El Gobierno se muestra "tranquilo" pese al goteo de noticias del caso Koldo porque, asegura la Moncloa, el resto de los contratos firmados por la Administración General del Estado durante la pandemia son legales y ya están auditados. Así lo aseguró este martes la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una comparecencia en la que no quiso valorar que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, haya hecho caso omiso del ultimátum de 24 horas que le dio el lunes el PSOE para dejar su escaño en el Congreso.
Los socialistas exigieron a Ábalos su dimisión como diputado pese a que no está imputado ni encausado de ninguna manera en la investigación de la trama corrupta al entender que tiene "responsabilidad política" en el escándalo, ya que era el jefe directo de Koldo García en la época en la que este cobró mordidas por la compra de material sanitario. No obstante, Alegría evitó referirse al exministro y se limitó a señalar que "la posición del Gobierno desde que llegó es tener el máximo compromiso con la transparencia y la ejemplaridad".
Fuentes socialistas, no obstante, son mucho más gráficas a la hora de referirse al sentir predominante en el PSOE por la decisión de Ábalos de no dimitir. "Estamos jodidos", confiesa sin tapujos un dirigente, que asegura que pese a que el exministro no está imputado, a veces "hay que hacer sacrificios personales". "No entendemos muy bien su reacción, yo hubiera dicho que dejaría el acta", confesaban estas fuentes minutos antes de que Ábalos comparezca en el Congreso para, previsiblemente, anunciar que mantiene su escaño.
En lo que sí fue muy insistente la portavoz Alegría fue en la afirmación de que "todos los contratos que se establecieron por parte de la Administración General del Estado son contratos conforme a la legalidad, que han sido auditaos por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General del Estado". El mensaje que traslada la Moncloa es claro: el caso Koldo tiene como protagonista a un garbanzo negro, pero no es una trama corrupta que hunda sus raíces en el resto del Gobierno, y fuentes del Ejecutivo aseguran que se ha actuado con "contundencia, celeridad y transparencia" para intentar atajar cualquier sospecha.
"Nuestra máxima transparencia ha quedado reflejada en que todos los contratos de la Administración General del Estado fueron conforme a la legalidad y han sido auditados", porque "este Gobierno es implacable en su lucha contra la corrupción e impecable en su comportamiento", insistió en varias ocasiones Alegría, que además quiso expresar que el Gobierno tiene plena disposición a colaborar con la justicia. Pese a todo, el lunes el ministro de Fomento, Óscar Puente, anunció una nueva auditoría en las dos empresas públicas que dependen de su cartera, Puertos del Estado y Adif, para poner luz sobre la adquisición de mascarillas en el caso Koldo, una decisión de la que previsiblemente dará detalles este mismo martes.
Asimismo la portavoz del Gobierno, como ya hiciera el lunes la portavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña, comparó la rápida actuación del Ejecutivo al conocerse el caso Koldo con "lo que ocurría en un pasado no muy lejano", en referencia a los escándalos de corrupción que afectaron al PP durante los mandatos de Mariano Rajoy. "En un pasado no muy reciente sucedía lo que todos conocimos gracias a la justicia", pero a diferencia de entonces el compromiso del Gobierno contra la corrupción "sigue vigente e inquebrantable como el primer día", defendió Alegría.
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