Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, y otros tres investigados por una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia han quedado en libertad tras pasar este jueves a disposición judicial en la Audiencia Nacional. Todos ellos se han negado a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, que se ha hecho cargo de las pesquisas.
Para Koldo García y el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, el juez ha decretado la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada de sus pasaportes y la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días. Tampoco dispondrá de su pasaporte ni podrá salir de España Íñigo Rotaeche, un empresario vasco presuntamente implicado en la corruptela. El hermano del asesor de Ábalos, Joseba García, ha sido el único que ha quedado en libertad sin medidas cautelares.
El instructor así lo ha establecido después que la Fiscalía Antidroga no haya pedido prisión provisional para ninguno de los cuatro investigados. Las pesquisas se están desarrollando bajo secreto de sumario, por lo que no ha trascendido más información del contenido del auto.
Los cuatro individuos han llegado a la Audiencia Nacional en un furgón policial a primera hora de este jueves y han pasado allí toda la mañana. Pasadas las 14.00 horas han salido a pie por la calle del General Castaños, donde les esperaban sus abogados, y se han marchado en varios taxis sin ofrecer declaraciones a la prensa que aguardaba en las medianías de la Audiencia Nacional.
El comienzo de la investigación judicial ha tenido lugar apenas unas horas después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil efectuase las detenciones de 14 individuos en relación a esta presunta trama de corrupción. Los arrestos comenzaron en la noche del martes y el miércoles quedaron en libertad diez de los detenidos sin pasar por el tribunal.
Los arrestos se produjeron tras dos años de investigación coordinada por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, que presentó la querella que puso en marcha las pesquisas tras recibir una denuncia del PP de Madrid. Las diligencias policiales localizaron a un total de 20 posibles implicados en delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, pero solo cuatro individuos han acabado sentados este jueves en el banquillo.
Las pesquisas surgieron de una denuncia presentada por el PP de Madrid en marzo de 2022 en la que se señalaban indicios de irregularidades en una docena de contratos adjudicados por el Gobierno central en el año 2020. La investigación acabó centrándose en varias de estas adjudicaciones, todas ellas realizadas a la Empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L., con sede social en Zaragoza.
La denuncia de los populares señaló que esta empresa, a priori no relacionada con la compraventa de material sanitario, aumentó su facturación de cero euros en 2019 a 53,13 millones en 2020, todo gracias a las adjudicaciones públicas. Uno de los encargados de firmar estas adjudicaciones fue el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, número dos de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior.
Este mismo miércoles la Guardia Civil le tomó declaración a Pérez, que habría firmado un contrato con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por valor de 3.479.355 euros.
La querella del PP madrileño recogía otro contrato adjudicado por la Presidencia del Organismo Público de Puertos del Estado, perteneciente al Ministerio de Transportes. La cartera de José Luis Ábalos habría pagado más de 24 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas a cambio del suministro de mascarillas profilácticas. Según apuntó el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, este y el resto de contratos se realizaron por el procedimiento de emergencia. Esto es, mediante adjudicación directa.
La mencionada querella recoge un segundo contrato adjudicado por ADIF, también dependiente del Ministerio de Transportes, para el suministro de cinco millones de mascarillas a cambio de 12,5 millones de euros. Todo ello pese a que las actividades de la empresa -según la demanda- se centraban en la "energía, agua e infraestructuras agrícolas" y se desarrollaban en países africanos, sin tener relación con el mercado chino de venta de mascarillas.
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