Los fondos de recuperación fueron una medida histórica por parte de la UE en un momento en el que el mundo buscaba respuestas a la pandemia de covid. La Unión rompió un tabú, hubo pacto entre los 27 Estados miembros y meses después el dinero empezaba a fluir; con ello, se activaron los mil ojos de los que dispone el bloque para que esas ayudas no fueran objeto de fraude. La vigilancia es máxima y la posibilidad de que el caso Koldo implique el empleo ilícito de fondos europeos es una preocupación para Bruselas. La Comisión Europea ya ha remitido el caso a la agencia antifraude (OLAF) y sigue con atención los acontecimientos.
La preocupación por una mala gestión de estas ayudas no es actual. Ya en 2022, Europol y la propia OLAF avisaron de que el riesgo de fraude con los fondos de recuperación es "considerable". Así se lee en un análisis realizado hace casi dos años y que se hizo público en verano de 2023. Solo en 2020 -año en el que se aprobaron estas ayudas-, la OLAF identificó en el informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea 1.056 casos de fraude contra el presupuesto de la UE, que tuvieron un impacto financiero combinado de 371 millones de euros. "Es probable que los fondos NGEU sean el objetivo de los defraudadores que utilizan una serie de esquemas de fraude conocidos, aunque adaptados a las circunstancias", recuerdan ambos organismos, en colaboración precisamente con la Comisión Europea.
Además, Europol señaló en su informe que los defraudadores podrían apoyarse "en familiares o conocidos" para cometer los delitos, algo que, está sobre la mesa en el caso que atañe a Koldo García, exasesor de quien fue ministro de Transportes durante la pandemia, José Luis Ábalos. "El fraude de subvenciones suele implicar la malversación de fondos, la solicitud y ocultación a sabiendas de doble financiación y la manipulación de los documentos que justifican las solicitudes", sostiene la OLAF.
"En muchos casos, se utilizan estructuras empresariales legales para establecer cadenas circulares de transición monetaria. Las estructuras empresariales legales reales o ficticias declaran actividades falsas y mueven fondos a las cuentas bancarias de otras estructuras empresariales legales que forman parte del esquema", prosigue el informe. Este tipo de fraudes, matizan desde la UE, pueden estar también "relacionados con la participación en procedimientos de licitación en los que las solicitudes se basan en declaraciones falsas o van seguidas de la presentación de informes de situación falsos y facturas ficticias".
Ya en 2021 Europol asumió estas tareas de prevención con la Operación Centinela, preparada precisamente para vigilar las posibles estafas con fondos europeos. El objetivo, explicaron, es "anticiparse a la previsible oleada de fraudes contra estos fondos de recuperación". Con este fin, Europol estableció un mecanismo interno específico "para procesar los datos operativos, dirigir los intercambios de información y apoyar los casos en curso". Las actividades conjuntas se centran en el fraude, así como en la evasión fiscal, el fraude de impuestos especiales, la corrupción, la malversación, la apropiación indebida y el blanqueo de capitales.
En esta misión participan cuatro entidades de la UE y autoridades de 19 Estados miembros de la UE. Todas estas partes, concluyó Europol, "han unido sus fuerzas en el marco de la Operación Centinela para garantizar que los fondos de recuperación se destinen a reforzar nuestras economías y la capacidad de recuperación de nuestras sociedades". Los países implicados en Centinela son Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia.
Bruselas y el caso Koldo
Bruselas se toma muy en serio el caso Koldo. "La Comisión Europea tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea y tiene tolerancia cero con el fraude", explicaron fuentes del Ejecutivo comunitario consultadas por 20minutos. Los contactos, de hecho, se están dando con el Ministerio de Hacienda precisamente para ver si hay "involucrados" fondos procedentes de la UE. Así, la Comisión ya ha derivado el caso a la oficina antifraude europea (OLAF), que será quien siga las indagaciones.
"Las investigaciones de la OLAF se pueden alargar durante meses", aclaran las fuentes consultadas, y esos avances "se tendrán que dar en colaboración" con las autoridades españolas, aunque quien recibirá las conclusiones que se saquen será también la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario es la 'pata' que en último término tomará decisiones sobre España.
Por lo pronto, ya se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción envío a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) contratos que se están revisando en el caso Koldo y que fueron firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias: un total de 15,3 millones de euros que se podrían haber abonado con fondos europeos. Ahí la Comisión Europea -y demás instancias- encienden las alarmas.
Como reacción sí se ha conocido que Baleares renuncia a futuros fondos europeos relacionados con este asunto, aunque Bruselas remite las ayudas al Estado miembro, en este caso España, y es el Gobierno central quien después 'reparte' los fondos entre las comunidades autónomas. Todo viene, en concreto, de que la anterior Administración, del PSOE, no comunicó a la actual, del PP, que se estaba investigando el contrato con una empresa involucrada en el caso Koldo. En el caso más drástico, el flujo de ayudas para España podría quedar bloqueado. "Las investigaciones de la OLAF se pueden alargar durante meses", aclaran las fuentes consultadas, y esos avances "se tendrán que dar en colaboración" con las autoridades españolas.
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