Las palabras "tolerancia cero" son un mantra que se repite bastante en política, pero en este caso la Unión Europea se lo toma muy en serio, sobre todo cuando se habla de posible corrupción. Por eso la Comisión Europea ya ha puesto sus ojos sobre el caso Koldo y las investigaciones que se están dando sobre Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, por movimientos fraudulentos en la compra de mascarillas durante lo más duro de la pandemia de Covid. Todo tiene matices, y en lo que se refiere a la UE la clave está en si estos hechos han afectado directamente al uso de fondos europeos.
"La Comisión Europea tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea y tiene tolerancia cero con el fraude", explicaron fuentes del Ejecutivo comunitario consultadas por 20minutos. Los contactos, de hecho, se están dando con el Ministerio de Hacienda precisamente para ver si hay "involucrados" fondos procedentes de la UE. Así, la Comisión ya ha derivado el caso a la oficina antifraude europea (OLAF), que será quien siga las indagaciones.
La pregunta es: ¿cuál es realmente el papel que puede asumir la Unión Europea en torno al caso Koldo?
¿Cuál es el papel de la OLAF?
Por lo pronto, ya se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción envío a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) contratos que se están revisando en el caso Koldo y que fueron firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias: un total de 15,3 millones de euros que se podrían haber abonado con fondos europeos. Ahí la Comisión Europea -y demás instancias- encienden las alarmas. Como reacción sí se ha conocido que Baleares renuncia a futuros fondos europeos relacionados con este asunto, aunque Bruselas remite las ayudas al Estado miembro, en este caso España, y es el Gobierno central quien después 'reparte' los fondos entre las comunidades autónomas. Todo viene, en concreto, de que la anterior Administración, del PSOE, no comunicó a la actual, del PP, que se estaba investigando el contrato con una empresa involucrada en el caso Koldo.
En ese escenario, el papel clave está en la OLAF. De momento, eso sí, la Fiscalía Europea no hace comentarios sobre el caso, según fuentes consultadas por este medio. Se trata de un indagación en curso y el órgano todavía está en sus primeros pasos, aunque reconoce que seguirá de cerca todo lo que tenga que ver con las competencias de la UE.
La OLAF investiga el fraude al presupuesto de la UE, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas y elabora la política de lucha contra el fraude para la Comisión Europea. El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE es una tarea común de la Unión y de los Estados miembros. Ya solamente eso lanza un aviso de cómo puede avanzar la investigación sobre el caso Koldo.
"Las investigaciones de la OLAF se pueden alargar durante meses", aclaran las fuentes consultadas, y esos avances "se tendrán que dar en colaboración" con las autoridades españolas, aunque quien recibirá las conclusiones que se saquen será también la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario es la 'pata' que en último término tomará decisiones sobre España.
El sistema de prevención contra el fraude con el que cuenta la OLAF tiene tras partes diferentes. Primero, el apoyo financiero prestado por el Sistema de Información Antifraude (AFIS) "contribuye a la correcta aplicación de la legislación en materia aduanera y agrícola". El objetivo de estas aplicaciones es intercambiar información relacionada con el fraude entre las administraciones competentes nacionales y de la UE de manera oportuna y segura. AFIS también ayuda a almacenar y analizar los datos pertinentes. El portal AFIS cuenta con más de 9 000 usuarios finales registrados de los Estados miembros, países socios no pertenecientes a la UE, organizaciones internacionales, la Comisión y otras instituciones de la Unión.
Por otro lado, el apoyo financiero proporcionado por el componente Hércules consiste principalmente en subvenciones concedidas a las autoridades competentes de los países de la UE. Las ayudas tienen por objeto reforzar la capacidad operativa y técnica de los países de la UE para investigar actividades perjudiciales para el presupuesto del bloque comunitario. "El apoyo financiero se utiliza para adquirir equipos y herramientas técnicas, como equipos de investigación y vigilancia, herramientas forenses y herramientas de análisis de datos", añaden.
Por último, para proteger los intereses financieros de la Unión Europea, la legislación exige a los Estados miembros y a los países beneficiarios de la ayuda de preadhesión que notifiquen a la Comisión las irregularidades (incluidos los fraudes presuntos y comprobados) que hayan detectado en ámbitos en los que la UE presta ayuda financiera. Así, se ha desarrollado y puesto a disposición de los Estados miembros y los países beneficiarios un sistema electrónico específico: el Sistema de Gestión de Irregularidades (SGI). El SGI funciona en el marco del Sistema de Información Antifraude (AFIS) y es utilizado por 35 países.
¿Qué puede pasar con los fondos europeos?
Bajo todo el paraguas anterior se puede ejecutar el 'durante' de la investigación de la OLAF en colaboración con la Comisión Europea y, sobre todo, con las autoridades españolas (porque es el país miembro al que afecta el caso Koldo). En último término, si se demuestran irregularidades y casos de corrupción lo que peligra para el España son los fondos europeos. Esto es relevante en muchos sentidos, pero sobre todo si se atiende al hecho de que España es, junto a Italia, uno de los grandes beneficiarios de las ayudas de recuperación poscovid.
En total, se suman 163.000 millones, entre la adenda (93.500 millones) y los 69.500 millones en transferencias no reembolsables que ya se desbloquearon en la primera fase iniciada en 2021. De todos ellos, el país ha recibido hasta el momento 37.000 millones en tres desembolsos, es decir, un 23% de todos los fondos disponibles hasta 2026.
Wn algunos casos la OLAF ya ha pedido recuperar dinero del presupuesto de la UE por casos de fraude
Ese flujo de dinero se frenaría en seco si se demuestra que algún caso de corrupción afecta directamente a los fondos europeos: el grifo se cerraría para España y esas ayudas quedarían congeladas, algo que ya ha pasado, por motivos distintos tanto con Hungría como con Polonia -aunque en el último caso se están empezando a desbloquear-. Sí hay elementos en ambos países relacionados con la falta de independencia judicial y otros aspectos relacionados con el Estado de Derecho, pero no hay elementos vinculados a la corrupción, por lo que España -si se demuestra finalmente fraude- sentaría un precedente.
Con todo, el proceso tiene sus partes. La investigación seguirá su curso, según ha confirmado Bruselas, y llegado el caso se podría abrir un expediente contra España precisamente por el uso fraudulento de fondos europeos. Todo tendría que pasar también por el resto de Estados miembros. Y sí, en algunos casos la OLAF ya ha pedido recuperar dinero del presupuesto de la UE por casos de fraude.
En 2022 recomendó recuperar 426 millones de euros por diversas irregularidades. Por países, Hungría fue el Estado miembro con más investigaciones concluidas en ese año, con 15 casos cerrados (10 de ellos con recomendación para recuperar fondos), seguido de Italia (10 investigaciones concluidas) y Francia (9 investigaciones concluidas). La OLAF, a su vez, concluyó un caso relacionado con España el pasado ejercicio. Todo ese escenario podría darse también si el caso Koldo afectó directamente al dinero que es de todos los europeos.
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