará al Senado para terminar su tramitación. El PP tiene la capacidad de dilatar allí su puesta en marcha durante dos meses al gozar de mayoría absoluta, pero no puede derribarla definitivamente.
El acuerdo para desbloquear la ley de amnistía se alcanzó este miércoles al límite del plazo reglamentario, apenas unas horas antes de que se reúna la comisión de justicia. El pacto se daba por hecho desde principios de esta semana, pero los últimos flecos han retrasado el anuncio hasta de una negociación que ya tuvo que ser prorrogada hace 15 días por la falta de acuerdo entre PSOE y Junts. El lunes, los socialistas aseguraban que no iba a haber "ninguna modificación" sustancial en la "filosofía" de la norma, pero este miércoles el presidente Pedro Sánchez sí se abrió a introducir cambios en el texto para dar más garantías a los independentistas.
De momento falta por conocer el contenido textual de la enmienda transaccional pactada y qué retoques se habrán hecho. La única información oficial facilitada por PSOE, ERC y Junts es que los cambios buscan "reforzar" la ley y asegurarse de que "cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista" mientras, a su vez, es "plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales". Después, fuentes de Junts dijeron que la ley incluirá "los delitos de terrorismo y traición adaptados a los estándares europeos, y no al Código Penal español" y que el PSOE también ha aceptado ampliar dos meses el plazo de cobertura de la norma, desde noviembre de 2011.
Socialistas y republicanos nunca tuvieron dudas de que el texto original ya amparaba a todos los dirigentes del procés, como confirmó este miércoles Sánchez, pero no era el caso de Junts y por esto ha dilatado el proceso de negociación.
"Dijimos que ese proyecto iba a ser constitucional, entró constitucional y adecuado al Derecho europeo, y no le quepa duda de que va a ser constitucional y adecuado al Derecho europeo lo que salga de las Cortes", dijo el presidente desde Brasil, donde se encuentra de visita oficial, antes de que se diera a conocer el acuerdo con los independentistas.
Sánchez aseguró que nunca ha compartido las dudas de Junts porque siempre ha tenido el convencimiento de que tal y como estaba el texto iba a cubrir todos los supuestos vinculados con lo ocurrido en Cataluña años atrás, pero ha señalado que si hay que reforzar aún más esas garantías para disiparlas, se hará.
Si finalmente los cambios acordados sí afectan al terrorismo, no sería la primera modificación que se produce en relación a esta controvertida materia. Los socialistas ya cedieron a finales de enero con respecto a sus planteamientos iniciales y acordaron con Junts y ERC amparar bajo el paraguas de la ley de amnistía la investigación de todos los delitos de terrorismo que no hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos", es decir, que no sean delitos de sangre o estuvieran relacionados con torturas.
Esa modificación respondió a la presión del expresident catalán Carles Puigdemont, cuyo partido lleva meses asegurando que una amnistía que no sea total dejaría manos libres a los jueces para torpedear la aplicación de la ley. Ese, de hecho, fue el motivo esgrimido por Junts para votar el pasado 30 de enero en contra del texto en el Congreso, una decisión que impidió que pasara al Senado para su aprobación definitiva y que hizo tambalearse una negociación en la que el PSOE ya había cedido más de lo que tenía inicialmente previsto.
En concreto, Junts dudaba sobre si redacción de la norma cubriría a todos los protagonistas del procés, también a aquellos investigados por terrorismo y traición a España, como es el caso del propio Puigdemont, al que la justicia está investigando por su presunta actividad terrorista como líder de la plataforma Tsunami Democràtic. El PSOE y también ERC siempre han asegurado que el texto, tal y como fue debatido en enero, era lo suficientemente garantista. Pero Puigdemont prefirió apretar aún más a los socialistas aprovechando que el reglamento del Congreso le permitía frenar en seco la tramitación de la amnistía sin derribarla definitivamente.
Los tres cambios que exigía Junts
A este respecto, Junts había presentado varias enmiendas al texto de la ley de amnistía exigiendo, básicamente, tres cosas. La enmienda menos problemática pedía ampliar dos meses más el periodo que abarcará la amnistía —para que se aplique desde el 1 de noviembre de 2011—, además de garantizar que la ley tenga efectos de forma "inmediata" una vez sea aprobada.
La segunda de las modificaciones era más controvertida, puesto que Junts proponía incluir entre los actos amnistiados los "atribuidos" en base a "operaciones policiales artificiosas orientadas a la criminalización de cargos públicos". Dentro de estos actos que se amnistiarían estarían incluidos los realizados por "colaboradores" no directamente "vinculados" al procés, algo que podría beneficiar a altos cargos del partido condenados por corrupción, como la expresidenta del Parlament catalán Laura Borrás.
En tercer lugar, los de Puigdemont apostaban por amnistiar los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, una enmienda para intentar blindarse aún más en casos como el de la conocida como trama rusa, en el que se investigan los supuestos vínculos de la Generalitat con Rusia durante el procés.
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