El juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, ha dejado en libertad provisional al presunto cabecilla de la empresa que se benefició de la trama corrupta, Juan Carlos Cueto, tras citarle este miércoles en la Audiencia Nacional. Eso sí, Cueto, que se benefició de ocho adjudicaciones de contratos de suministro de mascarillas a entidades públicas, tendrá prohibido salir de España sin autorización judicial.
Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción número Dos de la Audiencia Nacional, de acuerdo con la petición de la Fiscalía Anticorrupción, aceptada a su vez por el abogado de Cueto y las acusaciones populares de PP y Vox.
A falta de conocerse el auto del instructor del caso Koldo, el empresario Juan Carlos Cueto ha salido de la Audiencia Nacional minutos después de entrar a comparecer en calidad de investigado ante el Juzgado. Según fuentes presentes en la comparecencia, el presunto cerebro de la trama solo ha respondido a las preguntas de su abogado.
Según ha informado Europa Press, Cueto ha sostenido ante el juez que los precios de venta de mascarillas fueron acordes al mercado. El hilo, ha indicado que se trató de una operación muy costosa y que su intención fue ayudar a los españoles, no aprovecharse de la venta de material sanitario.
El pasado viernes salió a la luz la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó en septiembre de 2023 tras un año y medio investigando la trama corrupta. Según el documento, Cueto sería el cabecilla de la empresa a la que se adjudicaron ocho contratos de suministro de mascarillas gracias a la intermediación de Koldo García, el que fuera asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Tal y como relata la Fiscalía, en 2020 Juan Carlos Cueto gestionaba en la sombra un conglomerado de empresas controladas por su familia -el Grupo Cueto-, dado que había tenido que ceder la titularidad de estas al verse inmerso en una investigación policial. Entre todas estas empresas estaba Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, de la que era apoderado Íñigo Rotaeche, quien declaró la semana pasada en la Audiencia Nacional y salió en libertad tras retirársele el pasaporte.
Tras el estallido de la pandemia a principios de año, el presidente del Zamora CF, Víctor Aldama, avisó a Cueto de que el Ministerio de Transportes necesitaba mascarillas y ambos acordaron aprovechar la situación. El resultado fue la adjudicación de ocho contratos a la empresa por valor de más de 54 millones de euros, de los cuales 9,6 millones fueron a parar a los bolsillos de Cueto, según la Fiscalía. Los encargos, logrados a través de la mediación de Koldo García, provenían de diversas entidades públicas dependientes de Transportes, pero también del Ministerio del Interior y de los gobiernos de Canarias y Baleares.
Cueto, imputado por la Audiencia en 2019
En la noche del martes de la semana pasada, cuando el arresto de 14 individuos sacó a la luz el caso Koldo, varios nombres se situaron en el núcleo de la trama: Koldo García, su hermano Joseba, su esposa, Patricia Úriz, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, e Íñigo Rotaeche. Todos ellos a excepción de Úriz acudieron el jueves a la Audiencia Nacional y quedaron en libertad, algunos con medidas cautelares.
Pero el viernes, al conocerse la querella de la Fiscalía Anticorrupción, se supo que Juan Carlos Cueto era el presunto "responsable último de las decisiones concernientes" a Soluciones de Gestión, la empresa adjudicataria de los contratos de suministro de mascarillas.
El empresario, que se reveló como presunto líder de la trama, no es un desconocido en la Audiencia Nacional. De hecho, en 2019 el juez José de la Mata decidió enviarle a juicio por presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial para Angola. Así se convirtió en uno de los acusados del caso Defex, que recibe su nombre de la empresa pública que también se sentó en el banquillo junto a otras 23 personas y dos sociedades.
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