Los agricultores llevan semanas en las calles de todo el país con sus tractores para reivindicar una agricultura y ganadería justas. Este miércoles han llegado a la capital para reclamar, frente al Ministerio de Agricultura, que se endurezcan las condiciones para la importación de alimentos de países extracomunitarios, que suelen producirse sin tener que cumplir las estrictas exigencias de la Unión Europea (UE), entre otras.

Además, en un comunicado conjunto, los sindicatos mayoritarios Asaja, Coag y Upa reclamaron la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se detengan las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. 

Calendario de protestas

A pesar de que el pasado 16 de febrero, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció un plan de 18 medidas para dar respuesta a estas movilizaciones de los agricultores y ganaderos españoles, entre las que se incluyen la creación de una agencia estatal de información y control alimentario para reforzar la inspección de infracciones en la cadena alimentaria, las movilizaciones -que comenzaron el 6 de febrero- siguen en pie. 

Las exigencias de los agricultores y ganaderos

Precios justos ante el aumento de costes

Una de las exigencias principales de los agricultores es que la UE establezca precios de intervención y mínimos para todos los productos, con el objetivo de que los precios agrícolas siempre sean superiores a los costes de producción, que han aumentado mucho en los últimos años: encarecimiento de la energía, las semillas, los fertilizantes o la maquinaria.

Menos papeleo y burocracia

Reducir el papeleo para ganar en eficacia. Esta es otra de las grandes demandas de los agricultores y ganaderos que, a menudo, deben invertir grandes cantidades de tiempo en rellenar documentación. Además, desde hace poco, la normativa europea incluye el uso obligatorio de un Cuaderno Digital donde llevar un registro de las actividades agrícolas realizadas. Ante esta medida, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, se pregunta "¿Cómo se supone que vamos a usarlos si en muchas de las zonas de cultivo ni siquiera hay internet?".

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Freno a la competencia exterior desleal

El sector acusa a la Comisión de facilitar a los países de fuera de la UE el acceso de entrada de sus productos, en la mayoría de casos, sin limitaciones en volumen, con reducción en los precios de acceso y sin que se les exijan las mismas condiciones que a los agricultores europeos. Por ello, entre otras demandas, exigen el cumplimiento de prácticas respetuosas con el medioambiente, el bienestar animal o la normativa salarial.

Miguel Padilla, secretario general de Coag explica que "la entrada de carne de vacuno desde Sudamérica, por ejemplo, podría suponer un lastre para la producción nacional. Lo mismo pasa con el cordero de Nueva Zelanda o la importación de tomates y hortalizas desde Marruecos".

Más flexibilidad con los fertilizantes y otras medidas ambientales

Las exigencias de reducción de fertilizantes, que actualmente se sitúan entre un 20% y un 50% en el empleo de productos fito y zoosanitarios, es una de las medidas que rechaza el sector por dificultar su competitividad internacional y disminuir el rendimiento de las cosechas.

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Además, exigen la flexibilidad de otras medidas ambientales como la rotación de los cultivos, la obligación de dejar los pastos permanentes o la no quema de rastrojos. Así mismo, piden que se levante la mano en otras como la protección de los humedales o la no destrucción de elementos del paisaje como los setos.

Flexibilizar la normativa de bienestar animal

Una gran parte del sector ganadero intensivo, porcino o de la avicultura se enfrenta al cumplimiento de las nuevas normas sobre el bienestar animal, con la exigencia de aumentar la superficie en granja por unidad, lo cual implica más inversiones para una producción similar. Según denuncian, esto supone una pérdida de rentabilidad y miles de explotaciones podrían acabar cerrando.

Proteger a medianas y pequeñas explotaciones

Las cada vez más exigencias en el campo provocan el cierre progresivo de las pequeñas y medianas explotaciones, que no pueden asumir los costes que requieren las nuevas regulaciones, y dan cancha libre a la llegada de grandes corporaciones agroalimentarias, que acapararían la mayor parte de la producción.